Farmacéutica y distribuidoras pagarán 26 mil millones de dólares por daños de opioides en EU
La empresa farmacéutica Johnson & Johnson y tres grandes distribuidoras acordaron pagar 26 mil millones de dólares por su papel en la crisis de opioides en Estados Unidos para cerrar con acuerdo casi cuatro mil demandas presentadas por autoridades estatales de ese país y miles de gobiernos locales por la crisis de los opioides.
La crisis de los opioides, que ha causado más de 500 mil muertes por sobredosis en Estados Unidos en los últimos 20 años, desencadenó una oleada de litigios en el país por parte de las víctimas directas y de muchas comunidades (ciudades, condados, estados). Johnson & Johnson, Amerisource Bergen, Cardinal Health y McKesson anunciaron los acuerdos en julio del año pasado, pero la ejecución dependía de la participación de una masa crítica de gobiernos estatales y municipales.
Estas empresas “no sólo prendieron la mecha, sino que alimentaron el fuego de las adicciones a los opioides durante más de dos décadas. Hoy, estamos haciendo responsables a estas empresas e inyectando decenas de miles de millones de dólares en comunidades de todo el país”, señaló en un comunicado la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.
Los fondos irán a gobiernos estatales y municipales del país, y nada directamente a las víctimas de la adicción a los opioides o sus herederos, pero la mayor parte se usará para afrontar la epidemia. De los 49 estados demandantes, 46, además del distrito de Columbia, y 90 por ciento de las comunidades demandantes han aceptado los términos del acuerdo, comunicaron las empresas.
Los estados de Alabama, Oklahoma y Washington no aceptaron el convenio, mientras Virginia Occidental resolvió por separado. En conjunto, estos pagos son los más altos hasta la fecha entre los numerosos casos judiciales relacionados con medicamentos analgésicos que se han desarrollado en el país. Se espera que el fondo financiero ayude significativamente a los esfuerzos para contrarrestar la crisis, que ha devastado muchos lugares, incluso rurales.
Al cumplirse el plazo para que las farmacéuticas anunciaran si consideraban que suficientes gobiernos se habían comprometido a participar del acuerdo y renunciar al derecho de demandar, las cuatro compañías notificaron a los gobiernos que se había alcanzado el mínimo requerido, lo cual significa que los fondos empezarían a llegar a las poblaciones en abril.
James Williams, responsable jurídico del condado de Santa Clara, en California, señaló que ocho años atrás denunciaron la agresividad de los fabricantes para incitar al consumo de opioides, que llevaba al abuso. El objetivo era responsabilizar a las farmacéuticas de sus actos y recuperar dinero. Según Williams, por la crisis de los opioides, el condado tuvo que gastar más en sus hospitales, programas de salud mental, servicios sociales, ayuda a las personas sin hogar, por ejemplo.
Si tantas entidades decidieron dar la batalla, fue en parte para no repetir lo que sucedió con el tabaco. Tras un acuerdo en 1998 con las grandes tabacaleras, éstas se comprometieron a pagar unos 246 mil millones de dólares a lo largo de 25 años. Menos de 3 por ciento de estos fondos sirven para financiar programas para prevenir el tabaquismo o ayudar a dejar el tabaco, calcula la Campaña para Menores sin Tabaco. La mayoría del dinero va a parar a los presupuestos generales, para construir carreteras.
Nunca tendremos dinero suficiente para curar inmediatamente este problema, afirmó Joe Rice, uno de los abogados principales que representaron a los gobiernos locales. Lo que tratamos de hacer es dar a muchas poblaciones pequeñas la posibilidad de cambiar algunos problemas. Kathleen Noonan, directora de la Coalición de Proveedores de Cuidado la Salud, planteó crear albergues de atención a los adictos sin techo.
¿Será suficiente el dinero pagado? Nunca compensará la muerte de las personas en el país a causa de los narcóticos, dice Williams. Y los miles de millones de dólares previstos en los acuerdos representan poco en comparación con las necesidades, agrega.
Usuarios que se hicieron dependientes o sus familiares, también emprendieron acciones judiciales individuales, pero las compañías respondieron que la culpa era de los toxicómanos y su punto de vista prevaleció. Pero en nombre del interés público, las colectividades han tomado el relevo.
Los jueces y el big-pharma
En noviembre de 2021 el Tribunal Supremo del Estado de Oklahoma anuló un fallo contra el gigante farmacéutico Johnson & Johnson por el que estaba obligado a pagar una multa de 465 millones de dólares impuesta en 2019 por la crisis de los opioides vivida en Estados Unidos. Era el primer juicio civil contra un laboratorio de Estados Unidos relacionado con los opioides, potentes analgésicos derivados sintéticos del opio.
La sentencia de 2019 alegaba que las compañías que anunciaron, vendieron y distribuyeron opioides inundaron las comunidades con miles de millones de pastillas para paliar el dolor, que convirtieron en adictos a miles de personas y provocaron sobredosis. El juez estableció la cifra de 465 millones a pagar por la empresa como la cantidad necesaria para costear durante un año programas destinados a remediar la crisis de adicciones.
El Estado llegó a reclamar en un principio hasta 17.000 millones de dólares de indemnización correspondientes a 20 años de financiación de estos programas. “Con esta decisión”, redacta en el fallo el juez James R. Winchester del Supremo de Oklahoma, “no minimizamos la gravedad del daño que miles de ciudadanos de Oklahoma han sufrido debido a los opioides”.
“Johnson & Johnson no promueve más la prescripción de opioides y no lo ha hecho en varios años”, desde el 2015, escribió el juez Winchester. “Incluso con las prácticas de marketing de J & J, estos medicamentos representaron menos del 1% de todas las prescripciones de opioides en Oklahoma”. Del 2007 al 2017, más de 4.600 personas murieron en Oklahoma por sobredosis de opioides, según estadísticas de ese estado.
El fallo se produce una semana después de que un juez en California fallase de manera provisional a favor de las grandes compañías farmeúticas en una demanda presentada por varios gobiernos locales que buscan miles de millones de dólares para cubrir los gastos de la epidemia de opioides en el país.
Según el juez de la Corte Superior del condado de Orange, Peter Wilson, los gobiernos locales no lograron demostrar que las compañías farmacéuticas recurrieran a publicidad engañosa para aumentar las recetas innecesarias de opioides y causar un perjuicio público. “No hay pruebas que demuestren que el aumento de las recetas no fue resultado de una necesidad médica adecuada de proporcionar analgésicos a los pacientes que los necesitaban”, escribió el magistrado en un fallo de más de 40 páginas.
Actualmente, hay juicios en curso en Nueva York y California que incluyen a compañías como Teva y Allergan, mientras que las grandes cadenas de farmacias están pendientes del inicio de procesos en su contra en los próximos meses. Mientras, otras compañías como Purdue Pharma, una de las mayores responsables del problema de los opioides como fabricante del popular producto OxyContin, se han declarado en bancarrota para hacer frente a las enormes cantidades de dinero que se les reclama.
En 2020, según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, murieron más de 93 mil personas por sobredosis de medicamentos, un incremento del 30% sobre la cifra del año anterior, que ya había sido un récord. De esas muertes, 70 mil se atribuyeron a sobredosis de opioides.
*Integrante del Observatorio de Estudios Macroeconómicos (Nueva York), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)