FIESTAS, GLORIA, SANGRE Y OFENSAS

«Lamentamos y desaprobamos nuevamente que un grupo de mapuche se haya tomado el nombre de todo nuestro pueblo para rendir homenaje a las mismas instituciones que ejecutaron sometimiento y genocidio contra nuestros pueblos durante el siglo XIX». Con estas palabras, José Llancapán, consejero mapuche urbano ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) se refirió a la polémica participación –el 19 de septiembre de 2006– de un grupo de representantes mapuche en el desfile militar realizado en la elipse del Parque O’Higgins, en la capital chilena.

A juicio de Llancapán, la presencia de agrupaciones mapuches en el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas, causa «vergüenza, de la misma forma que el aprovechamiento de esta situación por las fuerzas armadas chilenas nos causa hondo rechazo».

No es primera vez que el dirigente, representante de los indígenas de la Región Metropolitana ante el consejo del organismos indigenista, alza la voz ante este tipo de «espectáculos», como los calificó. Ya en septiembre del año 2003 había entregado una carta a la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, desaprobando el hecho. En dicha ocasión «se anunció públicamente que el Ejército chileno no volvería a repetir el desfile de mapuche en las paradas militares, pero nuevamente se ha repetido», indicó.

«En realidad, esperaba que la situación de años anteriores no se repitiera hoy y que se tomara en cuenta la opinión de los que nos hemos opuesto a esta acción desde ocasiones anteriores. Es inaceptable e impresentable que un grupo mapuche rinda honores al mismo Ejército del Estado chileno que mató, violó y robó impunemente al pueblo que aquellos dicen representar», señaló Llancapán, agregando que las Fuerzas Armadas chilenas «no han sido capaces de pedir perdón hasta el día de hoy, por aquellos crímenes que hacen de la mal llamada ‘Pacificación de la Araucanía’, una mancha en la historia de Chile».

«Estos crímenes sólo fueron una fase del genocidio de larga duración que ha sufrido nuestro pueblo desde 1536. Su brutalidad fue renovada por las mismas Fuerzas Armadas desde agosto de 1973, cuando se reiniciaron los actos de genocidio y etnocidio de antes, durante y después del golpe de estado de 1973. Luego vino la contrarreforma agraria, la entrega de tierras mapuche a latifundistas y transnacionales, y culminó el etnocidio con el Decreto-Ley 2.568, inconstitucional por no existir constitución a la fecha de su dictación, y no derogado hasta el día de hoy en los 16 años de los gobiernos llamados democráticos», enfatizó.

«La Concertación por la Democracia, el gobierno de Ricardo Lagos –en el cual se instituyó este desfile de mapuche en homenaje al ejército– y todos los poderes del Estado de Chile siguen en deuda con los pueblos indígenas, al no dar el paso al reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios. Pero reconocimiento digno y no del modo que se nos quiso dar hace poco tiempo en una fallida reforma constitucional que nosotros mismos rechazamos por ineficaz», recordó Llancapán.

«Ejército sin honor»

El desfile militar se realiza en Santiago de Chile cada 19 de septiembre para celebrar las glorias del ejército, siendo su primera versión el año 1915. La «Parada Militar» se instauró como un ejercicio castrense llamado «despejes», al cual acudía el Presidente de la República y los ministros. Diego Portales presidió la primera revista militar el 18 de septiembre de 1832. Pero no fue hasta el año 1896 que se realizó en el Parque Cousiño (Hoy Parque O’Higgins). Finalmente, en 1915 el presidente Ramón Barros Luco instauró el 19 de septiembre como el «Día de las Glorias del Ejército».

Este año, por primera vez en la historia de Chile, el tradicional desfile fue encabezado por dos mujeres: la Presidenta Michelle Bachelet y la ministra de Defensa Vivianne Blanlot, quienes fueron acompañadas por invitados especiales como los comandantes en jefe de los ejércitos de Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Desde la tribuna de honor ubicada en la elipse, Bachelet saludó el desfile de los 3.141 efectivos del Ejército, 1.188 de la Armada, 1.140 de la Fuerza Aérea y 1.205 de Carabineros, además de numeroso material bélico, entre ellos el paso de una cuadrilla de aviones caza F-16 adquiridos recientemente por Chile a Estados Unidos y Holanda. El tradicional desfile contempló además el paso de la Compañía Histórica del regimiento reforzado Nº 7 Chacabuco, cuyos efectivos desfilaron con el uniforme que ocupaba el Ejército chileno en los tiempos de la Guerra del Pacífico (1879) y la posterior ocupación militar del Territorio Mapuche (1881) en la zona sur del país: Pantalones rojos, chaqueta azul, kepí francés, uniforme de «triste recuerdo» para nuestros pueblos, a juicio de Llancapán.

En este marco de «glorificación» de las gestas militares chilenas, fue que se realizó el polémico desfile de un grupo de representantes mapuche, en su mayoría vinculados al oficialismo y la derecha política, lo que indignó al consejero Llancapán. «Los mapuche y otros indígenas urbanos que rinden homenaje a las fuerzas armadas chilenas, en Santiago y otras localidades, realizan actos como éste a mero título personal, ya que no representan en forma alguna el sentir de nuestros pueblos. No se ha buscado el parecer de nuestras organizaciones, se ha hecho a espaldas de nuestros dirigentes. Solo podemos suponer que estas acciones buscan compensaciones de tipo personal, conseguir espacios de poder o recursos materiales», indicó.

A juicio del dirigente, «no es legítimo argumentar que mediante estos homenajes nuestro pueblo se hace presente en un espacio de honor de la chilenidad. Desde 1810, ese espacio de honor se perdió durante la llamada «Guerra a Muerte», luego con la «Pacificación» y recientemente, en 1973, por el «Pronunciamiento Militar» con el cual se nos implantó el neoliberalismo a sangre y fuego. No hay honor en rendir homenaje a una institución cuyos crímenes de guerra (condenados por convenciones internacionales y que afectaron a chilenos, mapuche, aymara, etc.) hayan sido cometidos a título personal o en ejercicio de la función institucional, siguen impunes hasta el día de hoy», enfatizó.

«Hablo con la verdad, me baso en los informes de las comisiones Rettig, Valech y de Verdad Histórica y Nuevo Trato, y pido cumplimiento de las recomendaciones de esta última, tal como lo hice como comisionado al presentar mis objeciones junto a otros hermanos de mi pueblo. Para nosotros, los indígenas que habitamos el territorio ocupado por el Estado de Chile, no ha habido la misma transición democrática que otros pueden celebrar. Los crímenes contra nuestros pueblos siguen impunes, no ha habido reparación, las fuerzas armadas y de orden no han desarrollado iniciativas de conciliación y reparación, por lo que no es digno que indígenas les rindan homenaje por sus actos bélicos.

«Podremos hablar de reconciliación cuando haya habido verdadera reparación a la usurpación de las tierras antiguas, los espacios ancestrales de los que nuestros antepasados fueron arrojados tras el fin de la invasión de 1860-1883. Cuando se hayan esclarecido los crímenes que ensangrentaron las tierras y aguas indígenas entre 1973 y 1990. Cuando los aymara, chilenizados a fuerza de corvo y fuego, hayan sido debidamente reparados y dignificados. Cuando la isla y el pueblo Rapa Nui, anexado por la marina al Estado en 1888, deje de sufrir vejámenes contra su tierra y su cultura. Cuando quechuas, collas, diaguitas y pewenche puedan ocupar sus tierras cordilleranas sin ser lanzados por los megaproyectos de las transnacionales», finalizó.

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* Periodista.

Addenda
LA DISCRIMNACIÓN SE ESCRIBE CON SANGRE

Menos de un mes antes de la conmemoración de la independencia de España en el siglo XIX fuerzas policiales causaron la muerte, a disparos, de un lonko –jefe familiar– enn el sur de Chile.

La violencia física y verbal ejercida contra la población mapuche y la presencia permanente de fuerza pública en sus comunidades ha sido denunciada por diversos informes relativos a la realidad del pueblo mapuche en los últimos años, entre ellos el del Relator de la ONU para los derechos indígenas Rodolfo Stavenhagen (2003) y el de Human Rights Watch (2004).

José Aylwin*

La prensa ha informado de la muerte del lonko mapuche Juan Collihuín, de 71 años de edad, y de las lesiones provocadas a sus dos hijos Juan y Emilio Collihuín, ocurridas el lunes 28 de agosto pasado como consecuencia de la actuación abusiva de carabineros en el predio de su propiedad, ubicado en el sector Bollilco Chico en la comuna de Nueva Imperial.

Los hechos se produjeron a tempranas horas de la madrugada, en circunstancias que dos efectivos de carabineros realizaban un operativo policial, sin orden judicial, en búsqueda de animales robados en el predio de la familia Collihuín. Los disparos que provocaron la muerte del lonko fueron realizados por carabineros, luego de que la familia Collihuín les negara el ingreso a su predio, y sin que mediaran acciones que pusieran en peligro la integridad de los policías.

Los hechos, que han provocado la reacción de los mapuche y de las organizaciones de derechos humanos, se producen solo tres días después de un brutal allanamiento policial en contra de la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, el día viernes 25 de agosto, sobre los cuales lamentablemente los medios de comunicación han informado de manera totalmente tergiversada y contraria a los intereses indígenas.

En la ocasión, un numeroso contingente de carabineros, como consecuencia de un robo de animales ocurrido en el predio de un agricultor del sector cuya autoría se desconoce, hizo entrada a ella en momentos en que sus integrantes se encontraban reunidos con autoridades mapuche y visitas del extranjero para preparar un informe relativo a la grave situación de violaciones de derechos humanos que han vivido en los últimos años.

Carabineros, que se trasladaba junto a un fiscal del Ministerio Público en tres buses, una tanqueta y varios vehículos de la policía civil, ingresó por un camino vecinal a esta comunidad en circunstancia que los animales robados, parte de los cuales muertos, se encontraron en el sector de Chacaico, y que bien pudieron haber emprendido el regreso a Ercilla por el camino más corto sin pasar por la comunidad.

Al ver a la comunidad reunida, las fuerzas policiales comenzaron a disparar indiscriminadamente bombas lacrimógenas y proyectiles –cascos de 9 mm fueron encontrados en el sitio– en contra de los allí presentes, incluyendo niños y mujeres, quienes que se dispersaron del lugar como consecuencia del gran contingente policial. Cabe señalar que, en lo que va corrido del año, esta comunidad, cuya historia de lucha por sus derechos territoriales es conocida, ha sido allanada en cuatro oportunidades por carabineros, todas ellas con graves consecuencias para la integridad física y síquica de las familias que allí viven.

Frente a tales acciones la comunidad ha presentado dos recursos de amparo a la justicia, los que han sido denegados. Sus dirigentes han presentado además dos cartas al ministro del Interior Belisario Velasco, la primera del mes de julio pasado y la segunda a comienzos de esta semana, denunciando estos hechos, solicitando ser escuchados, la investigación de la violencia policial en su contra, así como la sanción de quienes resulten responsables.

Se trata de peticiones esenciales en un sistema democrático, que de manera incomprensible, no han tenido respuesta alguna de parte de dicha autoridad, a la que no solo le compete garantizar la convivencia social y los derechos de los ciudadanos, sino también velar por el adecuado funcionamiento de la institución policial.

Es pertinente recordar aquí también el caso del menor mapuche Alex Lemún, quien falleciera el año 2002 en un enfrentamiento con carabineros y como consecuencia de un impacto de bala disparada por un mayor de esta institución; caso que no sólo fue derivado a la justicia militar y que sigue en la impunidad hasta la fecha, sino también respecto del cual nunca se desarrolló una investigación administrativa para asegurar el cumplimiento de los reglamentos policiales relativos al uso de armas de fuego.

La violencia física y verbal ejercida contra la población mapuche y la presencia permanente de fuerza pública en sus comunidades ha sido denunciada por diversos informes relativos a la realidad del pueblo mapuche en los últimos años, entre ellos el del Relator de la ONU para los derechos indígenas Rodolfo Stavenhagen (2003) y el de Human Rights Watch (2004).

Dichos informes constatan que, trascurrida más de una década del término del régimen militar, los tribunales militares siguen ejerciendo competencia para conocer de hechos abusivos, tales como la tortura, el homicidio o el uso injustificado de la fuerza cometidos durante actos de servicio o en recintos militares. Señalan además que, dada la falta de imparcialidad de estos tribunales, la gran mayoría de las denuncias en contra de carabineros por delitos en contra de personas mapuche han quedado en la impunidad.

El informe de Human Rights Watch constataba además que carabineros no contaba con ningún mecanismo para vigilar el respeto por las normas de derechos humanos durante las operaciones policiales en las zonas afectadas por conflictos de tierras. A fin de abordar esta realidad, proponía al gobierno adoptar entre otras medidas:

• “Curse instrucciones estrictas a Carabineros para que traten a los miembros de estas comunidades con respeto y sancionen severamente el uso injustificado de la fuerza o cualquier abuso verbal o comentario racista por parte de agentes de policía.

• Realice una revisión de los procedimientos operativos y las reglas de intervención de la policía durante operaciones en áreas conflictivas, especialmente con respecto al uso de la fuerza letal. Estos procedimientos deben basarse en las normas internacionales relevantes, tales como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y el artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

• Considere el establecimiento de una oficina de derechos humanos en las regiones de Bío Bío y la Araucanía bajo el auspicio de Carabineros para tramitar quejas contra la policía y establecer un diálogo con las comunidades mapuche. Los miembros de esta oficina deben participar como observadores durante misiones policiales, con total garantía de independencia.

• Recomiende a la Dirección General de Carabineros que publique periódicamente los resultados de las investigaciones internas sobre prácticas abusivas por parte de agentes de policía y las medidas adoptadas.

• Proponga leyes para el establecimiento de una Defensoría del Pueblo en materia de derechos humanos como se contempló en el programa electoral de 1989 de la coalición gobernante”.

Es hora entonces que las autoridades de gobierno intervengan frente a esta realidad, impidiendo la prolongación de una conducta evidentemente discriminatoria en contra de los mapuche que sigue provocando hecho evitables, como la muerte del lonko Collihuín.

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* Abogado, co-director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Ambos artículos publicados en el periódico Azkintuwe (www.azkintuwe.org).