FUJIMORI Y LA EMIGRACIÓN PERUANA

Ciertamente, esta responsabilidad es más difusa y menos notoria que la que le cabe en crímenes contra la humanidad y delitos de malversación de fondos públicos, pero constituye un “crimen social”, contra los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de su pueblo, que no por compartida con otros –antes y después de él–, ni por entroncar con un proceso a nivel global, ni porque haya algunos emigrados que la nieguen (¿no es este apoyo de algunos de los propios dominados y perjudicados algo distintivo de las dictaduras?), deja de ser grave e histórica.

Reclaman entonces su lugar en la memoria colectiva, las realidades objetivas que describen esta responsabilidad. Más allá de las tendencias subyacentes más amplias y generales, referidas al constante crecimiento demográfico y la expansión constante de la fuerza laboral –a un ritmo de 300 mil nuevos jóvenes trabajadores sumados a la PEA de 12 millones–, es en el período entre 1980 y 1990 que surgen las primeras manifestaciones de una movilidad poblacional masiva, fundamentalmente compelida por el agravamiento progresivo de una crisis social integral.

Informe de situación

La presidencia de Alan García termina en 1990 con una inflación récord por encima del 7.000%, una desatada violencia social, política y terrorista, enfrentada por medio de una “guerra sucia” de las FF.AA., que sólo en una década desplazó alrededor de medio millón de campesinos de sus zonas rurales a las ciudades, con el consecuente colapso social y de infraestructura en estas últimas. Constituyéndose esta migración interna de desplazados/as –todavía hoy, cerca de 60 mil–, en antecedente y condición para la posterior migración externa. Contexto en el cual había, ya para el año 1988, 900.000 emigrados/as peruanos en el exterior, principalmente en EEUU, y 1.100.000 para el año 1992.

La crisis política será resuelta dictatorialmente, a partir del 5 de abril del año 1992, por un autogolpe militar, encabezado por A. Fujimori –electo dos años antes–, quien militarizará el país, reducirá al mínimo la amenaza subversiva y terrorista y terminará con la independencia de los medios de prensa y de los poderes legislativo y judicial.

Conjuntamente, se produjo una serie de climas sociales y mediáticos, legislaciones especiales, de carácter draconiano y hechos de carácter represivo y terrorista de Estado contra la subversión política, extendido crecientemente a la izquierda y la oposición al régimen en general, a lo cual se sumó la sectaria conflictividad mostrada entre la totalidad de los sectores políticos de la izquierda peruana. Esto generó la aparición de cientos y luego miles de perseguidos políticos peruanos que, vía ACNUR, obtuvieron la calidad de refugiados políticos en diversos países.

Economía. En lo económico, implementará un drástico ajuste inspirado en fórmulas de política económica agrupadas bajo el rótulo de “neoliberales” conocido como “fujishock”. Muy esencialmente, ellas implicaron: el recorte del Estado, entonces principal empleador en el país, y de las políticas de protección social, en particular las laborales; apertura drástica del mercado a finanzas y mercancías extranjeras, que trajo el quiebre de miles de industrias nacionales; encarecimiento de productos y servicios y drástica baja de los salarios reales a favor de las ganancias y rentabilidad de capital de los grandes empresarios privados, especialmente norteamericanos, españoles, japoneses y chilenos.

Normativas especiales hicieron aún más intensa esta situación para los jóvenes incorporados al mercado laboral. Se permitió la celebración de convenios de formación laboral juvenil y prácticas profesionales para personas entre los 16 y 25 años de edad, posibles de ser contratados hasta por 3 años, sin estar protegidos por el derecho laboral, ni tener ningún derecho sindical. Las empresas llegaron a contar con hasta un 40% de estos trabajadores “especiales” en su plantilla (DL Nº 728 de 1995); estas y otras normativas, condenadas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, fueron derogadas en el año 2003 (Ley Nº 27912).

Un informe del año 1996 –año de inicio del alza de la inmigración peruana en países como Chile y Argentina– sobre la situación del mercado laboral de Perú, señalaba: “Sin empleos adecuados, con bajos salarios e ignorados como trabajadores, los jóvenes peruanos ejercen en realidad una ciudadanía de segunda clase” (Huamán & Mora 1997).

Derechos Humanos, corrupción

Junto a la crisis socioeconómica, particularmente expresada en un alto desempleo y subempleo, se presentaron también la violación masiva y flagrante de los Derechos Humanos y la corrupción generalizada de la cúpula política, militar y empresarial. Todas las cuales terminaron por generar una aguda crisis, catalizada por el intento de re-elección fraudulenta del dictador por segunda vez consecutiva, la que culminó en el año 2000 con su fuga a Japón, el procesamiento de varios de sus colaboradores y el encarcelamiento de algunos de ellos, dejando un índice de más de la mitad de los peruanos desempleados o subempleados, con la mitad de la población en pobreza y la mitad de ese porcentaje bajo la línea de miseria.

El Sistema de Información sobre Migración Internacional de los Países de la Comunidad Andina (SIMICA), establecía ya en el año 1998 los efectos de ese deterioro sobre la movilidad, señalando que el volumen de peruanos/as emigrantes, sólo al resto de países de la comunidad, es decir, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, era más de cuatro veces superior al de los inmigrantes en Perú provenientes de dichos países. Convirtiéndose claramente en un país “expulsor” en el área de la Comunidad. Situación que, como señalaba el antropólogo peruano Teófilo Altamirano en 1966, era ya extensible al ámbito mundial en general: “La cantidad de peruanos que residen fuera…equivale al 6% de la población total y superior al promedio mundial que es de 2% (…) hay peruanos prácticamente en todos los países del mundo”.

El ritmo de salida prácticamente duplicó la cantidad de emigrados en cada década, desde 1980, y alcanza hoy el 10% de su población, mientras la media mundial está entre el 3 y 4%. Si en el año 1990, último del gobierno de Alan García, emigraron 90.000 ciudadanos peruanos, sólo en el año 2000, último del gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, 10 años después, emigraron el doble de aquella cantidad: 185.000. Totalizando hoy día alrededor de 2.700.000. Según informes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Perú para el año 2002, más de la mitad se encontraban indocumentados/as.

Mientras, Fujimori, entre los años 1990 y 2000, sólo por la educación de sus hijos, pagó un millón de soles anuales, mientras sus ingresos anuales sólo fueron de 150 mil soles en el mismo perÍodo (76 mil como Presidente y 74 mil como catedrático cesante); pero no sólo eso, además, se permitió la compra del canal de cable CCN con fondos de las FFAA; pago a su publicista político personal Daniel Borobio, a través de ordenar la cancelación por parte del SUNAT de la deuda tributaria de cerca de dos millones de soles de la empresa publicitaria de éste; “indemnizó” por 15 millones de soles a su “asesor” Vladimir Montesinos –cuyos propios robos personales rivalizan con los de su “jefe”–, poco antes de la fuga de éste a Panamá; compró congresistas “tránsfugas” de la oposición (probada incluso con videos, como en el caso Kouri); y robó donaciones de Japón para pobres damnificados por un terremoto (lo que fue denunciado por su propia –entonces– esposa); entre numerosos otros casos aún en proceso.

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* En el periódico digital Por la libre (www.porlalibre.org).

Addenda

¿Planificando la huida?

(Redacción). El lunes nueve de enero en horas de la tarde se conoció en Santiago de Chile, donde Alberto Fujimori se encuentra detenido y sometido al proceso de extradicción solicitado por las autoridades del Perú, el temor del abogado de Estado peruano en el sentido de que el ex presidente esté planificando su fuga en caso que obtenga el beneficio –posible– de libertad provisional mientras se tramita la solicutd de Lima.

El ex gobernante huyó de Perú en 2000 y se refugió durante cinco años en Japón, donde se le concedió –algunos sostienen recuperó– la nacionalidad japonesa. En noviembre, a bordo de un avión privado, realizó una escala técnica en México, sobrevoló Perú y aterrizó en Santiago, ingresando al país curiosamente inadvertido tanto por la policía como por el servicio de extranjería, pese a que había una orden de capura internacional en su contra emitida por INTERPOL.