García Linera y Bolivia: El punto de bifurcación es un momento en el que se miden ejércitos

Maristella Svampa, Pablo Stefanoni, Ricardo Bajo*

La siguiente es una entrevista realizada al vicepresidente boliviano, Álvaro García Lineras sobre la realidad y los desafíos que enfrenta el gobierno popular de Evo Morales y la construcción  de una nueva nación en medio de fuertes resistencias de los grupos de poder oligárquicos.

¿Cómo explica el debilitamiento de la oposición después de más de dos años de pruebas de fuerza?

-El gobierno del presidente Evo vio a la Asamblea Constituyente como la posibilidad de armar un gran ensamble colectivo de todas las fuerzas sociales del país. Nos metimos de cabeza en este proyecto pactista. Internamente al seno del pueblo, había que cohesionar al bloque popular, con muchas dificultades, porque había mucha diversidad corporativa, y luego había que dar como siguiente paso la apertura hacia los otros sectores sociales opositores, minoritarios pero importantes.

Y en ello dimos muestras de voluntad de flexibilizar posiciones políticas, de ceder en demandas e incluir a todos. Pero el bloque social opositor había definido una estrategia de bloqueo o suspensión constituyente, esto es de irresolución de la estructura de poder, y optó por el rechazo a los pactos constituyentes una y otra vez. Su objetivo consistía en prolongar la crisis de Estado iniciado en el año 2000, debilitando al gobierno a la espera de un momento donde la correlación de fuerzas le fuera favorable para la resolución de la crisis.

Y nosotros aun así insistimos. El debate sobre los llamados “dos tercios” a fines de 2006 fue un primer amague de lo que estaba en juego, y de la decisión de un sector que no estaba dispuesto a aceptar su posición de minoría política democrática. En los dos tercios y en el tema de la omnipotencia de la Constituyente cedimos, fuimos para atrás, pero a la vez, como contraparte, empujamos la consolidación de una mayoría social y política que también se convertía en una mayoría decisoria constituyente.

El segundo gran momento de confrontación fue el tema de la capitalidad de Sucre. Se desenterró un tema centenario, causante de una guerra civil en 1899, como punta de lanza para volver a suspender la Constituyente. Ahí el bloque opositor cívico-prefectural de derecha nos mostró que estaba dispuesto a todo, incluso a poner en riesgo la vida de constituyentes con tal de inviabilizar la posibilidad de un pacto nacional. Y nosotros, frente a ese escenario, volvimos a ofrecer enormes concesiones.

Visto a la distancia, la dirigencia cívica sucrence, que era empujada por atrás por las elites cruceñas, estaba obteniendo una gran cantidad de logros: casi un tercio de las sesiones de Congreso a Sucre, las oficinas del Defensor del Pueblo, de la Procuraduría, quizás de la Corte Nacional Electoral, un con-junto de instituciones que le daban una relevancia administrativa y económica a Sucre, además de una viabilización más rápida de un conjunto de obras de infraestructura. Pero tampoco aceptaron. Y comprobando que no había ningún interés en acordar, sino en antagonizar indefinidamente, es que nos lanzamos ala aprobación de la Nueva Constitucion, primero en la Calancha, en grande, y luego ya en Oruro. Es decir, resolvimos definir por vía de las mayorías constituyentes la estructura del poder estatal.

En esta época usted habló de “punto de bifurcación”.

-Sí, enseguida llego ahí. Pese a todo esto, hicimos un nuevo intento y fuimos a buscar a Rubén Costas, a Leopoldo Fernández a su hacienda, fuimos a buscar a Branko Marin-kovic y, por último, le propusimos a la gente de Jorge Quiroga un proceso de destrabamiento. Ahí, de manera incontrastable, estaba claro que había un sector minoritario que iba a impedir por todos los medios la solución, vía el proyecto nacional-popular, de la crisis estatal iniciada en 2000.

Y claro, nosotros necesitábamos la Constituyente para constituir el nuevo Estado, para anclar en las instituciones y relaciones de mando duraderas del Estado la nueva correlación de fuerzas alcanzadas por el movimiento indígena-popular en el ciclo de movilizaciones de 2000-2005. En el fondo, una Constitución, lo que hace es solidificar una serie de puntos de apoyo irreversibles, de conquistas y mandos alcanzados históricamente por la trama de las luchas de poder de una sociedad. Y la prueba final de esta voluntad confrontacional de la oposición minoritaria de derechas vino cuando se lanzaron a la convocatoria a las consultas departamentales sobre los estatutos autonómicos a realizarse en mayo de 2008. Se trataba de una búsqueda de disputa de facto del poder político regional, de una suerte de poder dual regionalizado o escisión vertical antagonizada de la estructura del Estado. Llegado ahí, no había punto de retorno: la derecha no estaba dispuesta a ser incluida en el proyecto nacional-popular como fuerza minoritaria y dirigida, y optaba por la conflagración territorial.

Lo que es más complicado es la descolonización desde el punto de vista civilizatorio; eso tiene que ver ya con la matriz organizativa y cognitiva de las personas. En el ámbito de la educación, se trata de reivindicar otros saberes, otras construcciones discursivas, no necesariamente escritas, del conocimiento; cómo vamos a lograr eso, es parte de un debate interno en el gobierno; cómo vamos a preservar como patrimonio público lo que está escrito en los textiles (tejidos aymaras), como saber del Estado. Es un debate complicado.

En el área de salud ya se han dado pasos más grandes, por ejemplo colocando junto al médico al “naturista”, o al lado de la enfermera la partera, y la gente puede optar en el centro médico. Es un prototipo de saber y de procedimiento médico que el Estado está comenzando a institucionalizar, aunque no hay aun una reglamentación de este saber local disperso pero que corresponde a otra civilización, no solamente a otra cultura.

Otra lógica de entender lo que es la muerte, la vida, la sangre, la comida. En el ámbito político también hemos avanzado al incorporar la democracia comunitaria comouna de las democracias legítimas en el modo de producción de decisiones del Estado. O la incorporación del control social vía las estructuras sindicales, asociativas, comunitarias, hacia la administración del Estado.

Y en lo económico hemos incorporado, reconocido, fomentado y financiado las estructuras comunitarias como parte del área productiva que tiene que decidir una parte de la inversión del TGN. Se trata de un proceso complejo y largo. Pero ya hemos comenzado a dar pasos decisivos.

“Junto al derecho de las comunidades está el derecho del Estado”

Al escuchar a Evo Morales se advierte un desfase entre sus discursos en defensa de la Pachamama, la tierra y el territorio, más hacia fuera, y un discurso más desarrollista hacia adentro, incluyendo denuncias de las ONGs que promueven una Amazonía sin petróleo ¿cómo lo explica usted?

-Está claro que la lógica productiva campesina y comunitaria se basa en un tipo de racionalidad productiva localmente sostenible con la naturaleza, porque tiene como fundamento una lógica de adelantos y restituciones entre generaciones. Se trata de un hecho material que para garantizar el alimento de los hoy presentes, se lo tiene que hacer preservando las condiciones alimenticias para los que vendrán después, lo que lleva a una lectura dialógica y a un vínculo sostenible a largo plazo con la naturaleza.

La forma como se racionaliza y se verbaliza eso da lugar a la ritualidad dialogante con la naturaleza, en tanto cuerpo vivo al que se le pide permiso, se le pide lo necesario para la reproducción y se devuelve luego y se mantiene ese cuerpo para garantizar a largo plazo este intercambio metabólico entre ser humano y naturaleza. Tomando un concepto de Marx al estudiar la comuna rural en la India en los Grundisses, en la civilización campesina la naturaleza se presenta, entonces, como una externalización orgánica de la subjetividad. Por tanto, tu no puedes destruir tu propio cuerpo a no ser que seas suicida. El movimiento campesino ha defendido y va a defender una forma de uso que hoy llamamos racional de la naturaleza,opuesto a los procesos de depredación propia de la civilización del valor-ganancia.

De ahí que en América Latina en el movimiento indígena-campesino haya habido una construcción discursiva de militante defensa de las potencias de la naturaleza frente a la depredación expansiva de la explotación capitalista. Con el tiempo, esta lógica productiva agraria y campesina devino una lógica política de enfrentamiento con el Estado desarrollista neoliberal. El tema se complejiza cuando los campesinos indígenas, anteriormente excluidos de la ciudadanía y del poder económico, se vuelven bloque dirigente y conducente del Estado y la comunidades devienen en parte del Estado, que es lo que nos está pasando en Bolivia.

Entonces, por una parte, se lleva hacia el ámbito estatal esta lógica de la relación dialogante con la naturaleza; pero a la vez, en cuanto eres Estado, necesitas recursos y excedentes crecientes para atender necesidades básicas de todos los bolivianos, y de los más necesitados, como las comunidades indígenas y populares urbano-rurales. Y ahí, evidentemente, se genera una tensión. Por tanto, tienes que caminar con los dos pies. Expandir como política de Estado la protección del medio ambiente, el uso sostenible dela naturaleza, pero a la vez necesitas producir en gran escala, implementar procesos de industrialización expansiva que te habiliten excedente social para su redistribución y para el apoyo a otros procesos de modernización campesina y comunitaria y artesanal.

En el caso de la exploración de gas y petróleo en el norte paceño, lo que buscamos es producir hidrocarburos para equilibrar geográficamente las fuentes de riqueza colectiva de la sociedad, generar excedente estatal y simultáneamente preservar el entorno espacial en coordinación con las comunidades indígenas. Hoy no estamos abriendo paso en el norte amazónico para que entre Repsol o Petrobras. Estamos abriendo paso en la Amazonía para que entre el Estado.

¿Y quién asegura que el Estado no sea tan depredador como las empresas transnacionales?

-Hay que cuidar que no lo sea. Ciertamente habrá una tensión entre lógica social-estatal de un uso sostenible de la naturaleza, y la necesidad social-estatal de generar excedentes (ganancias) económicas a cargo del Estado. Se trata de una tensión como lo es el “Estado de movimientos sociales”, entre democratización del poder y monopolio de decisiones (movimiento social/ Estado). Hay que vivir con esa contradicción vital de la historia. No hay receta. ¿Es obligatorio sacar gas y petróleo del norte

amazónico de La Paz? Sí. ¿Por qué?, porque necesitamos equilibrar las estructuras económicas de la sociedad boliviana, porque el rápido desarrollo de Tarija con el 90% del gas va a generar desequilibrios a largo plazo. Se necesita, por tanto, equilibrar a largo plazo las territorialidades del Estado. Igualmente, se requiere excedentes económicos para reforzar estructuras comunitarias, para expandirlas, para buscar modos de modernización alternativos distintos a la destrucción de las estructuras comunales, como viene sucediendo hasta hoy. Y a la vez, es necesario impulsar, en acuerdo con las comunidades, una producción hidrocarburífera no depredadora del entorno.

¿Si las comunidades dicen que no, igual el Estado va a entrar?

-Aquí viene el debate, ¿qué ha pasado? Cuando hemos consultado a la CPILAP (Central de Pueblos Indígenas de La Paz), nos ha pedido que vayamos a negociar a Bruselas con su buffet de abogados y que respetemos unos enunciados medioambientalistas publicados por USAID. ¿Cómo es eso? ¿Quién está impidiendo que el Estado explore petróleo en el norte de La Paz: las comunidades indígenas Tacanas, una ONG, o países extranjeros? Por ello, hemos ido a negociar comunidad por comunidad y allí hemos encontrado el apoyo de las comunidades indígenas para llevar adelante la exploración y explotación petrolera. El gobierno indígena-popular ha consolidado la larga lucha de los pueblos por tierra y territorio.

En el caso de los pueblos indígenas minoritarios de tierras bajas, el Estado ha consolidado millones de hectáreas como territorialidad histórica de muchos pueblos de pequeña densidad demográfica; pero junto al derecho a la tierra de un pueblo está el derecho del Estado, del Estado conducido por el movimiento indígena-popular y campesino, de sobreponer el interés colectivo mayor de todos los pueblos. Y así vamos a proceder hacia delante.

*Publicado por le Monde diplomatique, edición boliviana