Una fundación, integrada por exmarines y funcionarios estadounidenses, lidera un plan israelí para entregar ayuda humanitaria.
Una turbia fundación está a punto de sustituir a las organizaciones humanitarias internacionales en la entrega de la ayuda a Gaza, en medio de los planes israelíes para desplazar miles de palestinos y una hambruna que afecta a medio millón de habitantes de Gaza por el bloqueo, ordenada por las autoridades israelíes desde marzo de este año, para presionar a Hamás con el fin de que libere los rehenes israelíes.
El plan incluye que la entrega de ayuda humanitaria sea custodiada por mercenarios de dos empresas lideradas por exmiembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Pentágono y la contratista militar Costellis, heredada de la reconocida empresa de mercenarios Blackwater.
Luego de haber prohibido a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio y bloqueado el trabajo de las organizaciones humanitarias internacionales, Israel vuelve a intentar crear un dispositivo de ayuda humanitaria que tercierice su responsabilidad de asegurar derechos alimentarios en la Franja de Gaza.
Según el abogado Itay Epshtain: “las obligaciones de Israel como potencia ocupante se derivan, entre otros, de los artículos 43 y 48 del Reglamento de La Haya, y del artículo 59 del Cuarto Convenio de Ginebra. Si la totalidad o parte de la población de un territorio ocupado carece de suministros suficientes, debe aceptar planes de socorro, en nombre y en interés de la población palestina —no en su propio interés—, y debe facilitarlos por todos los medios a su alcance. El artículo 59 establece que las actividades de socorro deben ser llevadas a cabo por organizaciones humanitarias imparciales y capaces”.
En el pasado, Israel y Estados Unidos intentaron hacer lo mismo con el armado de un muelle para recibir ayuda humanitaria que iba a ser dirigido por una empresa de exmilitares estadounidense, pero terminó hundiéndose después de haber sido usado para una operación israelí de rescate de rehenes en manos de Hamás. También pretendieron establecer lo que llamaron “burbujas humanitarias” en algunas zonas de Gaza, custodiadas por jefes de clanes de la Franja y contratistas militares israelíes, donde se entregaría ayuda humanitaria luego de que los “beneficiados” pasaran sus huellas dactilares y su rostro por escáneres biométricos para verificar que no fueran militantes de Hamás. La iniciativa estaba dentro del marco del famoso Plan de los Generales, elaborado por militares israelíes, que proyectaba una ocupación permanente del norte de Gaza.
Y fue filtrada a los medios de prensa luego de una llamativa nota en la revista del Pentágono estadounidense del “experto” Omer Dostri, portavoz de Netanyahu desde agosto de 2024. En la publicación se hablaba de que un plan como este podría establecer un régimen colaboracionista que desplazara, de forma permanente, a Hamás y la Autoridad Nacional Palestina de la Administración de Gaza, un objetivo de larga data del gobierno israelí.
Esta vez, el plan no es tan distinto a los anteriores: el gabinete de Benjamín Netanyahu aprobó la entrega de ayuda humanitaria, alimentos y medicinas, a través de la Fundación Humanitaria de Gaza, una entidad registrada en febrero de este año en Suiza. Para ello, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) construyen cuatro puntos de distribución que estarían a cargo de la fundación, según las imágenes satelitales revisadas por el diario Haaretz. Tres de los puntos están detrás del corredor Netzarim que los militares israelíes fortificaron con checkspoints y bases militares para dividir el norte del sur de Gaza.
Según Netanyahu, Israel pretende «crear grandes zonas seguras en el sur de Gaza. La población palestina se trasladará allí por su propia seguridad, mientras nosotros combatimos en otras zonas». Para el diario israelí Haaretz: “los militares israelíes controlarán un perímetro exterior, mientras que contratistas privados asegurarán y operarán un centro de distribución dentro de la zona.
Los expertos humanitarios estiman que entre 2.000 y 3.000 gazatíes cruzarán estas líneas diariamente, luego de pasar por una identificación biométrica y varias filas de soldados armados y contratistas, según la formulación actual del plan”. En su informe “Cartografía de un Genocidio”, Forensic Architecture sostiene que “Israel destruyó el 36% de la superficie de Gaza solo para construir puntos militares y carreteras para su posibilitar una ocupación de largo plazo”.
Por lo que Fundación Humanitaria de Gaza juega un rol clave para apoyar lo que es la reedición de este viejo plan israelí; que se conjuga con los llamados de los colonos extremistas a instalar asentamientos en el norte de la Franja. Según uno de sus documentos internos, “distribuiría 300 millones de comidas en los primeros 90 días”. La organización planea alimentar a los palestinos por 1,30 dólares por comida, cifra que incluye el costo de contratar mercenarios extranjeros para proteger los alimentos y las instalaciones. «La ayuda será distribuida sin consideración de identidad, origen o afiliación. No habrá requisitos de elegibilidad. Las FDI «no estarán estacionadas en o cerca de las ubicaciones de los centros de distribución para mantener la naturaleza neutral y civil de las operaciones», sostiene el documento que habría sido elaborado por el tanque de pensamiento israelí Tachlith.
No está claro el respaldo financiero de la operación, apoyada también por la Administración Trump. Hasta la semana pasada, ningún donante extranjero había aportado fondos, según The Financial Times. Una fuente, consultada por el medio, reveló que un país se comprometió a aportar al menos 100 millones de dólares, pero el dinero aún no se ha materializado. Existe serias dudas si esa compañía es respaldada por algunas monarquías árabes, como Emiratos Árabes Unidos, que en las últimas semanas firmaron importantes acuerdos con Estados Unidos durante la gira de Trump por Medio Oriente. Hasta el momento, Dubái ha negado cualquier adhesión al plan mientras que más de 20 países de Europa y Asia han criticado la iniciativa, entre ellos Reino Unido y Alemania, dos países facilitadores del genocidio en Gaza.
Lo cierto es que la creación de la fundación surgió de un grupo de exfuncionarios de inteligencia y defensa de Estados Unidos y ejecutivos de empresas preocupados por “el desvío de la ayuda por parte de Hamas”, según documentos internos de la propuesta revelados por The Washington Post. “La operación reemplazaría las redes de distribución de ayuda existentes coordinadas por las Naciones Unidas. Los civiles palestinos tendrían que viajar a los centros de distribución y someterse a controles biométricos de identidad para recibir raciones de las ONG. Con el tiempo, según el plan, los palestinos vivirían en complejos vigilados que albergarían cada uno hasta decenas de miles de civiles”, de acuerdo con el diario estadounidense.
Seis meses antes de que Israel y Estados Unidos apoyaran el plan de la organización, un documento interno de 198 páginas planteó las limitaciones que tendría la iniciativa: “al tratarse de una organización completamente nueva sin antecedentes de proyectos o logros previos, la fundación requeriría una estrategia de reclutamiento meticulosa para atraer a organizaciones humanitarias internacionales y directivos destacados que aportaran «su propia reputación en el ámbito humanitario». Por eso, en un borrador interno de la fundación, filtrado por la empresa, aparecen, en su junta directiva y de asesores, figuras como Nate Mook, exCEO de World Central Kitchen, la organización humanitaria del chef José Andrés, y David Beasley, exdirector del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas.
Los dos han negado, a través de comentarios a la prensa, pertenecer a la fundación en un contexto donde tanto organizaciones humanitarias, como las Naciones Unidas, han criticado la iniciativa por no cumplir los principios humanitarios de imparcialidad, neutralidad e independencia. Para la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios: “la propuesta contraviene principios humanitarios fundamentales y parece diseñada para reforzar el control sobre los artículos esenciales como táctica de presión dentro de una estrategia militar. Es peligrosa, además ya que obliga a la población civil a desplazarse a zonas militarizadas para recoger raciones, lo que pone en peligro la vida, incluso de los trabajadores humanitarios, a la vez que afianza aún más el desplazamiento forzado”.
Ante la estampida de personajes relacionados con el mundo humanitario por sus reservas éticas (incluso hasta Tony Blair se desmarcó de la iniciativa), la fundación quedó compuesta en su junta directiva por una multiplicidad de exmilitares, exfuncionarios estadounidenses y figuras desconocidas, como su presidente, David Papazian, antiguo director del Fondo de Intereses Nacionales de Armenia y ejecutivo de la aerolínea de low cost Fly Arna Airlines.
Entre ellos, se destacan personajes como Jake Wood, director Ejecutivo de la fundación, un veterano de la Marina de Estados Unidos que dirigió la agencia de ayuda en casos de desastre Team Rubicon, David Burke, director de operaciones, también un marine retirado colega de Wood en Team Rubicon, John Acree, jefe de Misión quien fue líder de respuesta ante desastres y catástrofes de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el teniente retirado General Mark C. Schwartz, excoordinador de Seguridad de Estados Unidos para Israel y la Autoridad Palestina, Raisa Sheynberg, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales en Mastercard quien, antes, trabajó en la oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro y fue directora del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para Comercio e Inversiones Internacionales durante la Administración Obama.
Uno de los temores iniciales de los organizadores del proyecto fueron las posibles acusaciones de que sus centros de distribución de alimentos y complejos residenciales fueran “’campos de concentración con reconocimiento biométrico”, dirigidos por una organización vinculada con Israel. Al parecer, a pesar de las dudas sobre la capacidad de la “fundación”, el plan sigue en marcha y solo se ha permitido el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, por parte de organizaciones internacionales, hasta que esté en funcionamiento.
La creación de estas “burbujas humanitarias” se remonta a fines de 2023 cuando la unidad del Ministerio de Defensa Israelí a cargo de la
“ayuda a Gaza” comenzó a formular planes para “confinar a los civiles palestinos dentro de zonas seguras mientras las FDI combatían a los militantes de Hamás fuera”. La idea de establecer “sistemas de identificación biométrica para controlar a los palestinos que recogieran la ayuda fue de Liran Tancman, empresario y reservista de la unidad de inteligencia de señales 8200 de las FDI” responsable de desarrollar herramientas de espionaje y uso de la IA para atacar los Territorios Palestinos Ocupados, según The Washington Post.
Un enlace clave para concretar la idea de crear esta fundación fue Phil Reilly, oficial paramilitar retirado de la CIA y exjefe de estación de la agencia en Afganistán, a quien los funcionarios israelíes le comentaron su plan y la intención de que Estados Unidos se involucrara en el liderazgo de la iniciativa para evitar las vinculaciones con Tel Aviv (eso explicaría la enorme cantidad de exfuncionarios estadounidenses en el directorio de la fundación). Por esa razón, la iniciativa fue anunciada el 9 de mayo por Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en Israel de buena relación con figuras pro israelíes como Miriam Adelson, viuda del magnate de casinos Sheldon Adelson, uno de los principales financistas de Netanyahu.
Reilly, quien planificó en las sombras la fundación según Washington Post, es el director ejecutivo de Safe Reach Solutions (SRS) una de las dos contratistas militares a cargo de la seguridad de las “burbujas humanitarias”. La compañía tuvo una presencia en Gaza durante el último alto al fuego entre Hamas e Israel gracias al respaldo de Estados Unidos, Egipto, Qatar y las dos fuerzas beligerantes. Su origen es opaco ya que, en términos patrimoniales, es una empresa fantasma de la firma de gestión Two Ocean Trust LLC con sede en Wyoming, según una investigación del analista Jack Poulson.
Reilly, por su lado, fue vicepresidente sénior de actividades especiales de Constellis, empresa surgida de una fusión de la contratista Academi, antes conocida como Blackwater, y la empresa de seguridad privada Triple Canopy. Su personal está repleto de antiguos tenientes y comandantes del Pentágono estadounidense.
La otra compañía a cargo de la seguridad de la distribución es UG Solutions, fundada por el exboina verde Jameson Govoni, quien «ayudó a establecer un programa de vigilancia para las Fuerzas Especiales del Pentágono que tenía como objetivo enseñar a los soldados de operaciones especiales cómo realizar vigilancia y encontrar células terroristas difíciles de encontrar en todo el mundo».
Govoni «antes de establecer UG, se describió a sí mismo como un degenerado de Boston que se unió al ejército lo más rápido que pudo para infligir dolor a las personas que nos infligieron dolor», según el diario israelí Haaretz. UG Solution, como Safe Reach Solution, participó con contratistas durante el último al fuego y habría pagado a sus mercenarios un total de 1.100 dólares diarios, por encima del salario ofrecido en su tiempo por Blackwater.
El resurgimiento del plan de “burbujas humanitarios”, liderado por estas fundaciones y empresas, es criticado hasta por generales israelíes por considerarlo inviable, según The Washington Post. La paradoja es que mientras el gobierno de Netanyahu acusa a Hamás de atacar los envíos de ayuda humanitaria, los militares israelíes permiten en el sur de Gaza que bandas de narcotraficantes, afiliadas al Estados Islámico (ISIS), saqueen los camiones con alimentos y medicinas que llegan desde Egipto. Incluso, Yasser Abu Shabab, traficante de drogas y líder de pandillas vinculado al ISIS, maneja un puesto de control en Rafah en una zona declarada de “exterminio” por los militares israelíes, según Muhammad Shehada, investigador del Consejo Europeo para las Relaciones Exteriores.
Lo que demuestra una clara coreografía para desestabilizar los envíos de ayuda humanitaria internacionales con el fin de que la iniciativa de las “burbujas humanitarias”, mejor llamadas campos de concentración biométricos, sean la única alternativa posible para los palestinos.
* Ha trabajado en medios como Telesur y publicado en Sputnik, Vice y Télam de Argentina.
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