Giro radical de la agenda de La Moneda y esquirlas políticas tras estallido en Escuela Militar

Si la presión y los ojos públicos estaban hasta ayer en la mañana ante el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, que ha atravesado un momento político débil y que ha sido cuestionado en el mundo empresarial, ese peso está hoy y para las siguientes semanas sobre el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Peñailillo. Es que con lo sucedido toda la agenda programática del gobierno ha quedado eclipsada a un segundo plano y se ha provocado una tensión adicional a esta semana conmemorativa del golpe militar.

Desde la Presidenta Michelle Bachelet para abajo ayer en La Moneda suspendieron sus actividades públicas y se concentraron en la tarde en el despliegue para afrontar las primeras horas, coordinarse con policías y fiscales, visitar a las 10 víctimas que dejó la explosión. La primera reacción fue invocar la Ley Antiterrorista, considerando que en este hecho sí se cumplen los requisitos que establece la propia legislación respecto del objetivo de infundir temor público, tal como se hizo con lo sucedido a mediados de julio con la explosión registrada un domingo en la noche en el metro Los Dominicos.

Pero los hechos fueron diferentes ayer, ya que el artefacto explosivo fue ubicado un día hábil, a la hora de almuerzo en un lugar de alta concurrencia. Y ahí radica la mayor gravedad de los hechos y el impacto público que generó.

En Palacio se comentaba que la Mandataria estaba “muy afectada” –en la noche se confirmó que su madre Ángela Jeria se encontraba en la inmediaciones del metro– y que también estaba profundamente “indignada” con que personas comunes y corrientes salieran heridas.

No es para menos la preocupación de la Mandataria, toda la presión estará centrada en cómo ahora su gobierno marque la pauta en este ámbito, la efectividad de las policías a su cargo para encontrar a los responsables del atentado y, sobre todo, la habilidad para sortear el clima de inseguridad que se ha generado. Por algo anoche, después de la reunión extraordinaria del comité policial, Peñailillo dijo que estaban disponibles todos los recursos necesarios, pero que esperaba resultados cuanto antes, imprimiendo presión pública a las policías y al Ministerio Público.

No es menor la preocupación oficialista por el nuevo escenario que se abre, más aún por las deficiencias que enfrenta en esta área. Es que hace más de un mes en el gobierno se hablaba acerca de que uno de los problemas que existían era que “la ANI había quedado desmantelada” y que hasta ahora había sido nulo su aporte en su tarea de adelantar escenarios y advertir amenazas.

No son pocos los que en el gobierno y el oficialismo consideran que este hecho “abre un escenario complejo” para Bachelet y La Moneda, ya que a la incertidumbre económica que algunos sectores han exacerbado al alero del debate de la reforma tributaria –pronta a ser despachada del Congreso– ahora se debe sumar la sensación de inseguridad y el festín que la derecha ha comenzado a darse con ello.

En la Alianza no se demoraron nada en salir a golpear al gobierno, cuestionar las señales confusas que ha dado en materia de seguridad, considerando que en el caso del conflicto mapuche La Moneda se ha negado a aplicar la Ley Antiterrorista, pero sí la invocó para el bombazo de mediados de julio. Las directivas de la UDI y RN pidieron que el Ejecutivo actúe con “mayor contundencia” y varias ex autoridades de la administración de Sebastián Piñera desfilaron toda la tarde de ayer, cuestionando lo realizado por el gobierno en materia de seguridad estos primeros seis meses de gestión.

En Palacio explicaron que, por lo mismo, ayer Peñailillo intentó rayar la cancha cuando habló de intentos por sacar provecho político de esto y fustigó a los “actores políticos con la calculadora haciendo declaraciones indebidas”. Precisamente salió –agregaron en el gobierno– a poner coto para tratar de frenar a la oposición, consciente que la seguridad es uno de los caballitos de batalla electorales preferidos de este sector y que el escenario actual puede ser fecundo para debilitar al gobierno.

No es menor la preocupación oficialista por el nuevo escenario que se abre, más aún por las deficiencias que enfrenta en esta área. Es que hace más de un mes en el gobierno se hablaba acerca de que uno de los problemas que existían era que “la ANI había quedado desmantelada” y que hasta ahora había sido nulo su aporte en su tarea de adelantar escenarios y advertir amenazas. Precisamente, con el bombazo anterior, el del 13 de julio, en privado se cuestionaba que este organismo no había cumplido sus funciones y no contaba con ningún tipo de antecedentes, razón por la que más de uno en La Moneda considera que lo correcto es que Villalobos al menos debió hacer el gesto de poner su cargo a disposición en ese momento y con mayor motivo ahora.

Hay dos tesis que se manejaban en Palacio anoche sobre los responsables. Una apunta a los mismos grupos anarquistas de siempre y que no sería casual que justo ayer fuera la ratificación de las condenas de Juan Aliste Vega, Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel por el asalto al Banco Security y la muerte del cabo Moyano el 2007.

La Sala Penal de la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de los tres condenados y desde Interior comentaban que existe una línea de sucesos vinculados, que suceden cada vez que hay lautaristas o anarquistas enfrentados a tribunales. Los primeros análisis en el gobierno toman nota de que se habría tratado de una bomba artesanal, que muestra muy poca “sofisticación” en el manejo de explosivos y que refleja la acción de un grupo sin mayor logística.

Sin embargo, hay quienes en Palacio apuntaban a que no se podía eliminar de los análisis la posibilidad de que no se trate de grupos anarquistas de extrema izquierda, sino que precisamente sean de la vereda de enfrente, con el objetivo de hacer daño y desestabilizar.

A pesar de la pausa que generan las festividades del 18 de septiembre, el tema de la seguridad estará latente y condicionando la agenda todo el mes. No hay que olvidar que en La Moneda hace meses se estaba trabajando una reforma a la Ley Antiterrorista, cuyo borrador en Palacio tenían programado que estuviera listo precisamente para esta primera quincena de septiembre, a fin de presentar el respectivo proyecto de ley al Congreso antes de fin de mes. Dicha reforma también involucra cambios profundos al sistema de Inteligencia, que apuntarían no solo a la institucionalidad de la ANI, sino también a una mejor y más eficiente acción de las policías en este ámbito.