Gobierno de Chile: la muerte, ese material prescindible
José Venturelli.*
Probablemente —aunque no es seguro— en Chile algún ministro, "operador" político, 
dirigente, líder de opinión, parlamentario, juez, fiscal, policía, médico de turno, en fin, burócrata o empresario, y puede que algún periodista o "formador" de opinión, quizá el mismo presidente, haya dejado en el plato ayer, hoy o deje mañana un resto de la cena; tal vez al irse a dormir apague la calefacción (el ahorro de energía) o la haya programado para ello. Probablemente. Mientras, hay quienes mueren. Sin duda alguna —dice el médico José Venturelli— la responsabilidad es del gobierno.
Los representantes gubernemtales mintieron al decir que habían cumplido con todo: la Ley anti-terrorista fue usada y se sigue usando.
El ministro de salud, Jaime Mañalic, médico, a pesar de haber estado en la primera huelga y conocer en detalle los problemas y las "promesas" que hicieron, se permitió indicar que en los primeros 50 a 60 días "no había de que preocuparse". Y es lo que hizo.
Ahora que hay riesgo de vidas, él y el gobierno, así como las autoridades de gendarmería "pretenden ser buenos y los grandes salvavidas" del país. El recurso de protección es para impedir que la justa lucha ponga en riesgo la cara política del goberno y de sus empresarios que se benefician con la represión y robos al pueblo Mapuche.
Esto es una farsa porque todo podría haberse evitado si hubiesen cumplido. De haberse preocupado de que sí tuviesen un juicio justo no habría habido una huelga de huelga adicional. Muestran su ausencia total de compromiso democrático.
El gobierno ha mantenido al pueblo mapuche siempre luchando por su excarcelación y nada han hecho por negociar en términos honrados las demandas del pueblo mapuche. Los tratados firmados los han borrado con el codo.
La violencia contra menores, familias y presos ha continuado. Incluso siguen usando la Ley Anti-Terrorista con los menores.
Los convenios contra la tortura, por la protección a la infancia y adolescencia, a la mujer, el Convenio 169 siguen siendo violados.
El gobierno ahora dice que los condenados deben cumplir sus sentencias a pesar de que saben de que no son culpables. Piñera esconde la cabeza en su total incapacidad de gobernar con ética.
El gobierno, desde el presidente, tiene conflictos de intereses que le impiden cumplir promesa alguna. Un gobierno de empresarios, apoyado en la represión a todos los sectores del pueblo, no sabe lo que es cumplir.
El uso de fiscales fundamentalistas y mentirosos, que usan los montajes y la tortura es responsabilidad del gobierno porque debe identificar donde realmente la delincuencia.
Se preparan para asaltar a los presos en huelga de hambre para pretender "salvarlos". Cuando lo hicieron con Patricia Troncoso; hace más de dos años ella fue torturada por el personal en los hospitales de gendarmería. Esa es otra violación para cubrir su propia inmoralidad y que va contra el Código de Ética de la Asociación Mundial Médica y el equivalente del Colegio Médico. Están en el callejón sin salida de la represión. Y lo siguen al más puro espíritu pinochetista.
Sólo la libertad, sin apellidos adicionales, la reparación del daño hecho a presos y comunidades, más el inicio de las negociaciones prometidas sobre los derechos fundamentales exigidos por el pueblo mapuche pueden resolver esta crisis.
Brindemos nuestro apoyo total por la lucha del pueblo mapuche. "Sin defensa no hay justicia" (lema de la defensoría nacional).
* Médico pediatra. Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura
Addenda
Declaración
Los familiares de los presos políticos mapuche en huelga de hambre, comunicamos al pueblo mapuche y a la opinión nacional e internacional lo siguiente.
1.- A 75 días de iniciada esta movilización responsabilizamos al gobierno chileno de todo daño en la salud de nuestros familiares incluyendo, a esta altura, la posibilidad de un desenlace fatal. Responsabilidad que hacemos extensiva a los otros poderes del Estado , al Ministerio Público y la Iglesia Católica, en su calidad de garante, que permitieron que la Ley Antiterrorista se continuara aplicando.
2.- Denunciamos que el gobierno, a través del Ministerio de Salud, no ha brindado las condiciones para el control y monitoreo del estado de salud de nuestros familiares, a quienes tampoco se les ha realizado exámenes para evaluar su real estado. Contando solo con la voluntad del Dr. Juan Carlos Reinao, a quien se le ha hecho caso omiso a sus advertencias, impidiéndole cumplir su rol como profesional de la salud.
3.- Emplazamos al gobierno chileno a señalar cuales fueron las pruebas objetivas que llevaron a sus abogados a la convicción de la culpabilidad de nuestros familiares. Les llamamos a demostrar que ellos no utilizaron la Ley Antiterrorista, como señala el Ministro Larroulet, y que jamás valoraron el testimonio del testigo secreto N° 26 (ex imputado) y el testimonio de oídas entregado por el funcionario de la PDI Sr. Espinoza, después de haber detenido, secuestrado y torturado, por mas de 16 horas, a nuestro familiar Jonathan Huillical. En un país en que se respetan los derechos humanos son los Sres. López Leiva, Espinoza y Agueda, quienes deberían haber sido condenados, no obstante, todos fueron ascendidos.
4.- Señalamos al gobierno chileno como el primer responsable de este conflicto político, en tanto que es el poder ejecutivo quien ha reprimido, militarizado y criminalizado la lucha mapuche, por lo que no pueden venir hoy a lavarse las manos.
5.- Por ultimo, queremos señalar que el objetivo de esta huelga de hambre no termina con la nulidad del juicio de Cañete, por la Corte Suprema, sino con el compromiso del Estado chileno de no seguir aplicando la Ley Antiterrorista a los luchadores mapuche. Esto pasa porque el Ministerio Publico deje de invocar la Ley Antiterrorista y el gobierno deje de querellarse en contra del pueblo mapuche y mantenga la neutralidad que dice tener.
(Firman)
Familiares PPM – CAM