Los programas de ajuste impuestos desde Washington vuelven a estar en el centro del debate, convirtiéndose en uno de los principales motivos de las grandes protestas de los últimos años en países como Kenia, Angola o Nigeria.
Durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado, el continente africano fue uno de los mayores destinatarios de los llamados Planes de Ajuste Estructural diseñados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. El objetivo era combatir la imposibilidad de muchos países de pagar sus inmensas deudas con la imposición de severas medidas para recortar el gasto público, liberalizar sus economías y llevar a cabo privatizaciones masivas. Su impacto fue devastador: aumento de los índices de pobreza y desigualdad y desmantelamiento de los servicios públicos.
Al tiempo que los grandes organismos económicos imponían su voluntad a los gobiernos africanos, las calles de muchos países se convirtieron en el escenario de masivas muestras de resistencia como huelgas generales, manifestaciones o acciones de desobediencia, respondidas a menudo con una severa represión. Tres décadas después, el recuerdo de aquellos años sigue muy vivo en la memoria de muchos africanos y, en medio de una nueva grave crisis de la deuda, los programas de ajuste impuestos desde Washington -sede del FMI- vuelven a estar en el centro del debate, convirtiéndose en uno de los principales motivos de las grandes protestas de los últimos años en países como Kenia, Angola o Nigeria.
Decenas de muertos en las protestas en Kenia
De entre estas, probablemente las de mayor cobertura mediática han sido las ocurridas en Kenia, especialmente cuando las imágenes de parte del parlamento en Nairobi quemado por los manifestantes, consiguieron un espacio en los principales telediarios de medio mundo en 2024. La respuesta del gobierno de William Ruto fue el despliegue del ejército y el uso de munición real para dispersar a los manifestantes.
El motivo de las protestas era la aprobación de un proyecto de ley de finanzas por el que se emitían nuevos impuestos sobre productos básicos como el pan, el aceite, las toallitas higiénicas o los pañales. Para muchos kenianos ya muy afectados por la crisis económica, volvían a ser las personas de menos recursos quienes pagaban los mayores efectos de los ajustes. De entre todas las proclamas y pancartas, una sobresalía sobre el resto: “FMI out of Kenya”.
Según el propio presidente, el objetivo era “sacar a Kenia del borde del catastrófico abismo de la deuda”.
En concreto, gran parte de esta deuda deriva del “programa de reforma” del FMI en 2021 dotado con 2.400 millones de dólares ampliados luego a 3.600, desembolsados en varias fases en función del cumplimiento de las condiciones impuestas. Bajo diversos eufemismos, se trataba de las medidas ya conocidas: subidas de impuestos, recorte de subsidios, control del gasto público y privatizaciones.
Tras semanas de levantamiento popular y una represión brutal con más de 50 muertos, el gobierno keniano se vio obligado a echar marcha atrás en el proyecto de ley. En su lugar, el gobierno keniano optó por un importante recorte presupuestario para compensar los ingresos previstos, así como la reintroducción de algunas de las cargas fiscales previstas en la ley de forma fragmentada en
distintas leyes para ocultarlas del escrutinio público.
Aunque resulta difícil dar datos concretos, la oposición denunció recientemente que hasta el 97% de las disposiciones previstas en la ley de 2024, habrían sido aprobadas en los siguientes meses dentro de distintas legislaciones.
Para el FMI “el rechazo a las medidas de ingresos debido a preocupaciones de gobernanza plantean un desafío a los esfuerzos de consolidación fiscal en curso”. Es decir, por un lado presionaba a Kenia para continuar con los planes de ajuste, y por otro echaba balones fuera al poner el foco de las protestas en el gobierno keniano y no en sus propias exigencias. No le falta parte de razón, pues la violenta respuesta estatal y el retroceso democrático que denuncian muchos kenianos, convirtieron las reivindicaciones económicas en una verdadera revuelta contra el gobierno.
Así quedó demostrado este mismo verano, cuando la detención de un conocido bloguero crítico con el gobierno, encendió todavía los ánimos de cara a las conmemoraciones de la masacre ocurrida un año antes. Decenas de miles de kenianos – muchos de ellos jóvenes convocados por las redes sociales- volvieron a salir a las calles de las principales ciudades. La respuesta de las autoridades kenianas fue igual o más brutal que en 2024, llegándose a contabilizar más de 60 muertos entre los meses de junio y julio.
Como aliado clave de Europa y Estados Unidos en África, las críticas internacionales al gobierno keniano han sido mínimas, limitadas a tímidas declaraciones de preocupación. A pesar de ello, Kenia se ha convertido en un caso paradigmático de la resistencia popular a las exigencias del FMI y en un modelo de cómo estas pueden acabar provocando un profundo cuestionamiento a todo el sistema político.
Angola ha sido este verano otro de los grandes escenarios de esta resistencia a las medidas impuestas por los grandes organismos internacionales. En julio, una huelga de tres días convocada por asociaciones de taxistas y minibuses de Luanda, contó desde el principio con un amplio apoyo popular, extendiéndose a la mayor parte del país y convirtiéndose en una verdadera revuelta contra
el gobierno. Tal como ocurrió en Kenia, las protestas fueron reprimidas con dureza y las mismas autoridades angoleñas reconocen hasta 22 fallecidos en relación con las manifestaciones, cerca de dos centenares de heridos y más de mil detenidos.
La chispa que encendió las protestas fue la decisión del gobierno de aumentar en un 33% el precio del diésel, medida con gran repercusión en los bolsillos del conjunto de ciudadanos. A su vez, sectores como el agrícola o el de los transportes son altamente dependientes de los subsidios a este combustible, los cuales, según el propio gobierno, representan el 4% del PIB. Angola es actualmente el tercer mayor productor de petróleo del continente, y este representa un 95% de las exportaciones y un 60% de los ingresos.
Esto lo deja gravemente expuesto a los altibajos del mercado, por lo que la caída del precio por barril a principios de año castigó severamente su economía y llevó al FMI a rebajar sus perspectivas de crecimiento para el país. “La eliminación de los subsidios es muy importante para asegurar la consolidación fiscal”, aseguran desde este organismo. El país debe aproximadamente unos 3.600 dólares al FMI y el conjunto de su deuda pública alcanza más del 70% de su PIB.
Con el miedo al impago como premisa, el FMI ha puesto el foco sobre los subsidios al combustible desde el 2023, año en el que Angola empezó a adoptar las primeras medidas para subir su precio. Esto ha tenido un espectacular impacto en la economía doméstica de los angoleños, saliendo de forma masiva a las calles durante los últimos años. La imposición de medidas externas refuerza a su vez la sensación de injusticia, pues vuelven a ser los más vulnerables los que pagan las consecuencias de una deuda que muchos consideran ilegítima.
Al mismo tiempo las grandes empresas y las élites relacionadas con el gobierno siguen recibiendo ingentes beneficios procedentes del petróleo, lo que refuerza las desigualdades. Todo ello crea un marco más amplio de descontento social que no se limita a cuestiones económicas puntuales, sino que rechaza todo un modelo de gobernanza liderado por el mismo partido desde 1975 y que perpetúa la concentración de la riqueza en pocas manos.
Un caso muy parecido lo representa Nigeria, donde las políticas de ajuste del FMI también han puesto el foco en los subsidios sobre el combustible. En este caso se trata del mayor productor de petróleo del continente, aunque la eliminación de los subsidios lo ha convertido en un lujo para muchos nigerianos. Los efectos de la medida fueron muy duros para muchos ciudadanos, resultando en un espectacular aumento del coste de la vida y una gran caída de su poder adquisitivo. Las protestas no se hicieron esperar, y gran parte de la sociedad nigeriana salió a las calles durante el verano de 2024. La respuesta fue más de lo mismo, pues, según denuncia Amnistía Internacional, hasta 24 personas habrían fallecido por disparos de la policía.
Situaciones similares se han vivido en muchos países africanos, visibilizándose una situación extremadamente parecida a la vivida a finales de siglo. Las políticas de ajuste son percibidas como una imposición externa y una pérdida de soberanía, sirviendo como catalizador para aglutinar un malestar social generalizado en el que confluyen demandas económicas, de justicia social, democráticas y de hartazgo ante el sistema político. Con una población muy joven y el uso de las redes sociales, las movilizaciones adquieren ahora una fuerza renovada, por lo que habrá que estar atento a su impacto en el conjunto del continente.
*Nacho Ibáñez, graduado en Geografía e Historia y Máster en Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros. Escribo sobre África y Oriente Medio en medios como Descifrando la Guerra, La Directa o África Mundi.
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