Guatemala: Derecho al agua reivindicado

Cuando el Tribunal Latinoamericano del Agua anunció su veredicto contra Montana Exploradora el 12 de setiembre, las poblaciones mayas sipakapenses de Sipacapa y mam de San Miguel Ixtahuacán apenas pudieron contener su alegría.

Desde el 2005, el pueblo maya sipakapense había luchado con uñas y dientes contra Montana Exploradora SA, subsidiaria de la corporación canadiense Glamis Gold Ltd.

 

Montana ha hecho perforaciones en 142 Ha de suelo rocoso en torno a su mina Marlin, en el departamento norteño de San Marcos, ubicada entre los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, para extraer oro y plata. Al final de las operaciones mineras habrá destruido 289 Ha de bosques y contaminado severamente con sus residuos el río Tzalá.

 

Durante la audiencia, en la ciudad colonial de Antigua, la Comunidad Maya Sipakapense, una de las varias partes demandantes, dijo al Tribunal Latinoamericano del Agua que, como consecuencia de la actividad minera, sus pozos se habían secado, por lo cual 10,000 indígenas se habían quedado sin este vital recurso.

 

"Todos los daños de los cuales los expertos advirtieron a los habitantes de San Miguel Ixtahuacán se han realizado: la deforestación, el polvo, la contaminación del agua, pozos secos, la competencia por el agua, y el problema con el almacenamiento de los desechos de la mina", dijo Javier de León, de la Asociación para el Desarrollo Integral San Miguelense (ADISMI).

 

Según la organización ambientalista Colectivo Madreselva, la mina Marlin usa hasta 250,000 litros de agua por hora, mientras que una familia campesina local de San Marcos usa sólo 30 litros al día. Esto significa que la mina usa en una hora lo que una familia local usaría en 22 años o más.

 

"Nuestros pozos se han secado. Antes, hasta 40 personas podían sacar agua de este pozo, pero ahora está completamente seco. Ya lleva seco un año. Seis pozos se han secado", dice Crisanta Emitaria Hernández Pérez, de la localidad de Ajel.

 

Los desechos producidos por la mina son también gran causa de preocupación. A fines del 2006, el biólogo italiano Flaviano Bianchini realizó un estudio sobre la contaminación del río Tzalá para el Colectivo Madreselva.

 

Sus constataciones fueron chocantes. Las muestras que tomó mostraron que el río, que abastece de agua de beber a todo el municipio de Sipacapa, había sido contaminado por ácido. El agua contenía cobre 80 veces el nivel permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 13 veces el nivel permitido de aluminio y 2.5 veces el nivel permitido de magnesio, un grave riesgo de salud para unas 5,000 personas cuya única fuente de agua potable es el río Tzalá.

 

El cobre en particular es especialmente tóxico y puede causar mutaciones de ADN, cirrosis, enfermedades a la piel, pérdida de memoria, crisis nerviosas y otros serios desórdenes.

 

 

En enero del 2007, Bianchini dio una conferencia de prensa para publicar sus constataciones, y poco después empezó a recibir amenazas de muerte, y fue seguido por un vehículo sin placas con ventanas polarizadas.

 

Otro problema de consideración son las explosiones llevadas a cabo en la mina, que han ocasionado enormes grietas en las casas de las localidades vecinas. En Ajel y San José Nueva Esperanza, a unos cuantos metros de la mina, 59 familias han quedado particularmente afectadas.

 

"Las grietas empezaron cuando la empresa ponía unas bombas, o explosiones; sentíamos que la tierra temblaba y allí poco a poco se engrandecieron las grietas de mi casa", dice Hernández Pérez. "Es un gran daño lo que nos han hecho, porque antes de que la empresa viniera nunca habíamos tenido un problema. Teníamos casas sencillas, pero nunca nos pasó nada como esto. Yo tengo miedo, porque a veces pienso que de repente [la casa] va a caer encima de nosotros. Es la única casa que tenemos, no tenemos dónde ir a vivir a otro lado."

 

A fines del 2006, un grupo de habitantes se quejó ante Montana de los daños causados a sus casas, pero la empresa hizo caso omiso de las reclamaciones. "Mandaron un ingeniero y dijo que no era culpa de la empresa, sino por el trabajo de [albañilería] o por los vehículos que pasan".

 

 

El Tribunal Latinoamericano del Agua, organización internacional ambiental independiente creada para resolver conflictos sobre el agua en la región, falló que Montana ha violado el derecho del pueblo indígena a la consulta previa sobre el uso de recursos naturales en sus tierras comunales consagrado en el Convenio 169 de la OIT. El tribunal declaró que "El proyecto minero Marlin es de gran envergadura con significativos riesgos ambientales, sociales y de salud", y responsabilizó a Montana "por los daños ocasionados al ambiente y a la población de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa".

 

Montana Exploradora se negó a asistir a la audiencia, y ha declinado comentar sobre el veredicto del tribunal. Al ser interrogado por la prensa después de la audiencia, Douglas González, gerente de la Gremial de Minas de Guatemala, dijo: "No sólo rechazamos esa resolución, sino que no le damos ningún crédito. En cambio, le damos legitimidad a la institucionalidad del país, ya que el Ministerio Público y el Organismo Judicial dieron un veredicto jurídico de que no existe ni existió contaminación por parte de Montana. Hay monitoreo permanente del río Tzalá, avalado por la Universidad de San Carlos".

 

Pero aunque el veredicto del tribunal no es legalmente vinculante, la comunidad de Sipacapa considera que ha sido reivindicada. Después de tres años de lucha, los sipacapenses dicen que se ha hecho valer un derecho humano fundamental, el acceso al agua de beber segura, por sobre los intereses de la codicia y el lucro.