Jul 14 2023
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Política

Guatemala detiene el lawfare y Bernardo Arévalo va al balotaje

La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala otorgó un amparo al partido Movimiento Semilla en contra de la suspensión de su personalidad jurídica dictada por el juez Fredy Orellana y emitida un día antes por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, con el fin de avanzar a la segunda vuelta presidencial del 20 de agosto, habilitando al candidato progresista Bernardo Arévalo.

Asimismo, el tribunal electoral aseguró que ningún juez ordinario puede detener unos comicios en curso. «Con convicción democrática y como órgano de independencia, el TSE reafirma su compromiso inquebrantable de garantizar y defender el voto como un derecho y un deber cívico inherente a la ciudadanía. Sin respeto al voto no hay democracia», señalaron los magistrados. Arévalo denunció que la suspensión del partido «es un golpe de Estado técnico».

La irrupción de Arévalo en la arena pública de un personaje ajeno a la red de complicidades corruptas, encendió todas las alarmas entre la oligarquía político-empresarial-castrense que maneja al país como feudo privado. Para descarrilar la candidatura de este diplomático e intelectual, se pusieron en marcha campañas mediáticas que intentan presentarlo como un radical e incluso comunista.

Tras la incursión de la Fiscalía General a las oficinas del Registro de Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) indicó que ante cualquier intento de interferir el proceso mediante la judicialización o cualquier otra vía, se asistirá de la vigencia plena del sistema de gobierno democrático reconocido en la Constitución.

Fue el juzgado séptimo penal el que ordenó la suspensión del partido Semilla, el mismo que tuvo a su cargo uno de los casos en contra del periodista José Rubén Zamora Marroquín, preso desde el 29 de julio de 2022, solo cinco días después de criticar duramente al círculo íntimo del presidente Alejandro Giammattei.

El TSE de Guatemala oficializa los resultados de las elecciones presidenciales - LA NACIONEn la primera vuelta de las elecciones presidenciales guatemaltecas realizadas el 25 de junio, el progresista Movimiento Semilla y su candidato presidencial, Bernardo Arévalo, lograron colocarse en la segunda vuelta con 11,77 por ciento de los votos, pese a que todos los sondeos anticipaban la victoria de la derecha oligárquica que se adueñó del país desde el golpe de Estado de 1954.

La derecha acudió a una peligrosa maniobra cercana al golpismo cuando la presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que detuviera la certificación de la primera vuelta, medida que sólo puede dictar el pleno de la SCJ.

En la misma maniobra golpista, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), encabezada por Rafael Curruchiche, instruyó a un juez que suspendiera la personalidad jurídica de Semilla, algo prohibido una vez que arranca el proceso electoral, y llegó incluso al extremo de allanar el TSE para detener la declaratoria de validez de la primera vuelta de los comicios.El exsuperintendente Juan Francisco Solórzano  denunció en sus redes sociales que los agentes que realizaron el allanamiento forman parte de la inteligencia del Estado.Fiscalía de Guatemala allana la sede del Tribunal Supremo Electoral - La Prensa Gráfica

Curruchiche, sancionado por Estados Unidos en 2022 por «obstruir las investigaciones sobre actos de corrupción» y «presentar denuncias aparentemente espurias», indicó que la denuncia obedece a un caso en el que se investiga la falsificación de firmas de unas cinco mil personas que habrían sido afiliadas al partido.

La Unión Europea criticó al fiscal Curruchiche afirmando que «en pleno proceso electoral amenaza a uno de los cimientos básicos de la democracia, el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas». El jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América latina, Brian Nichols, aseguró estar «profundamente preocupado por las nuevas amenazas del Ministerio Público a la democracia electoral de Guatemala».

El actual presidente, Alejandro Giammattei gobernó con una inocultable corrupción, el manejo faccioso de las instituciones, el autoritarismo y una cerril negativa a reconocer derechos de las mujeres, la diversidad sexual y otros grupos vulnerables. Mantiene una relación tensa con Washington  con acusaciones de favorecer a empresas rusas que extraen minerales estratégicos, pero en lo demás se ciñe al perfil de sus antecesores.

Cuando llegó al poder, la FECI lo investigaba por el presunto cobro de sobornos millonarios, pero Giammattei se apuró en remover al titular de esa dependencia, Juan Francisco Sandoval, e imponer en su lugar a Rafael Curruchiche, quien convirtió a la FECI en una agencia de persecución de fiscales, jueces y periodistas que hubieran participado en el combate a las fechorías perpetradas por políticos o empresarios.

Curruchiche y su jefa, la fiscal general Consuelo Porras, completaron el desmantelamiento de la justicia que había iniciado el ex presidente Jimmy Morales, quien cerró la

Rafael Curruchiche y su jefa, la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras.

Rafael Curruchiche y su jefa, la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras.

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, creada con el auspicio de Naciones Unidas para coadyuvar a las autoridades locales en la lucha contra la podredumbre legada al país por décadas de guerra civil y política cupular.

Durante los gobiernos de Jimmy Morales y de Giammattei, se han inventado delitos a quienes denunciaron, documentaron y judicializaron la corrupción, obligados a exiliarse o enfrentar penas de prisión por faltas inexistentes.

La agrupación Semilla nació de las manifestaciones contra la corrupción registradas durante 2015, que terminaron con la caída del gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), actualmente en la cárcel. La elección como presidente de un candidato del progresismo constituiría un quiebre luego de tres presidencias sucesivas de la derecha: Otto Pérez, Jimmy Morales (2016-2020) y el aún mandatario Alejandro Giammattei, quien debe dejar el mando en enero de 2024.

Los acontecimientos dejan en claro la urgente necesidad de que las democracias latinoamericanas emprendan profundas reformas institucionales para desterrar de una vez por todas la lacra del lawfare, el habitual empleo de los aparatos judiciales como instrumentos para neutralizar la voluntad popular y perpetuar el dominio de las élites.

Está claro que el orden jurídico vigente crea poderes judiciales desviados de la justicia, como quedó patente en Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y México, donde muchos jueces, magistrados y ministros emiten en forma regular fallos favorables a intereses corporativos foráneos, potentados locales y la derecha partidaria, cuando no de la delincuencia organizada.

 

*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe,  asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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