Guatemala: El Pacto de Corruptos intenta impedir que Arévalo pueda gobernar
Bernardo Arévalo, el candidato progresista que ganó en segunda vuelta la elección del pasado 20 de agosto en Guatemala, fue declarado presidente electo por el Tribunal Supremo Electoral (TSE); aun cuando unas horas antes, el Registro de Ciudadanos, dependiente de esa instancia judicial, dejó sin personería jurídica al partido que lo postuló, Movimiento Semilla.
La iniciativa fue del juez Fredy Orellana, un personaje corrupto y ejecutor fiel de los designios de la oligarquía militar, empresarial y delictiva que controla las máximas instancias de poder en Guatemala. Aunque la ilegalización de Semilla no tiene por qué interferir con la asunción de Arévalo, el hecho coloca una espada de Damocles sobre la cabeza del próximo presidente guatemalteco, quien enfrentó como candidato una feroz ofensiva judicial en contra suya y de su partido… y la seguirá confrontando.
La resolución SRC-R-3207-2023 firmada por el director del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz señala que “La dirección general del Registro de Ciudadanos, con base en lo considerado, leyes citadas y en acatamiento a lo ordenado por el juez “A” del juzgado séptimo pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente, resuelve suspender provisionalmente la inscripción de persona jurídica del Comité para la constitución del partido político Movimiento Semilla y del partido político Movimiento Semilla”.
Arévalo reaccionó a la medida del registrador y aseveró que es nula, y añadió: es un hecho irrebatible que somos vicepresidenta y presidente, en referencia a su compañera de binomio, Karin Herrera. Recordó que Semilla ya había presentado un amparo ante los tribunales contra la persecución. Semilla obtuvo 2.442.718 votos, 60,91% de los votos válidos, frente a 1.567.664 (39,09%) votos de Sandra Torres de la derechista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en la segunda vuelta del 20 de agosto.
“Al pueblo de Guatemala hacemos saber que el Movimiento Semilla no claudicará en la exigencia al respeto a la voluntad popular expresada en las urnas y el respeto al estado de derecho y al régimen democrático que están siendo amenazados por quienes se niegan a aceptar el cambio que Guatemala exige”, dijo Arévalo.
La intención de los sectores conservadores y corruptos es la de convertir a Arévalo en rehén por la vía de los procesos legales, y a su presidencia, en una mera simulación formal.
En Guatemala se prendió la llama de un candil que el ventarrón que sopla desde hace años sobre sus lagos y montañas amenaza con extinguir. Es una luz que se ve desde lejos en medio de la oscuridad y sirve de referencia; hay infinidad de ojos fijos en su brillo parpadeante que se mueve de un lado para otro esquivando los obstáculos que le van poniendo, señala Rafael Cuevas Molina.
Una vez que los sectores oligárquicos del país centroamericano vieron la imposibilidad de frenar el triunfo en las urnas de Semilla y su abanderado, empezaron a construir un entramado jurídico para mantener a Arévalo atado de manos: su partido deberá enfocarse a defender su legalidad, lo que lo distraerá de formar gobierno y la suspensión de su personería jurídica obstaculizará la toma de posesión de los candidatos a cargos legislativos y municipales, lo que amenaza a condenarlo a un aislamiento que podría impedirle el cumplimiento de sus propuestas fundamentales.
Persecución
La fiscalía detuvo a Claudia González, ex funcionaria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ente de Naciones Unidas que durante 12 años combatió la impunidad y la corrupción en el país centroamericano. También allanó la vivienda de los padres de Juan Francisco Sandoval, ex fiscal galardonado por su lucha contra la corrupción y quien se exilió hace dos años en Estados Unidos tras denunciar una persecución política y judicial.
La fiscalía solicitó la detención de González por el delito de abuso de autoridad, cargo que aplica a funcionarios públicos, “y nosotros éramos mandatarios de Cicig, una organización internacional validada por el Estado de Guatemala, no funcionarios”, explicó la abogada. González representa a la institución en procesos judiciales y lleva la defensa de otros ex fiscales perseguidos en el país.
La ONU manifestó en un comunicado que su secretario general, António Guterres, sigue con preocupación la detención de González y los allanamientos encaminados por la fiscalía contra ex fiscales y recordó los importantes aportes de los dedicados funcionarios de justicia durante el periodo de funcionamiento de la Cicig y su personal a la lucha contra la impunidad y la corrupción.
*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)