Guatemala: el sexo, la trata y la moral

Ileana Alamilla.*

Hablar de trabajo sexual tiene en nuestro medio una connotación negativa, hasta repulsiva. La OMS lo define como “toda actividad en la que una persona intercambia servicios sexuales a cambio de dinero o cualquier otro bien”. Las personas que, por la razón que sea, se dedican a esta actividad quieren ser escuchadas, ser tratadas como seres humanos.

Claman por el respeto de sus derechos, no quieren que se les vea como las perversas, aspiran poder discutir su situación, explicar sus sentimientos, y esperan, por lo menos, ser comprendidas.

La exclusión y estigmatización son violaciones a los derechos humanos, nos hacen separar esquemáticamente a la humanidad en “buenas(os)” y malas(os)”; quienes adoptan estas actitudes se atribuyen el derecho de calificar y condenar a otras, las miran por encima del hombro.

Estos son problemas muy complejos, de los que nunca queremos hablar, que colocan en situación de vulnerabilidad a mujeres jóvenes, niños y niñas, usualmente de los sectores marginales, que son presa fácil de cualquier situación que afecte su salud física, psicológica o social.

La trata de personas es la forma de esclavitud moderna por la cual se capta, recluta y traslada a una o varias personas con fines de explotación sexual, laboral o extracción de órganos o tejidos humanos. Restringe la libertad ambulatoria y provoca la privación total o parcial de la libertad de las víctimas.

Existen diversas modalidades o tipos de trata, además de los mencionados; la hay con fines laborales, con fines paramilitares o crimen organizado, para servidumbre, prácticas esclavistas o de esclavitud clásica.

El trabajo sexual y la trata de personas no es exactamente lo mismo, hay líneas divisorias que los diferencian, pero debido al abandono del Estado en relación con las tareas de control sobre determinados negocios, a la falta de regulación de las condiciones de trabajo y la criminalización del trabajo sexual (se les persigue y maltrata), las trabajadoras sexuales se convierten en potenciales víctimas de trata.

Se cree que esto no sucede en nuestro país, pero basta ver las estadísticas de la Policía Nacional Civil y las historias que se cuentan de boca en boca, para aterrarse al pensar cuántas personas, incluyendo a menores de edad, se encuentran en este contexto y que, además, son víctimas de abusos de autoridad de los servidores públicos.

La Alianza en pro de los derechos de las personas trabajadoras sexuales, integrada por Mujer, Organización de Mujeres en superación y la Asociación de Salud Integral, están haciendo grandes esfuerzos para que se aborde el tema con propiedad, pero, sobre todo, con humanidad.

Consideran que para enfrentar la Trata se deben derogar o dejar sin efecto los tratados o convenios que condenan moral o socialmente a las personas que ejercen ese trabajo o aquellos que promueven la abolición del mismo, ya que aseguran que eso produce la clandestinidad, que causa más vulneración a derechos.

Afirman que la recién promulgada Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas posee bondades, pero tiene un tinte abolicionista del reconocimiento del trabajo sexual. Valdría la pena levantar una discusión, sin prejuicios y con mente abierta, para analizar ese decreto, pero sobre todo, nos corresponde ser más solidarios y comprensivos con nuestros semejantes.

Situémonos, por unos instantes, en el lugar de quienes despreciamos.

* Periodista, directora de la Agencia CERIGUA. (http://cerigua.info).