Guatemala: la paz, ese paréntesis
Andrés Cabanas.*
La anunciada reinstalación del destacamento del ejército de Playa Grande,[1] municipio de Ixcán, se convierte en un nuevo paso en contra de una cultura de paz (paz en el sentido amplio de diálogo, búsqueda de consensos, organización incluyente, justicia, equidad) que está a punto de convertirse en un camino sin retorno.
En recuerdo de Mario Benedetti, autor de La vida, ese paréntesis.
La desmilitarización de la sociedad pactada en los Acuerdos de Paz se inscribía en la siguiente lógica: la reducción del poder del ejército como actor y árbitro político; la ampliación del espacio de actuación y decisión de la sociedad; el fortalecimiento de lo público y la colectividad; el alejamiento del riesgo latente de la privatización de la seguridad y de la propia institución armada, es decir, el ejército concebido como aliado de sectores económicos y del poder político.
Por el contrario, la militarización convierte al ejército y no a la sociedad en actor preponderante, reduce la participación democrática y social, corporativiza (beneficia a unos pocos). En un sentido más amplio, la remilitarización trasciende el espacio de la seguridad y se convierte en planteamiento y propuesta organizativa: el modelo cívico-militar como base de la reconfiguración del Estado, la seguridad como función primordial del mismo; la democracia militar-civil o la dictadura cívico-militar que proponen, y ensayan cortésmente para exportarla al resto del continente, grupos de poder hondureños y aliados internacionales.
En este marco, el neodestacamento de Ixcán no sólo implica una renacida fase de armamentización, sino la apuesta por el autoritarismo, que amenaza el proceso de paz y la propia institucionalidad (débil y formal) existente.
La reinstalación del destacamento se inscribe además en lógicas de poder locales. Esto significa que la fuerza militar es actor fundamental en una zona de concentración de recursos estratégicos e intereses económicos: la hidroeléctrica de Xalalá,[2] la Franja Transversal del Norte, la anunciada concesión maquiladora, la amplia frontera (paso de migrantes, mercancía, droga).
La represión, en este caso la amenaza latente de represión por la reapertura del destacamento, se ejerce también de forma simbólica. Durante la guerra, 
la instalación de destacamentos en cementerios, iglesias y escuelas significó la supremacía de la fuerza sobre la memoria, la tradición, los valores, la cultura o la educación. La remilitarización de hoy se efectúa en un terreno en el que funciona un Centro de Salud y una sede de la Universidad de San Carlos y en el municipio más golpeado por la violencia durante el conflicto armado: 102 masacres registradas, 2571 víctimas fatales, según el informe Memoria del Silencio de la Comisión de Esclarecimiento Histórico.
El paréntesis de la paz
Los Acuerdos de Paz parten del reconocimiento de que “reviste una importancia fundamental fortalecer el poder civil, en tanto expresión de la voluntad ciudadana a través del ejercicio de los derechos políticos, afianzar la función legislativa, reformar la administración de la justicia y garantizar la seguridad ciudadana, que, en conjunto, son decisivas para el goce de las libertades y los derechos ciudadanos; y que dentro de una institucionalidad democrática, corresponde al Ejército de Guatemala la función esencial de defender la soberanía nacional y la integridad territorial del país”.[3]
En menos de 13 años, la brecha entre lo firmado y la práctica se profundiza. El Ejército no ha modificado su poder, doctrina y actuación, que continúan permeadas por lógicas de terror y control social. “Los que hemos sido víctimas de la represión por parte del Ejército en los años de la guerra no podemos permitir ni estamos pidiendo que regrese la institución que es responsable directa de nuestro dolor. Si bien el tema de la violencia está presente en esa región (Ixcán) como en el resto del país, no es el regreso de los militares lo que va a garantizar su control.”[4]
El balance entre la propuesta negociada y el estado actual evidencia la utilización instrumental de los Acuerdos por parte de los grupos de poder: la paz vista (durante los primeros años, hoy se vislumbra un nuevo paradigma formalmente autoritario) como un escenario útil para la relegitimación de un sistema en crisis, la rearticulación de fuerzas y actores, y la continuación del proceso histórico de acumulación y despojo.
A este contexto debe oponerse el fortalecimiento de las resistencias locales combinadas con estrategias nacionales y la recuperación del proceso de paz, más allá de los Acuerdos: la paz como propuesta colectiva de justicia, dignidad, equidad y respeto de las diferencias.
[1]Se trata de la Sexta Brigada de Infantería, con 1.000 efectivos, en terrenos donde funciona un Centro de Salud y una sede de la Universidad de San Carlos.
[2] Xalalá, proyecto de 180 megavatios e inversión de aproximadamente 400 millones de dólares.
[3] Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y papel del Ejército en una sociedad democrática.
[4] Comunicado de la Liga Guatemalteca de Higiene Metal y la Asociación Comunitaria Todos por el Reencuentro.
* En http://alainet.org –que cita como fuente a Memorial de Guatemala, Nº 112, 5 noviembre 2009.