Haitianos reclaman a Aristide como presidente de transición
Miles de haitianos se lanzaron a las calles de Puerto Príncipe para exigir que el expresidente y sacerdote salesiano Jean Bertrand Aristide, el primer mandatario electo democráticamente en el país, sea colocado al frente de la transición política en Haití, donde la crisis se agudizó tras el magnicidio de Jovenal Moïse.
«Aristide viene a salvar a Haití», «Cuando venga Aristide, se quedarán asombrados», coreaban los manifestantes en un ambiente festivo en el que el sonido de los camiones y las bandas de música creaban la atmósfera en la que los manifestantes bailaban y cantaban a pleno pulmón.
El largo camino de Aristide
Jean Bertrand Aristide, hoy de 69 años, ocupó a la presidencia en 1991, 1994-1996 y 2001-2004, tras salir elegido democráticamente en los comicios para luego ser retirado del poder por continuos golpes militares, aupados por Estados Unidos y Francia.
El 1° de octubre de 1991, el presidente Aristide fue tomado prisionero por el ejército, firmó su renuncia bajo la amenaza de las armas y enviado al exilio en Caracas (donde fue acogido por el gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez), mientras la represión hacía estragos en los barrios populares.
Jean-Bertrand Aristide ganó las elecciones el 16 de diciembre de 1990 como candidato del Frente Nacional por el Cambio y la Democracia (FNCD), presentándose como opositor radical y combativo frente al peligro del duvalierismo y macutismo representados por Roger Lafontant.
El ejército se rehusó a aceptar que se trataba de un golpe de Estado y de asumir el poder directamente, presentando el general Raoul Cedras, comandante en jefe del ejército como mandatario interino, junto a una lista de cargos contra Aristide por violaciones a la Constitución. En ese momento se señaló a Estados Unidos, Francia y la OEA como cómplices del golpe. La dictadura de Cedras dejó más de cuatro mil muertos.
Ante el caos, Washington hizo que Aristide volviera a Haití en octubre de 1994 -tres años después del golpe de Estado- acompañado de una tropa multinacional encabezada por Estados Unidos, retomó el poder y culminó su mandato presidencial.
En su tercera presidencia de 2001 a 2004 (su segunda desde el punto de vista constitucional), Aristide continuó su giro progresista: restableció las relaciones diplomáticas con Cuba y se acercó a la Venezuela bolivariana de Hugo Chávez, lo que aumentó la antipatía de la embajada de EU y de Otto Reich, su secretario de Asuntos latinoamericanos.
Desprovistos de peso real, los partidos políticos, reunidos en el seno de la Convergencia Democrática, se unieron al Grupo de los 184, dirigido por André Apaid, el mayor empleador industrial de Haití, que explotaba a más de 4.000 trabajadores, a quienes pagaba 68 centavos de dólar por día, cuando el salario mínimo legal era de 1,50 dólares. Apaid se había opuesto a un aumento de ese salario mínimo, propuesto por Aristide.
El 2 de enero de 2004, la Convergencia Democrática presentó un plan para la formación de un Gobierno de transición que evitara el proceso electoral (en el que no tenían ninguna posibilidad de ganar), y conminaron a que Aristide abandonase el poder en el más breve plazo.
En una conferencia de prensa, Andy Apaid Junior, manifestó que el plan consistía en destituir a Aristide y escoger a uno de los nueve jueces de la Suprema Corte de Justicia para que presidiera el Gobierno. Ese nuevo presidente escogería un primer ministro bajo consulta con la sociedad civil, pero sin elecciones democráticas abiertas.
El último día de febrero del bisiesto 2004 Aristide fue derrocado y reemplazado por Boniface Alexandre, quien solicitó a Naciones Unidas su intervención con el envío de una Fuerza Multinacional Provisional integrada principalmente por efectivos de EU, Francia, Candá y Chile. A partir de junio de ese año fue establecida la MINUSTAH (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití).
Sobre la salida de Aristide, los partidos opositores -que en la última elección habían sumado 8,31% de los votos- afirmaban que había renunciado a su cargo debido a las manifestaciones en contra del gobierno, y porque no tuvo «disposición para dialogar». A ello agregaban su presunta responsabilidad en financiar grupos armados en las barriadas populares (chiméres) y en utilizar a la Policía Nacional de Haití para reprimir la toma de ciudades realizada por la oposición.
Luego del golpe de Estado, Aristide fue acogido en la africana República Centroafricana. El 31 de mayo se estableció en Sudáfrica. Siete años después del golpe, el 31 de enero de 2011, el gobierno haitiano abrió la puerta para el posible regreso de Aristide a Haití y el 18 de marzo Aristide regresó a su patria.
Manifestación de simpatizantes de Fanmi Lavalas en Puerto Príncipe, clamando al ex presidente Aristide. pic.twitter.com/y4XRPE8LmH
— Haití en Español (@haitienespanol) June 26, 2022
Sigue siendo uno de los líderes más populares y se especula sobre una negociación para que se convierta en presidente provisional, en un contexto de violencia que no hace viable la convocatoria de elecciones.
Desde la publicación de una serie de investigaciones sobre el rescate por parte de Francia de la deuda impuesta a Haití para reconocer su independencia, el Partido Lavalas y su líder han conseguido un espectacular ascenso en la escena política.
Los manifestantes llevaron a cabo las protestas desde la plaza Carrefour de l’Aeroport hasta la residencia del exmandatario Aristide, localizada en Tabarre, equipados con ramas de árboles, pancartas, la bandera del país o la foto de Aristide, denunciando la inacción del actual gobierno de Ariel Henry, quien asumió tras el asesinato –por bandas mercenarias de colombianos y estadounidenses- del entonces presidente Jovenal Moïse.
En este sentido, los activistas consideran que el líder del Partido Lavalas constituye la mejor opción para sacar al país de la severa crisis económica, política y social, al mismo tiempo que calificaron la actual situación como un “marasmo”.
«Cuando Aristide era presidente, el país no era así», coreaban los manifestantes, que exigían el regreso de su líder: «Viva Aristide, aquí están mis nalgas, ven y pégame», decían los activistas frente a la policía.
A su vez, los haitianos repudian la caótica gestión gubernamental de Henry frente a la escalada de la violencia, los enfrentamientos de las bandas, la inflación, así como la emigración desde los últimos cinco años. Las protestas se producen luego de que el actual primer ministro sostuviera un encuentro con el expresidente que se presenta como una alternativa ante el vacío de poder ocasionado por el magnicidio a Jovenel Moïse.
A pesar de que Hennry afirmó en 2021 que al año siguiente serían celebradas elecciones legislativas y presidenciales, aún no existe un calendario de comicios precisado en la nación caribeña.
Presos mueren de hambre
Mientras, el comisario de gobierno de Le Cayes, Ronald Richemond, denunció que entre enero y abril se registraron 54 muertes por desnutrición, mientras que esta semana se han confirmado ocho fallecimientos en la prisión local. El hambre, la falta de agua y el elevado calor contribuyeron a la muerte de los reclusos.
Al menos ocho presos han muerto de hambre esta semana, después de que el centro se quedara sin alimentos hace dos meses. Estos fallecimientos se suman a otros decesos que se han producido en circunstancias análogas a lo largo de este año en el país. Richemond instó al Gobierno de Haití a tomar las medidas necesarias para encontrar una solución a la crisis de alimentos, agua y medicamentos en las cárceles.
Según la ONU, a 1 de junio la tasa de ocupación estimada de las prisiones era del 287,77 %, con una población reclusa de 11.531 personas, entre las que se encuentran 405 mujeres, 247 niños y 19 niñas. 9.549 presos, el 82,81 %, se encuentran a la espera de juicio.
El informe relata que en las prisiones haitianas hay hacinamiento, condiciones antihigiénicas, escasez de servicios, falta de alimentos adecuados, agua, instalaciones sanitarias, medicamentos básicos y equipos médicos. Además, califica de «crítica» la situación de las condiciones de seguridad, por la escasez de recursos y personal, lo que obliga a que en algunos centros los reclusos permanezcan encerrados en las celdas durante días.
Detrás de esta grave realidad se encuentra, además de la falta de fondos, una difícil situación del sistema de justicia, con juzgados paralizados. Se espera que el reciente nombramiento de 118 jueces realizados en el segundo semestre de este año, junto a la reforma del código penal, comiencen a solucionar parte de los problemas carcelarios del país.
*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)