El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso otorgar un indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado el año pasado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, en el marco de sus mensajes a favor del candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, a las elecciones presidenciales de este fin de semana.

Estas maniobras de EEUU buscan impedir el triunfo de la candidata oficialista Rixi Moncada y evidencian la verdadera agenda de Estados Unidos, en la que la fachada de lucha contra el narcotráfico se utiliza para criminalizar a Estados libres y las opciones políticas contrarias a su narrativa. Diversas organizaciones sociales de América Latina hicieron un llamado urgente para respetar la soberanía de Honduras, en medio de denuncias sobre presiones externas y operaciones de guerra cognitiva que buscan influir en el proceso electoral de ese país.
Rixi Ramona Moncada, de 60 años , es la candidata del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), de izquierda, que busca ganar la presidencia en las elecciones. Se autodefine como una mujer valiente que no se vende a los grupos económicos y pregona que su deseo es ver a una Honduras próspera y con igualdad de condiciones para sus ciudadanos. Moncada quiere seguir los pasos de la mandataria saliente, Xiomara Castro, la primera mujer en llegar a la presidencia y a la que considera su aliada en este intento.
Trump quiere a Asfura

«Vote por ‘Tito’ Asfura para la Presidencia y felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto», expresó a través de un mensaje publicado en su perfil de Truth Social. «Si ‘Tito’ Asfura gana la Presidencia de Honduras, debido a la gran confianza que Estados Unidos tiene en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño, lo apoyaremos firmemente. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a cualquier país, sea cual sea», continuó.
Nasry “Tito” Asfura, también conocido como “Papi a la orden” fue alcalde de la capital Tegucigalpa. Asfura es investigado por malversación de fondos, lavado de dinero y otros delitos. En octubre de 2021, su nombre apareció en los Papeles de Pandora.
Estados Unidos vuelve a exhibir una política injerencista al utilizar las redes sociales como herramientas de presión y amedrentamiento contra los pueblos de América Latina. Esta intervención responde a una doble estrategia orientada a mantener estructuras vinculadas al negocio del narcotráfico: por un lado, consolidar gobiernos dispuestos a ceder sus territorios como plataformas militares para prolongar la política de agresión en la región; por otro, respaldar a actores políticos relacionados con redes criminales.
JOH, Trump y el narcotráfico

«Otorgaré un indulto total y completo al ex presidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia. Esto no puede suceder, especialmente ahora», ha dicho, presagiando una victoria del candidato conservador que «encaminará» a Honduras «hacia un gran éxito político y financiero», aseguró el presidente estadounidense, reavivando el debate sobre sus profundos vínculos con el narcotráfico, particularmente con el cartel de Sinaloa, de Joaquín “el Chapo” Guzmán.
El anuncio de Trump sobre el posible indulto a Hernández ocurre días antes de las elecciones en Honduras, lo que ha sido interpretado por analistas como una señal con fuerte carga política. Si se concreta, el indulto representaría un giro drástico en un caso que, hasta ahora, ha sido emblemático para la lucha contra el narcotráfico en la región, al tratarse del primer expresidente centroamericano condenado por delitos relacionados con drogas en EEUU. Ahora Trump habla de indultar al expresidente narcotraficante.

Hernández gobernó Honduras, con el respaldo de Estados Unidos, durante dos períodos consecutivos (2014-2022), pese a que la Constitución del país prohíbe la reelección presidencial. Su segundo mandato fue posible gracias a una polémica interpretación de la Corte Suprema, y estuvo marcado por acusaciones de fraude electoral y represión violenta contra opositores.
Los candidatos a las elecciones generales de Honduras que se celebran este domingo 30 de noviembre cerraron el pasado fin de semana una tensa campaña electoral marcada por las acusaciones de un posible fraude. Alrededor de seis millones de hondureños están habilitados para votar en unos comicios en los que, además del nuevo presidente, también están en juego la configuración del Congreso, cerca de 300 alcaldías, así como los veinte escaños de Honduras en el Parlamento Centroamericano.
Durante la campaña Fixi Moncada pregonó que buscará la “democratización de la economía”, en una nación de 10 millones de habitantes y donde la pobreza afecta al 60 por ciento de la población, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadísticas. “No hay ninguna posibilidad de desarrollar y transformar el país si no hacemos justicia económica y no eliminamos ese fierro financiero que limita a las familias para acceder a recursos (créditos) con bajos intereses”, señaló la candidata, una abogada de profesión, casada y con dos hijos.
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