Huelga de hambre que conmueve al mundo: El grito mapuche del Bicentenario

Lucía Sepúlveda Ruiz*
La huelga de hambre de 34 presos políticos mapuches superaba los 65 días y entraba a una fase crítica para las vidas de los comuneros. Entretanto, el gobierno solicitó al arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, que actuara como mediador, luego de rendirse a la evidencia de que tendría que negociar debido a la resuelta voluntad de los presos de llegar hasta las últimas consecuencias.

En Concepción, once familiares -nueve de los cuales son mujeres- abrieron la semana del Bicentenario plegándose a la huelga de hambre en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, mientras en Temuco, los parlamentarios Hugo Gutiérrez, Manuel Monsalve, Tucapel Jiménez y Sergio Aguiló mantenían su ayuno en el local de la CUT y en Santiago, se realizaba un ayuno solidario de personeros del mundo religioso, artístico, estudiantil y sindical en la Fech.

Las medidas buscan aumentar la presión frente a la negativa del gobierno a participar en la mesa de diálogo concordada entre los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados -Jorge Pizarro y Alejandra Sepúlveda- y voceros de los mapuches. Según María Tralcal, en Temuco, y Juana Reimán, en Concepción, los comuneros están debilitados pero mantienen firme su decisión, en todos los penales.
Al cumplir más de dos meses en huelga de hambre, varios fueron trasladados a los hospitales de Angol, Concepción y Temuco.

Finalmente los medios de comunicación comenzaron a informar del tema, empujados por la resonancia de la huelga a nivel internacional, así como por las manifestaciones en países de Europa y América Latina en apoyo a las demandas de los huelguistas. En Santiago, una movilización llevaron a cabo los historiadores “para detener el accionar represivo del Estado en el sur de Chile y reconocer el legítimo derecho de los pueblos originarios a la restitución de sus tierras usurpadas y a su autonomía social y política”.

Cientistas sociales y académicos de cuatro universidades del sur plantearon que “una situación histórica tan compleja (…) no puede intentar resolverse por medio del uso de instrumentos jurídicos como la Ley Antiterrorista, que no son adecuados ni para la sociedad chilena ni para las movilizaciones y demandas de los pueblos indígenas. Consideramos que es tiempo de avanzar hacia un Estado profundamente democrático que al celebrar sus 200 años (…) se reconozca como un país multicultural”.

Asimismo se constituyó en Santiago un frente amplio de apoyo a la huelga con intelectuales, estudiantes y artistas que solidarizaron en una manifestación desarrollada en la Plaza Almagro. Frente a la cárcel de Angol, los familiares levantaron una ramada y realizaron rogativas en un improvisado rehue. Dos voceros de los huelguistas, el lonko de Temucuicui Víctor Queipul y María Tralcal, se trasladaron a la capital para responder directamente a las descalificaciones del gobierno a la protesta mapuche.

En la capital de La Araucanía se desarrolló una reunión de los dirigentes de los partidos de la Concertación -en la que no participó el Partido Demócrata Cristiano- en que se habría analizado la posibilidad de que el gobierno declarara el estado de emergencia en la zona sur. Ello en vista de que, pese a las peticiones formales de las iglesias católica y evangélica, el presidente Piñera elude el diálogo.

Mientras tanto, se acentuó la represión contra los familiares. Once de ellos fueron acusados de desórdenes en incidentes que tuvieron lugar el 11 de septiembre en el Hospital Regional de Concepción, cuando Gendarmería impidió el contacto de los familiares con comuneros que estaban siendo ingresados en grave estado al centro asistencial. Emilia Pilquimán, madre de los hermanos Llanquileo, en huelga de hambre, fue golpeada en la cabeza resultando con lesiones de mediana gravedad. Todos los detenidos, entre ellos voceros arrestados en la calle sin mediar incidente, fueron liberados con medidas cautelares.

Lo detuvieron al mediodía y lo subieron -a él- a una camioneta roja, y a su padre a una blanca. En el puente Lanalhue, lo bajaron entre dos policías “y me colgaron de los brazos desde el puente, me apuntaron con una escopeta y me decían ‘dinos la verdad o te vamos a matar conchetumadre’. Después de un rato que me tenían colgado desde el puente, yo me puse a llorar y me subieron. De nuevo me apuntaron con la escopeta y me dijeron que dijera la verdad de lo que yo sabía y yo les dije que no sabía nada”.

Fue llevado posteriormente a la comisaría de Cañete donde dio su nombre. Otra persona también lo amenazó. Agrega: “Yo les contesté que no sabía nada y me dijeron ‘invéntate una huevá, conchetumadre’”. También le preguntaron si tenían armas. Alrededor de las 9 de la noche le pusieron una hoja delante que firmó sin leer. Declara que vio al fiscal (Andrés Cruz) dos veces, la primera cuando “ratifiqué la primera declaración sin leerla y la segunda, hace un mes en Talcahuano”. El fiscal le dijo que tenía que firmar porque si no lo hacía, iría preso.

La declaración jurada concluye: “Cuento esto a la directiva de mi comunidad Caupolicán, porque quiero que se sepa la verdad de lo que pasa y porque confío en ellos para hacer las cosas bien. En esta ocasión mi papá, don José Viluñir Millapi, no me acompaña debido a que se encuentra internado en el hospital de Cañete en delicado estado de salud. Junto con mi hermano José nos acercamos a la directiva de la comunidad de manera voluntaria”. También firman la declaración Patricio Cona Millanao, presidente de la comunidad Caupolicán; David Claudio Santi, secretario; José Sebastián Santi Cona, tesorero; y Agustín Santi Millapi, consejero.

La directiva de la comunidad Caupolicán avaló asimismo una declaración similar que prestó José Abraham Viluñir Calbul, en Cañete. Relata que dos camionetas llegaron a su casa después de la detención de su hermano, para que fuera a declarar a Cañete. “Me decían que Rodrigo ya había contado todo, estaba en la pieza de al lado, y que yo tenía que hablar o si no me iba veinte años preso y los cabros iban a salir libres.

Yo contesté que no tenía idea de nada. Firmé un papel, pedí leerlo y no me dejaron. Al fiscal lo vi cuando viajamos a Talcahuano, hace un mes aproximadamente, con mi hermano y mi papá. En ese momento firmé una ratificación y tampoco leí lo que decía”. Concluye la declaración afirmando que la hace sin presión “porque quiero que me ayuden a salir de esto y que se sepa la verdad”.

Un suicida en Cañete

Richard Ñegüey, 19 años, el más joven de los mapuches procesados en Cañete por Ley Antiterrorista, se ahorcó un mes tres días después de la apertura del juicio oral en que estaba imputado al igual que su padre. Había permanecido varios meses en la cárcel de Lebu, en condiciones extremas de encierro -todo el día en una celda- y estaba libre, con medidas cautelares, cuando se suicidó. Su caso es un elemento más del recuento de las dramáticas consecuencias de la Ley Antiterrorista en la vida de las comunidades. Esta ley permite utilizar como prueba las declaraciones de testigos protegidos, cuyas identidades son desconocidas por la defensa.

La prolongada huelga de hambre de los 34 presos políticos mapuches demanda la no aplicación de esa ley por hechos relacionados con la recuperación de tierras, y que ese tipo de acciones no sean simultáneamente vistas por tribunales militares, como hoy sucede.

*Periodista chilena. Publicado en Punto Final, año 45, edición Nº 718, 16 de septiembre, 2010