Imperioso detener expansión salmonera en Chile

Las declaraciones de Douglas Tompkins acerca de pedir una moratoria a la actividad salmonera dan cuenta de una conducta de esta industria que hasta el momento no ha tenido voluntad de corregir: la de generar graves efectos ambientales y, en vez de anticiparse a los escenarios, preferir que los problemas le revienten en la cara.

El planteamiento de la moratoria tiene un fundamento claro: proteger el patrimonio natural del país. La actividad salmonera se ha desarrollado con niveles deficientes de control estatal. A estas alturas es verosímil atribuir a la industria los graves problemas de degradación de los lagos, estuarios y canales de la X Región. Entonces, los antecedentes arrojan con naturalidad la idea de que mientras no se definan responsabilidades y no se modifique la relación del Estado con la actividad, sea preferible no entregar nuevas concesiones acuícolas. El principio precautorio está consagrado en la legislación ambiental, por lo tanto hay una fundamentación institucional en la propuesta.

Tal vez lo más interesante de esta discusión sea la pugna entre dos visiones del desarrollo para el sur de Chile que se ven enfrentadas a convivir en un mismo espacio geográfico. Por el momento, se impone la visión más ortodoxa del desarrollo basado en el uso intensivo de un recurso natural, en este caso el agua, que adquiere su constitución máxima en la salmonicultura. Su hiperdesarrollo ha convertido a Los Lagos en una región monoproductiva, hasta el punto de que el salmón explica más del 80 por ciento de sus exportaciones.

Como contracara, los efectos ambientales de la salmonicultura son claros desde hace rato y el paso del tiempo no ha hecho más que agravar la situación. Los desechos orgánicos de esta actividad ya hace 10 años eran equivalentes a los producidos por una población de dos a tres millones de habitantes. En concordancia al crecimiento que ha tenido la salmonicultura en los últimos años en el sur de Chile, los desechos actuales de esta actividad deberían superar a los de una población de seis millones de habitantes.

Esto equivaldría a que la mitad de los chilenos estuviera vertiendo sus desechos en los canales y fiordos del sur de nuestro territorio. Pero no sólo eso. Primero, es una actividad que en buena medida se realiza con capitales externos para consumidores externos (el 98 por ciento se exporta), aunque para ello requiera del agua de nuestro país como insumo productivo.

Los antecedentes demuestran que fomenta la monopolización económica y productiva y que afecta a otras actividades en su competencia por el uso del agua y del borde costero, como el turismo y la pesca artesanal. Segundo, desde el punto de vista de la retribución al Estado, no paga nada por el uso de los recursos naturales y su aporte tributario es muy bajo.

Una forma de contribuir a este desequilibrio es introducir una visión más compleja de desarrollo, que pone el acento en el progreso económico, pero entiende que su proyección en el largo plazo requiere del manejo racional de los recursos naturales. Ciertamente, en esta definición caben los proyectos tendientes a crear parques, santuarios de la naturaleza y reservas naturales, es decir, aquellos proyectos de inversión que apuntan directamente al desarrollo del capital natural o a su recuperación.

Basta tener en cuenta que actualmente hay en el sur alrededor de un millón de hectáreas en manos de privados, los cuales entienden los proyectos de conservación no sólo como un acto de beneficencia, sino como claras y cabales oportunidades de negocios. El propio director de Sernatur anunció la incorporación de Pumalín como una de las prioridades de la promoción turística internacional de nuestro país, lo cual abre una interesante oportunidad de atracción de capitales.

Por lo tanto, junto con coincidir en la idea de una moratoria a la salmonicultura, creemos que se puede encontrar aquí la oportunidad para un debate amplio. La industria no puede seguir ocultando su patio trasero, ni tampoco la opinión pública debe olvidar que las características del modelo económico chileno, basado en la explotación de recursos naturales, explican en buena parte la desigualdad que afecta a nuestro país.

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* Director de Océana, Oficina para América del Sur y Antártica.

Artículo publicado en el diario La Tercera de Santiago.