Informe sobre Venezuela cercada. Chávez a la defensiva

Las buenas noticias del informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) no alcanzan a equilibrar el embrollo que dejó el secuestro de Rodrigo Granda en Caracas el 13 de diciembre pasado; hecho ocurrido en una de las áreas más concurridas de la capital venezolana, donde cinco días antes -cruel paradoja- se había realizado el Encuentro Mundial de Intelectuales en Defensa de la Humanidad.

«Secuestro con olor a Plan Colombia» escribió el periodista Calvo Ospina, en una aguda columna sobre los hechos (ver: www.pieldeleopardo.com/modules.php?name=News&file=article&sid=678). El Plan Colombia constituye una compleja trama política, diplomática, económica y militar que bajo el pretexto de «ayudar» al gobierno colombiano a combatir los cultivos de estupefacientes y el narcotráfico abrió a las estructuras de espionaje y militares estadounidenses las puertas de América Latina en todos los terrenos.

De hecho Colombia es -con Israel- uno de los países que más ayuda militar recibe de la Casa Blanca, aunque incluso altos oficiales del ejército estadounidense no dudan al afirmar que allí la solución militar «no es posible» (ver: www.pieldeleopardo.com/modules.php?name=News&file=article&sid=468).

Todo apunta a que el Plan Colombia persigue «cercar» a Brasil, el primer país latinoamericano con proyección internacional por su población, economía y la vastedad y riqueza de su territorio, por una parte, y por la otra constituirse en una avanzada o cabeza de puente para eventualmente intervenir en Venezuela, en especial luego del fracaso de los esbirros civiles de Wáshington y «tontos útiles» de ese país. Además Colombia es vecina de Ecuador, donde las contradicciones sociales y la toma de conciencia de las naciones originarias parecen estar armando una bomba de corto tiempo.

El secuestro del guerrillero Granda

Señalan las autoridades colombianas -de acuerdo a las informaciones proporcionadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (el temido DAS, policía política)- que Rodrigo Granda es un alto dirigente de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el mayor grupo guerrillero del país, que controla gran parte del centro y sur del territorio).
El diario El Tiempo de Bogotá informó que un fiscal de la Unidad nacional contra el terrorismo ordenó la prisión Granda, alias Gallo Pinto, el Mago, comandante Arturo o comandante Ricardo, acusado de rebelión. La Fiscalía asegura además que estaría adscrito a la Comisión Internacional de las FARC, que a su vez integra el comando de dirección, cuyo responsable es Luis Devia Silva, (a)Raúl Reyes, del secretariado de la organización.

Mientras la policía colombiana afirma haberlo detenido en Cúcuta tras una larga pesquisa y seguimiento, Granda aseguró el 20 de diciembre: «Fui capturado en Venezuela», por varios hombres. El hecho habría ocurrido en las proximidades del Hotel Hilton de Caracas, a un costado de la estación Bellas Artes del Metro -tren subterráneo- de esa capital.

De acuerdo con El Tiempo fuentes de la inteligencia colombiana reconocen que en la captura de Granda, llamado el canciller de las FARC, participaron cuatro elementos, en la actualidad detenidos en Caracas por el cargo de espionaje.

Extraoficialmente las investigaciones que se realizan dentro del más alto secreto en Caracas indicarían que en el secuestro de Granda efectivamente participaron cuatro integrantes del DAS, que contaron con la ayuda de funcionarios de la policía secreta venezonala, la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) para mantenerlo bajo estrecha y discreta vigilancia y «despejar» el terreno ese 13 de diciembre a las cuatro de la tarde.

Detrás de la escena

Hace dos días, el 28 de diciembre, el ministro de Interior y Justicia venezolano, Jesse Chacón, señaló a la prensa que se abrió una investigación por la presunta captura en Venezuela de Rodrigo Granda Escobar. Se trata de determinar si efectivamente Granda estuvo en Venezuela y si fue detenido en el país. Dijo además que si se logra comprobar la detención y participación de funcionarios de algún cuerpo de seguridad del Estado, se tomarán las acciones pertinentes, y que el asunto es extremadamente complicado.

En el lenguaje del boxeo lo cierto es que el gobierno bolivariano está contra las cuerdas. El semanario Voz de Colombia, que investigó los hechos, afirma que el secuestro de Granda fue realizado por integrantes de la DISIP con el apoyo de un grupo de agentes colombianos que hablaban con la tonada y el acento de Medellín. Medellín es una de las ciudades colombianas donde tiene tradicionalmente su asiento el narcotráfico y es principal proveedora de reclutas para los tristemente famosos paramilitares de ultraderecha. Es también la patria chica del presidente Uribe Vélez (sobre Uribe Vélez ver: www.pieldeleopardo.com/modules.php?name=News&file=article&sid=676).

Según Argentina Indymedia, el secuestrado ciudadano colombiano «fue inmediatamente introducido al baúl de uno de los vehículos y trasladado a una dependencia de la DISIP (…) Varias personalidades políticas, y hasta de los servicios de seguridad, no estuvieron de acuerdo con ese procedimiento y presionaron para que lo dejaran en libertad, exigiéndosele que dejara inmediatamente el país; también propusieron que se le detuviera y se le pusiera en prisión de acuerdo a las leyes venezolanas, mientras se le investigaba. Nada de ello valió. Por lo menos hasta el martes en la noche había estado en la DISIP. No he podido saber quien dio la orden, pero debió ser a muy alto rango, pues después de viajar 14 horas en el baúl de un vehículo fue entregado en Cúcuta, donde después de robarle todas las prendas de valor, se lo entregaron a los asesinos del general Castro, el actual comandante de la Policía colombiana, ficha de los paramilitares y narcotraficantes del bloque de los llanos de las autodefensas» (http://argentina.indymedia.org/news/2004/12/250389.php).

Este hecho -que Granda haya estado por lo menos 12 horas detenido en Caracas, explica por qué algunos medios, y el gobierno de Colombia, fechan el 15 el día de su apresamiento.

La urdimbre que envuelve a los hechos relacionados con Granda ciertamente exige, en cualquier país civilizado y soberano una actitud más enérgica; decir, como el ministro Chacón en rueda de prensa: «Si se comprueba que hubo una operación clandestina aquí, pues tienen que ser juzgados quienes participaron en eso», al señalar que el gobierno juzgaría a los venezolanos que eventualmente hubieran tomado parte en la operación secuestro. Y agregó: «El Gobierno venezolano es muy respetuoso de los tratados internacionales», indicando que si Granda realmente estuvo en el país y era requerido por los tribunales colombianos existe la figura jurídica de la extradición.

Débil también es la situación venezolana frente a Colombia. El hecho consumado deja a Caracas sin mayor argumentación, al menos mientras no investigue y logre resultados en esa investigación. «No hemos recibido, que yo sepa, ninguna observación del gobierno colombiano sobre este asunto. No tengo más información sobre el caso que la aparecida en los medios», reconoció el ministro de Relaciones Exteriores, Alí Rodríguez.

Los diarios venezolanos acogieron el rumor de que Granda participó en el Encuentro de intelectuales y que, además, se habría reunido con el escritor José Saramago. Hasta la tarde del 30 de diciembre, Saramago no había confirmado o negado ea reunión.

Caracas, ¿el fin del sueño bolivariano?

El periodista Heinz Dieterich escribió el 27 de diciembre en Rebelión: «El crimen de Caracas fue cometido por un comando de policías colombianos que violaron flagrantemente la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, para secuestrar por la fuerza al ciudadano colombiano Rodrigo Granda y entregarlo a las autoridades de Cúcuta, cuya estrecha colaboración con los narco-paramilitares de la zona es notoria».

Y agrega en otro acápite:

«La violación de la soberanía de la República en el caso de Rodrigo Granda reviste tres circunstancias agravantes de responsabilidad criminal: 1. fue premeditada; 2. reincidente y, 3. se realizó parcialmente en el extranjero». Y luego señala:
«El secuestro de Rodrigo Granda (…) es un asunto latinoamericano de extrema importancia; porque indica -como se ha advertido correctamente en medios digitales- la implementación de una especie de Operación Cóndor en el espacio andino, como nuevo componente integral del Plan Colombia.

«Esa trascendental implicación del hecho delictivo hace imprescindible que alguna de las autoridades venezolanas rompa su prolongado silencio y aclare públicamente los pormenores de ese crimen de Estado. Esto no sólo como una responsabilidad ineludible de todo Estado de derecho, sino también como necesidad moral de toda Revolución ética, como lo es la Bolivariana.

«La Declaración Final del «Encuentro en Defensa de la Humanidad» reitera múltiples veces la solidaridad de los intelectuales con Irak, Palestina y Afganistán, mientras que sobre el ‘Irak de América Latina», Colombia, no dice ni una sola palabra, pese a que se encuentran referencias respectivas en varias resoluciones de las mesas de trabajo. Tal hecho había enrarecido la percepción del evento en mentes críticas, que dudaban que se tratase de un acontecimiento aleatorio. Un continuo mutismo de las autoridades profundizaría inevitablemente esas dudas.

«Finalmente, las autoridades venezolanas deben de tener claro que el esclarecimiento de este crimen de Estado es visto en la opinión pública latinoamericana como una medición de dos voluntades: la revolucionaria-ética que procura la justicia, y la del status quo que procura la «realpolitik». La prolongación del silencio sería interpretado como el «silentium videtur confessio» de Séneca: quien calla, parece otorgar. Cuanto antes hablen las autoridades, menos costo político tendrá su silencio».
(El artículo puede leerse en: www.rebelion.org/noticia.php?id=9324).

No es aventurado pensar que el secuestro de Granda obedeció -más que al interés por Bogotá de someter a juicio al comandante guerrillero- a una maniobra planificada cuidadosamente, llevada a cabo con exactitud quirúrgica y con la complicidad de sectores en el poder en Venezuela. Si el objetivo fue acorralar a Chávez se cumplió tal vez más allá de lo esperado.

El silencio de Miraflores equivale, más que a un otorgamiento, a una confesión: la cancillería venezolana carece de apoyo en América Latina para plantear un reclamo directo a Colombia por el procedimiento empleado; probablemente se desataría una campaña -orquestada por la gran prensa internacional, como todas las padecidas por la República Bolivariana- esta vez acusando al presidente de proteger al «terrorismo insurgente». Esto explica, en parte, ese silencio.

Ceder ante el enemigo -y sabemos qué manos mueven los hilos de las marionetas en esta parte del mundo- no será, sin embargo, más el preludio de nuevas concesiones. No le bastará a Chávez el relativo éxito de sus programas sociales -educación para todos, salud en los barrios, Banco de la Mujer, asistencia a las cooperativas agrarias y pesqueras, etc…- y en el terreno económico la paulatina derrota del desempleo, baja de la inflación y la recuperación económica para hacer frente a Leviatán.

La oposición interna se ha aquietado, pero en ningún caso está absolutamente derrotada. Hoy calla también, mañana dirá, ante la inacción, que entrega la soberanía; y será un discurso convincente. En especial porque Chávez a la defensiva -y los venezolanos son extremadamente quisquillosos cuando se habla de soberanía- abre un nuevo frente interno, esta vez ante sectores que constituyen parte de su plataforma de apoyo.

La economía

Venezuela logró, según la CEPAL un incremento en su crecimiento económico que alcanzó el 18 por ciento en el Producto Interno Bruto en 2004 que, restándole el valor negativo de 9.7 de 2003, le permite aun tener el mejor comportamiento latinoamericano.

Venezuela aumentó de manera importante su comercio externo en 2004, tanto en el sector de las exportaciones como en el de las importaciones de bienes; los índices de inflación registraron una baja significativa en relación con 2003 -17.3 por ciento acumulado en el año hasta noviembre de 2004, en comparación con 27.1 por ciento en el 2003-.

La cesantía, por su parte, exhibió una disminución de 14,5 por ciento -hasta septiembre de este año-, mientras, paralelamente, los sueldos se incrementaron en un 14 por ciento en el primer semestre comparados con los de diciembre de 2003, lo que obedeció al alza de las remuneraciones del sector público (30 por ciento en igual período); en el área empresarial privada el aumento fue bastante menor: un 8.6 por ciento.