La cárcel del desierto que usó Israel para confinar a los activistas de la flotilla

  Los palestinos padecen la prisión de Ktzi’ot desde marzo de 1988. Se inauguró para detenerlos, con o sin proceso judicial, después de la primera intifada. A su alrededor solo se ve arena que vuela y remueve las dunas. El desierto de Néguev es suficiente disuasivo para evitar un intento de huída si no alcanzan los carceleros del régimen o sus mastines adiestrados.

Son notables las semejanzas con Guantánamo o Abu Ghraib, dos centros de tortura y confinamiento utilizados durante la guerra en Irak de Estados Unidos. Ahí, a unos 30 kilómetros de la frontera con Egipto, el gobierno sionista de Benjamín Netanyahu envió a los activistas de la flotilla humanitaria. Un penal de 40 hectáreas, situado al sur de la Franja de Gaza y de la antiquísima ciudad de Beerseba.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, del que depende el Servicio Penitenciario de Israel (SPI), se siente como en su casa cuando visita esa mazmorra. En un paseo por sus pabellones se grabó dándoles la bienvenida a los integrantes de la misión Global Sumud. Mostró cierta dosis de sadismo y hasta se atrevió a correr por derecha al premier israelí, su aliado político: “no puede ser que el Primer Ministro los envíe de vuelta a sus países una y otra vez, y este envío haga que regresen una y otra vez”, dijo desde su despacho en otro video.

El funcionario de extrema derecha gusta desafiar a  audiencias sensibles con su oratoria supremacista, violenta y sin filtro. En menos de 24 horas se filmó tres veces para difundir amenazas contra los militantes internacionalistas. En la primera imagen se lo veía frente a hombres y mujeres secuestrados en aguas internacionales cuando se acercaban en sus barcos a Gaza.

Les gritó: “estos son los terroristas de la flotilla, asesinos”, mientras los señalaba con su mano derecha rodeado de dos custodios con barbijo. Los detenidos de 46 nacionalidades lo escuchaban sentados en el suelo y eran alrededor de 460. Algunos vivaron a Palestina. Hubo quienes denunciaron que por ese gesto los mantuvieron arrodillados en el piso con las manos atadas a la espalda.

En el interior de Ktzi’ot, Ben-Gvir caminaba entre las celdas reafirmado en su espíritu penitenciario. “Los activistas de la flotilla están ahora en una prisión de seguridad, tratados como saboteadores”, contaba desafiante, vestido con camisa negra, de lentes y con su cabeza cubierta por una kipá blanca.

Ben-Gvir, un racista furioso y antiárabe, es el máximo responsable del sistema carcelario que depende de su ministerio. También de la policía. Su historia política es un manual de crímenes de odio y provocaciones. Lo condenaron al menos ocho veces por diferentes delitos. Como colono tomó por las armas tierras palestinas. Hace treinta años, cuando la xenofobia ya era una de sus marcas de juventud, comentó en TV lo que le esperaba al primer ministro Isaac Rabin. Su vaticinio se cumplió. Lo asesinó un israelí de ultraderecha el 5 de noviembre de 1995.

El alto funcionario del régimen gusta regodearse con el sufrimiento ajeno. Celebró cuando quedó detenida la joven activista sueca Greta Thunberg, como también uno de los organizadores de la flotilla, el brasileño Thiago Ávila, el nieto de Nelson Mandela, Nkosi Zwelivelile “Mandla”, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau y la diputada de la Legislatura porteña Cele Fierro. “Creo que deben mantenerse aquí en una prisión israelí por unos meses, para que puedan oler el aroma del ala de los terroristas”, comentó con sorna.

Cuatro parlamentarios italianos fueron los primeros en ser deportados a su país. Todos son opositores al gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni: el diputado del Partido Demócrata (PD), Arturo Scotto; el senador del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Marco Croatti y las eurodiputadas Annalisa Corrado (PD) y Benedetta Scuderi, de Alianza Verde e Izquierdas (AVS).

Además de Fierro, la legisladora del MST en el FIT, entre los argentinos quedaron detenidos Carlos Cascote Bértola, militante de la corriente Nuestra Patria y capitán del Estrella y Manuel, uno de los barcos de la flotilla; Ezequiel Peressini, exdiputado provincial en Córdoba de Izquierda Socialista en el FIT y el activista de Paraná, Entre Ríos radicado en Brasil, Nicolás Calabrese. El primer contingente numeroso de 137 expulsados fue trasladado a Turquía en avión.

Las horas iniciales que pasaron los integrantes de la flotilla desde su detención en el mar hasta su ingreso a la cárcel de Ktzi’ot, fueron bajo un régimen de aislamiento, sin alimentación y bebidas, ni asesoramiento legal. Recién el viernes recibieron asistencia consular y de abogados de derechos humanos del centro jurídico Adalah que defiende a palestinos confinados en Israel.

Un comunicado de prensa de esta organización señaló que algunos miembros de la Global Sumud habían iniciado una huelga de hambre. En el mismo texto figuraba que fueron conminados a firmar una declaración para su deportación inmediata de Israel, que implicaba haber ingresado de manera ilegal al país, cuando en rigor fueron detenidos en aguas internacionales y llevados a tierra por marinos de la armada. Los que aceptaron esa condición tendrían prohibido el ingreso por 100 años, una pena que ya se le aplicó a Thunberg en junio pasado cuando viajó hacia Gaza con otra misión humanitaria. Quienes se negaran, de acuerdo a la legislación israelí, se arriesgan a quedar detenidos hasta 72 horas más.

Las condiciones de arresto en la cárcel más grande de Israel empeoraron en forma dramática desde el 7 de octubre de 2023 cuando comandos de Hamás atacaron a través de una frontera insualmente porosa, desprotegida. Mataron a 1.195 personas entre civiles y militares y secuestraron a 251. Como represalia, el régimen sionista asesinó a casi 67 mil palestinos en dos años.

A septiembre pasado, en la Franja habían muerto casi 17 mil niños, un millón han sido desplazados, 21.000 están dados por desaparecidos y 20.000 perdieron a uno o ambos padres. Otros 17.000 se encuentran solos o separados de sus familias. Las cifras son del Comité sobre los derechos del niño de Naciones Unidas.

Para Francesca Albanese, la relatora sobre los territorios palestinos ocupados, la cifra de gazatíes masacrados ascendería 680 mil. Diez veces más que las cifras oficiales. Decenas de miles estarían sepultados bajo los escombros de Gaza. Es un genocidio que continúa, según Naciones Unidas.

Muazzaz Abayat vivía en Belén cuando un comando israelí lo detuvo en su casa en octubre de 2023. Durante nueve meses fue sometido a torturas, maltratos y todo tipo de humillaciones. Es un carnicero que perdió la mitad de su peso en distintas prisiones, la última de ellas, Ktzi’ot. Su testimonio hace poco más de un año al sitio France 24 es más elocuente que las amenazas de Ben-Gvir a los activistas de la flotilla. Recuerda que su experiencia carcelaria “fue un infierno”, ya que el régimen de Netanyahu lo mantuvo cautivo sin cargos ni sometido a juicio en distintos penales.

Cuando salió pudo contar el horror que vivió y recordar a otro preso como él, pero mucho más antiguo. Nunca olvidará que fue testigo del asesinato en Ktzi’ot de Thayer Abu Assab, otro palestino que estuvo encarcelado en medio del desierto de Néguev desde 2005. Diecinueve guardias lo mataron a palos el 18 de noviembre de 2023.

Según la organización de derechos humanos israelí B’Tselem, que investigó las condiciones de vida en la megacárcel israelí, el comandante de la Prisión del Néguev, el general de brigada Yosef Knipes, describió con orgullo las condiciones en las que se mantiene a los presos en sus instalaciones: “La mayor parte del día están dentro de las celdas, 23 de las 24 horas, excepto aquellos que están en las tiendas de campaña… Hay entre 10 y 12 terroristas en cada celda. Están actualmente abarrotadas porque es una situación de emergencia. Tienen un colchón y una manta, con las condiciones mínimas exigidas por la ley”.

Para el funcionario penitenciario “en nuestra opinión, todos son terroristas. Hemos reducido las condiciones al mínimo”. Su retórica es la misma que desparrama su superior Ben-Gvir. Un ministro deseoso de aplicársela a extranjeros de una misión humanitaria por haber visibilizado aún más el genocidio en Gaza cometido a fuerza de bombas, balas o la hambruna.

No sorprende. En junio de 2024 el ministro que hace un culto de la crueldad, declaró: “Deberíamos dispararles a los prisioneros en la cabeza en lugar de darles más comida”.

* Periodista argentino. Es docente por concurso de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la tecnicatura de Periodismo Deportivo en la Universidad de La Plata (UNLP). Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)