A través de recortes millonarios, amenazas regulatorias y acusaciones ideológicas, el presidente de EU busca doblegar la autonomía universitaria y moldear el panorama educativo bajo sus propios términos.
La creciente tensión entre la Administración del presidente de EU, Donald Trump, y la Universidad de Harvard ha alcanzado un nuevo punto de ebullición. En lo que se perfila como un intento sin precedentes de intervención estatal en la vida universitaria, el mandatario ha ordenado la cancelación de todos los contratos federales con Harvard, una medida que podría suponer una pérdida inmediata de unos 100 millones de dólares, y amenaza con retirar otros 3.000 millones adicionales en fondos federales.
Aunque el golpe económico no compromete la estabilidad financiera de la universidad —que posee un fondo patrimonial de 53.000 millones—, el mensaje político es claro: quien desafíe la agenda trumpista pagará un alto precio.
La raíz de esta disputa no se encuentra únicamente en el plano económico, sino en una serie de desencuentros ideológicos y jurídicos que llevan meses en desarrollo. Desde que Harvard se negó a colaborar con el Grupo de Trabajo contra el Antisemitismo impulsado por el Gobierno de Trump, en su intento por cambiar los requisitos sobre a quién puede admitir o contratar la universidad, la Casa Blanca ha multiplicado sus ataques públicos e institucionales contra el centro. A juicio del presidente, la universidad incurre en una “discriminación racial sistémica” por mantener políticas inclusivas y de diversidad, además de “tolerar el antisemitismo” al permitir protestas propalestinas en su campus.
Este enfrentamiento, que tiene ecos de la batalla cultural que atraviesa Estados Unidos, se ha agudizado con la reciente decisión de la Casa Blanca de intentar bloquear la inscripción de estudiantes internacionales en Harvard. Una orden, que de haberse ejecutado, habría dejado en un limbo legal a más de 6.800 estudiantes extranjeros, generando alarma en el ámbito académico y diplomático. La medida fue temporalmente frenada por una jueza federal, pero el juicio continúa, reflejando hasta qué punto la autonomía universitaria está siendo cuestionada por el aparato estatal.
La ofensiva contra Harvard también se articula en un plano retórico. Trump acusa a la institución de operar bajo criterios “woke”, concepto que en su narrativa agrupa cualquier acción que promueva la diversidad, la justicia racial o los derechos de minorías. Incluso ha criticado a la Harvard Law Review, la prestigiosa revista jurídica dirigida por estudiantes, por presuntamente priorizar “motivos ideológicos” en la selección de autores y contenidos.
Una de las alegaciones más controvertidas proviene del Departamento de Seguridad Nacional, que ha vinculado a Harvard con “actividades coordinadas con el Partido Comunista Chino”, afirmando que la universidad «facilita el entrenamiento de personas supuestamente involucradas en el genocidio uigur». Además, el Gobierno exige el acceso a datos personales de estudiantes extranjeros, así como grabaciones de audio y vídeo de quienes hayan participado en actividades “sospechosas”. Tales demandas han sido interpretadas como una grave injerencia en la privacidad y autonomía institucional.
Desde la administración de Harvard, su rector Alan Garber ha respondido con prudencia, destacando la relevancia de la investigación que la universidad desarrolla con fondos federales, en áreas que van desde la salud pública hasta la ciencia energética. En una entrevista con la radio pública NPR, Garber subrayó que lo esencial no es a qué tipo de institución se asignan los recursos, sino el valor que dicha inversión genera para el país. “Los retornos para la sociedad estadounidense han sido enormes”, afirmó.
Lo que está en juego en este pulso trasciende a Harvard. La embestida de Trump plantea interrogantes sobre los límites del poder estatal para intervenir en las universidades, y reabre el debate sobre el uso partidista del aparato federal con fines ideológicos. En el fondo, lo que se discute no es solo el modelo educativo, sino la concepción misma de libertad académica, pluralismo y diversidad en la vida universitaria estadounidense.
Mientras tanto, los estudiantes internacionales, el cuerpo docente y el entorno científico siguen siendo las víctimas colaterales de una estrategia que parece más centrada en castigar a un símbolo del liberalismo académico que en resolver los problemas de antisemitismo. En su intento por moldear la educación superior a su imagen y semejanza, Trump pone a prueba no solo la resiliencia de Harvard, sino la capacidad del sistema democrático para proteger sus instituciones frente al autoritarismo disfrazado de política cultural.
* Natalia Souto, colaboradora de Mundiario, es analista de la actualidad política y social.
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