La «democratización» de la justicia argentina

El ambiente de políticos y abogados está conmocionado. El anuncio formulado por la presidenta argentina Cristina Fernández de  Kirchner al inaugurar el año parlamentario se está concretando. Son muchas y variadas las aristas para su análisis. Aquí veremos algunas razones y derivaciones de estos proyectos que conmoverán a la Argentina en los próximos meses.

Argentina está entrando en un período de fuertes definiciones. El debate político y social sobre el tema de la Justicia y sus consecuencias no termina, ni mucho menos, con la segura aprobación de las 6 leyes enviadas por el Ejecutivo. No quedan dudas que éstas serán rápidamente aprobadas, pero su destino final es incierto. Gran parte de los Colegios de Abogados ya están preparando las peticiones de inconstitucionalidad que poblarán los Tribunales, inmediatamente después de su aprobación legislativa y promulgación ejecutiva.

Con ello la Suprema Corte de Justicia tendrá en sus manos, en los próximos meses, dos decisiones de la mayor importancia. La causa sobre la Ley de Medios que, en estos días, sería declarada inconstitucional por la Cámara interviniente y esta cuestión sobre la “democratización de la Justicia”. El gobierno tiene toda la voluntad de seguir adelante. El sistema judicial y buena parte de la “raza política” de la oposición, parecen tener la misma fuerza de voluntad, aunque en una dirección exactamente opuesta. El choque parece inevitable.

Éste será uno de los más ruidosos y contundentes de todos estos años. En esta confrontación y lo que ocurra entre agosto y octubre de este año se van a definir cuestiones que van mucho más allá de las características de lo que va a ocurrir en las próximas elecciones presidenciales. Pero… no nos adelantemos a los acontecimientos y vayamos por parte.La Justica expresa a los sectores más conservadores

No quedan muchas dudas que la Justicia tiene, dentro del sistema institucional de la división de poderes, los rasgos más conservadores. Este reconocimiento llega al punto que algunos de los opositores a estas propuestas actuales manifiestan que ello es así y que está bien porque la Justicia tiene por función moderar la actividad de los demás poderes (Ejecutivo y Legislativo)

De modo que, en este aspecto, las motivaciones explicitadas por la Presidenta parecen acompañadas por la realidad.

Esto, en términos generales, es legítimo y correcto. La apreciación corresponde a la diputada oficialista Diana Conti, Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La legisladora lo completa diciendo que “no hay que temerle a la soberanía popular”. Las dudas comienzan a manifestarse cuando algunos se preguntan si la única forma de expresar la soberanía popular es votar un día cada dos o cuatro años.

Esto tiene que ver con la actual crisis de la democracia representativa, donde el pueblo y sus diferentes organizaciones sociales quieren ser parte de una democracia participativa y no dejarla exclusivamente en manos de los partidos políticos. Con esta modificación una parte del Poder Judicial también se va insertando en se esta misma lógica partidaria que algunos califican como decadente.

Antes de entrar en el señalamiento de los temas incluidos en estas propuestas queda evidenciada una cuestión que no se puede soslayar. Se trata de la fenomenal crisis existente en el sistema de división de poderes que emana de nuestra Constitución Nacional. Esa crisis viene de lejos y es anterior a estas propuestas. De modo que no parece real achacarle a las mismas, como pretenden algunos opositores, esa responsabilidad.

Digamos, como una muestra, que cada día están más diluidas las funciones de un Poder Legislativo cargado de legisladores y asesores, edificios y comisiones, pero sin una función clara ante la sociedad. La experiencia de los últimos años es que cuando el Ejecutivo no tiene mayoría el Parlamento prácticamente no funciona y cuando la tiene se limita a avalar los pedidos que éste le remite. Parece que ha llegado la hora de echar mano también en ese poder para transformarlo en una institución más eficaz al servicio del pueblo y sus intereses. Sería buena una “democratización del parlamento”. Ni hablar del sueño de una “democratización de la democracia”.En cuanto a las normas propuestas hay 3 que son generales y de alto impacto en lo institucional, político y el funcionamiento del sistema judicial.

De ellas, posiblemente, la más importante es la que está referida a la composición y funciones del Consejo de la Magistratura. Una parte del mismo sería electa por el voto popular mediante su inserción en las boletas de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a realizarse en agosto. Este sistema, en la actual situación política, dejaría en el Ejecutivo la posibilidad que, por mayoría simple, pudiera desplazar a jueces.

Además aumenta sus  funciones en el control y administración del sistema judicial en detrimento de la Suprema Corte.

Otra norma apunta a la creación de tres nuevas instancias de Casación, es decir introduce una nueva instancia judicial, reduciendo los temas que llegarían a la Corte y evitando que esta pueda acosar al Ejecutivo con juicios como los de los jubilados.

La tercera norma de fondo tiene que ver con la regulación de las medidas cautelares en juicios contra el Estado. Se propone evitar que se repitan situaciones como la de Clarin y la Ley de Medios que, con  medidas cautelares, se estuvo postergando su aplicación. Reduce la incidencia de este instrumento cuando, a través del mismo, se pretenda postergar la actividad estatal. Esto puede ser muy bueno en algunos casos, peligroso en otros, porque impide el freno legal ante arbitrarias medidas de algún nivel estatal.

Las otras tres disposiciones, con toda la importancia que encierran, son de menor incidencia en la coyuntura inmediata. Se trata de normas relacionadas con el acceso igualitario en la Justicia; otra vinculada a las declaraciones juradas de funcionarios y por último la referida a la publicidad de los fallos judiciales.

Como se tiene dicho, estas normas tienen destino de terminar en la Suprema Corte de Justicia. Lo más significativo de este hecho es que el gobierno se propone usarlas con vista a las próximas elecciones del PASO, así está señalado en la normativa de las leyes en debate (en el caso del Consejo de la Magistratura) Como vemos los plazos son muy ajustados y su llegada a la Corte y la decisión de la misma serán motivo de próximos e ineludibles encontronazos entre la mayoría de la misma y el Ejecutivo.

El oficialismo de esta manera apunta a dos objetivos complementarios. De mínima colocar en el centro de la campaña electoral la cuestión de su enfrentamiento con la Corte, aprovechando el desprestigio de la Justicia y eludiendo la incomodidad de otras cuestiones, como el tema económico. Si las cosas salieran bien y pudiera llegar a las elecciones de agosto aplicando esta medida tendría la ventaja de tener en la boleta electoral una sección con candidatos nacionales que –muy posiblemente- ganarían y le darían visibilidad a un eventual candidato/a a Presidente, para el supuestos que no se lograra la re-reelección de Cristina.