Dic 4 2012
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Sociedad

La despenalizaci贸n del aborto rige en Uruguay

Entr贸 en vigencia en Uruguay la ley que prev茅 no castigar el aborto hasta la semana 12 de gestaci贸n, y hasta la 14 por una violaci贸n o malformaci贸n. Uruguay es el primer pa铆s de Sudam茅rica en despenalizar la interrupci贸n del embarazo.

Desde ayer, las mujeres uruguayas y las extranjeras con m谩s de un a帽o de residencia en ese pa铆s pueden acceder a un aborto en hospitales y cl铆nicas privadas dentro de las 12 semanas de gestaci贸n, y hasta la 14 si se trata de un embarazo producto de una violaci贸n, al entrar en vigencia la flamante ley que regula la pr谩ctica m茅dica. Cuando est茅 en grave riesgo la vida de la mujer o el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, no habr谩 l铆mites para acceder a la interrupci贸n del embarazo. De esta forma, Uruguay se convierte en el primer pa铆s de Sudam茅rica que despenaliza el aborto si la mujer cumple con un procedimiento establecido, que incluye la consulta a un equipo interdisciplinario que le ofrecer谩 alternativas al aborto, como la adopci贸n, y reflexionar su decisi贸n durante cinco d铆as que corren desde el momento que hace la primera consulta.

鈥淗a habido consultas en todos lados, y en todos lados parejo鈥, inform贸 ayer Leticia Rieppi, coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud uruguayo. Aclar贸 que luego del primer mes de vigencia se dar谩n a conocer estad铆sticas sobre el n煤mero de usuarias. La intenci贸n de las autoridades sanitarias es que los abortos se concreten en el propio domicilio de la mujer interesada mediante el uso de los f谩rmacos misoprostol y mifepristona, como ocurre en la Ciudad de M茅xico, donde se despenaliz贸 el aborto en 2007. Si bien se respetar谩 la voluntad del paciente, la pr谩ctica domiciliaria se priorizar谩 sobre la internaci贸n y los m茅todos quir煤rgicos.

Esa combinaci贸n de drogas es recomendada por la OMS para la pr谩ctica de abortos seguros y efectivos. La mifepristona (conocida antes como RU486 o p铆ldora abortiva) se utiliza para abortos con medicamentos desde el a帽o 1988 en Francia y China, y desde los 鈥90 en Inglaterra y Suecia. Ha sido autorizada para usarse en 29 pa铆ses, incluso en los Estados Unidos, donde fue aprobada en septiembre de 2000. En Argentina est谩 prohibida.

La ley fue aprobada por el Parlamento en octubre, impulsada mayoritariamente por el Frente Amplio, que debi贸 resignar que la normativa fuera menos restrictiva para lograr los votos necesarios para su sanci贸n. En las propias filas del FA hubo resistencias a apoyar la iniciativa. Apenas aprobada, desde sectores conservadores lanzaron una campa帽a de recolecci贸n de firmas para llamar a un refer茅ndum con el objetivo de lograr su derogaci贸n. En ese contexto, ayer entr贸 en vigor, luego de que el Ejecutivo la reglamentara y elaborara un manual de procedimiento para las instituciones y los profesionales de la salud y una gu铆a t茅cnica para la atenci贸n de los abortos legales.

鈥淟as bases para la reglamentaci贸n son sin dudas la confidencialidad en la consulta鈥 y que 鈥渟ea la mujer quien asuma conscientemente la decisi贸n libre informada y responsable de interrumpir el embarazo鈥, se帽al贸 Leonel Briozzo, subsecretario de Salud P煤blica de Uruguay. Adem谩s, agreg贸, asegura el 鈥渞espeto a la autonom铆a de la paciente鈥 y 鈥渓a seguridad鈥 del procedimiento. El decreto reglamentario establece que el aborto es un 鈥渢ema de salud p煤blica鈥 que una vez decidido responde, por m煤ltiples causas, 鈥渕谩s a una necesidad que a un deseo鈥, destac贸 el funcionario. Consider贸 tambi茅n que se logr贸 una reglamentaci贸n 鈥渆quilibrada y ecu谩nime鈥 que reconoce el 鈥渄erecho a la procreaci贸n responsable鈥 y 鈥渆l valor social de la maternidad鈥, al tiempo que garantiza 鈥渓a seguridad de las pacientes, disminuyendo los efectos colaterales indeseables que puede tener la interrupci贸n de un embarazo鈥.

La ley no legaliza el aborto, sino que prev茅 que no ser谩 punible la interrupci贸n del embarazo en las doce primeras semanas de gestaci贸n si la mujer cumple con una serie de pasos. El procedimiento, seg煤n la reglamentaci贸n, se inicia con la consulta al ginec贸logo en la que la mujer expresa su decisi贸n de interrumpir un embarazo.

En un plazo no mayor a 24 horas, el centro de salud 鈥損煤blico o privado鈥 deber谩 convocar al equipo multidisciplinario, establecido por la ley, para acompa帽ar a la mujer. La usuaria deber谩 salir de la primera consulta con el d铆a, hora y lugar donde se realizar谩 la segunda. En la segunda consulta estar谩 el ginec贸logo, un profesional del 谩rea de la salud mental y otro del 谩rea social. El segundo asesorar谩 en cuanto al mejor acompa帽amiento del proceso y el tercero respecto de las posibilidades de adopci贸n y planes sociales y de apoyo a las embarazas, entre otros puntos. Estos profesionales nunca podr谩n emitir juicios de valor en busca de influir sobre la decisi贸n de la mujer. El plazo de cinco d铆as de reflexi贸n dispuesto por la ley correr谩 desde la primera consulta. Cumplido ese per铆odo, la mujer volver谩 a su ginec贸logo y ratificar谩 o rectificar谩 su decisi贸n. Si contin煤a la voluntad de abortar, se firmar谩 el consentimiento informado y se proceder谩 a la realizaci贸n del aborto a trav茅s de los medicamentos indicados y de forma ambulatoria, con la excepci贸n de que la historia cl铆nica de la paciente requiera internaci贸n.

La reglamentaci贸n prev茅 el concepto de 鈥渙bjeci贸n de ideario鈥, por el cual las instituciones que no quieran realizar el procedimiento deber谩n fundamentar sus objeciones. Hasta ahora s贸lo dos instituciones privadas 鈥揷at贸licas鈥 anunciaron su negativa a practicar abortos. Los centros de salud tendr谩n 15 d铆as, a partir de ahora, para presentar ante la Junta Nacional de la Salud un escrito fundamentando sus objeciones en base a lo que surja de sus estatutos y declaraciones previos a la entrada en vigencia de la norma.

En el caso de los m茅dicos que planteen que sus creencias o conciencia no les permiten realizar el procedimiento ser谩n liberados del acto, pero no del asesoramiento, ni los dem谩s pasos previstos en la reglamentaci贸n. Y tendr谩n la obligaci贸n de derivar a la usuaria a otro profesional. Tambi茅n est谩 previsto que si una mujer embarazada pierde la confianza en la instituci贸n de salud a la cual pertenece por su obra social para realizarse el aborto podr谩, mediante un tr谩mite, cambiarse a otro centro de salud.

A pesar de que hasta ahora estuvo criminalizado por la ley, en Uruguay cada a帽o se estima que se realizaban m谩s de 30.000 abortos. Desde hace varios a帽os es pol铆tica de Estado la consejer铆a pre y post-aborto, por la cual las mujeres que llegaban a un servicio de salud p煤blico y planteaban que cursaban un embarazo no deseado que quer铆an interrumpir recib铆an informaci贸n sobre c贸mo hacerlo ellas mismas con misoprostol.

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