Néstor Prieto Amador - publico.es
El presidente busca su reelección poniendo en el centro la gestión y confrontando el pánico moral de la ultraderecha con un crecimiento económico tangible
Brasil da el pistoletazo de salida a unas presidenciales polarizadas y Luiz Inácio Lula da Silva ha decidido no disputarlas donde la ultraderecha quiere.La campaña arrancó este domingo 16 de agosto y el presidente la abrió en el estadio Primeiro de Maio de São Bernardo do Campo —la antigua Vila Euclides—, donde entre 1978 y 1980 dirigió las asambleas de decenas de miles de metalúrgicos contra la dictadura.
Lula da Silva (Pernambuco, 1945) llegó en helicóptero, recibió antes del acto a los obreros con los que hizo aquellas huelgas y habló durante más de 36 minutos sin papeles y sobre un escenario de dimensiones más propias de un festival de rock que de un mitin. A sus 80 años, hiperactivo, con el verbo afilado y la voz ronca de siempre, Lula aseguró que «mientras esté vivo, no voy a dejar que la derecha vuelva a gobernar». Pero el resto del discurso apenas rozó los temas que venían estructurando la conversación política brasileña desde 2018. Ni armas, ni aborto, ni la política educativa en las escuelas. Lula sorteó los temas más espinosos y controversiales para atrincherarse en el único tablero donde la extrema derecha carece de respuesta. El bolsillo.
Lula pretende derrotar a una extrema derecha en ascenso global presentándose como el presidente de los resultados tangibles y la soberanía nacional frente a quienes —acusa— responden a los dictados de Washington. Su embestida frontal contra el bolsonarismo no buscó encender pasiones ideológicas, sino pasar factura a la gestión: los 400.000 muertos de la pandemia, el retraso en la compra de vacunas o el deficiente combate al crimen organizado. Llamando a la militancia a hacer una campaña cercana donde pidan al votante que compare empleo, inflación y servicios sociales entre el cuatrienio de Jair Bolsonaro (2019-2022) y el mandato que ahora culmina (2023-2026).
El repliegue que desplaza la cruzada moral para colocar la economía en primer plano obedece a un Brasil con un Congreso fragmentado donde la derecha y la extrema derecha son mayoría. Y donde el crecimiento demográfico del evangelismo neopentecostal impone una agenda social conservadora y hostil al ideario histórico del PT.
El mandato de Lula culmina con un desempeño macroeconómico notable pese a la inestabilidad geopolítica global: un paro reducido al 5,4%, la pobreza extrema en el 4,4% y la salida del Mapa del Hambre de la FAO después de que el país reingresase en el listado durante el Gobierno de Bolsonaro.Para trasladar esta mejora al bolsillo, el PT ha reforzado las subvenciones alimentarias en las periferias y aprobó a finales de 2025 una reforma del Impuesto sobre la Renta. La exención tributaria para salarios de hasta 5.000 reales mensuales —unos 800 euros— alivia la retención en nómina de diez millones de trabajadores y fija descuentos progresivos hasta los 7.350 reales, dejando cerca de 4.000 reales anuales extra en las economías de clase media-baja.
Para financiar la medida, el Ejecutivo recurrió a la pedagogía del contraste: fijar un gravamen mínimo a las rentas superiores a 600.000 reales anuales y una retención del 10% sobre los dividendos que superen los 50.000 mensuales. Esa misma política financia programas como Gás do Povo —que sustituyó el subsidio monetario por la entrega gratuita de la bombona para evitar que los hogares vulnerables vuelvan a cocinar con leña— o la red Agora Tem Especialistas, volcada en recortar las listas de espera en la sanidad pública.
Pero Lula no se limita a esquivar todas las banderas morales de la ultraderecha, ha decidido plantar cara directamente a uno de sus elementos identitarios: la seguridad pública. En São Bernardo, el presidente vinculó la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad para combatir la criminalidad a la aprobación parlamentaria de la PEC 18/2025 en el Senado Federal —donde no tiene mayoría—, la reforma constitucional destinada a integrar al Estado nacional, estados y municipios en el combate contra las mafias.
«Si se aprueba la PEC, voy a crear el Ministerio para dividir la responsabilidad», aseguró, antes de resumir su diagnóstico en una frase directa contra la demagogia del gatillo fácil: «Es fácil matar al bandido en una favela; el problema es que el que manda vive en un ático».
Desde la campaña del candidato reconocen la demanda social de mayor presencia estatal y buscan disputar la hegemonía que la derecha ha ejercido durante una década en este tablero. Frente al fetiche represivo de la extrema derecha, buscan confrontar el relato simplista con una propuesta más pedagógica. Centrando la lucha contra el crimen en erradicar la economía ilegal que alimenta a las pandillas.
Enfrente, Copacabana
A la misma hora del domingo, mientras Lula se daba un baño de multitudes en el sureste del país, en la playa de Copacabana, Flávio Bolsonaro —senador de 45 años, hijo mayor del expresidente condenado a 27 años por el intento de golpe de 2022— abría su campaña subido a un camión escenario y con chaleco antibalas bajo la camiseta. El acto ocupó una sola manzana de la avenida Atlántica, muy lejos de las movilizaciones que conseguía su padre.
El presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, justificó la baja asistencia por el mal tiempo que azotó la ciudad carioca. Río de Janeiro es el bastión y la cuna política del clan. Allí construyó Jair Bolsonaro su carrera desde la Cámara municipal, allí concentró a sus mayores multitudes y desde allí impulsó la carrera política del hoy candidato.
Entre las banderas brasileñas ondeaban las de Estados Unidos e Israel, hubo rezos públicos y Eduardo Bolsonaro, refugiado en territorio estadounidense desde que el Supremo lo condenó en junio, defendió la enseña norteamericana y acusó a Lula de entregar el país a China.
El candidato reprodujo una grabación antigua de su padre, asumió la comparación —»es difícil comparar al hijo de Pelé con Pelé», dijo—, cargó contra el Supremo y afirmó que el resto del país mira Brasilia con asco. Su programa incluye aplicar la motosierra argentina de Javier Milei al Estado, la clasificación como organización terrorista del crimen organizado, un severo endurecimiento del código penal, castración química para los agresores sexuales y rebaja de la mayoría de edad penal a los dieciséis años.
Los números sonríen a Lula pero con cautela. La encuesta de Quaest del 14 de agosto da al presidente un 38% frente al 31% de Flávio en primera vuelta, y un 43% frente al 40% en la segunda: empate técnico con dos puntos de margen de error, después de que el presidente llegara a aventajarle en cinco apenas nueve días antes.La ventaja se estrecha a medida que la ultraderecha reagrupa un voto conservador hasta hace semanas disperso. Lula depende de una franja del electorado que vota con el bolsillo; es ahí donde espera que su campaña actúe.
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