LA GUERRA CONTRA LA DESIGUALDAD DE LA MUJER
La participación ciudadana es factor prioritario en la democratización de las instituciones. El fomento del desarrollo representativo despierta la vocación de servicio del ciudadano común para que sus contribuciones se realicen en el marco de la eficiencia y no de la improvisación, como un mecanismo que permite reforzar la democracia dentro de los cauces de relación entre la sociedad y sus diversas instancias para el logro del progreso de la población.
A las mujeres de América Latina y el Caribe, la democracia les garantiza, en teoría al igual que a los hombres, sus derechos jurídicos y legales. Sin embargo, y pese a lo aprendido a raíz de los movimientos sociales organizados por ellas, con su intervención y pese a la importancia e impacto de los mismos en los procesos de reivindicación, no se han traducido en mayores espacios de acción o acceso a sus decisiones. Su aporte a la gestión democrática es escasa tanto a nivel de los gobiernos como de los partidos políticos. Un logro importante ha sido la legitimación del tema en ámbito societal y su incorporación a las agendas de diferentes instancias de determinación.
En materia de economía, a finales del siglo XX los Estados de la región comenzaron a reorientar su estrategia de desarrollo, lo que implico el establecimiento de una estricta disciplina fiscal y el control antiinflacionario, en un marco de reformas comerciales que redujeron los niveles de protección efectiva. Todo ello ha conducido, en los últimos años, a una moderada recuperación monetaria y una relativa estabilidad financiera.
Si bien el capital en Latinoamérica funciona sobre nuevas bases, los países no crecen a ritmos que permitan disminuir el desempleo y subempleo. El elemento de incertidumbre, siempre presente en la región, se agudiza por factores extraeconómicos, y el cambiante panorama internacional genera señales contradictorias.
Lo economico
El dominio en lo económico de estrategias que conciben al mercado como el principal asignador y distribuidor de recursos, ha significado profundas desigualdades para una gran mayoría de mujeres. Esto se refleja principalmente en una oferta laboral discriminatoria, segmentada y cada vez menos acorde con el mayor nivel educativo alcanzado por ellas. El desfase entre las expectativas y sus posibilidades efectivas de empleo es creciente y acusa una evidente diferencia de género.
Es así como subsisten graves problemas y dificultades que se expresan muy notoriamente en la persistencia de elevados índices de pobreza, una inequitativa distribución del ingreso y, muchas veces, un deterioro en la provisión de servicios sociales, lo que no sólo hace frágil la convivencia democrática, sino que también pone en tela de juicio el fortalecimiento y la calidad misma de la recuperación económica.
La región ha experimentado una gradual transformación de los sectores productivos. Prueba de ello ha sido una mayor diversificación de las estructuras de exportación, un creciente número de empresas aptas para competir internacionalmente, la mejoría de la capacidad empresarial y una progresiva flexibilización de los regímenes laborales, que intensifican la vinculación entre los salarios del sector formal y el rendimiento.
Sin embargo, esta innovación ha acentuado aún más el carácter dual de las estructuras lucrativas, con un notable aumento del llamado sector informal, que se expande con rapidez, pero genera principalmente oficios de baja productividad y mal remunerados. Esta duplicación de la configuración productiva ha hecho más heterogénea la situación de las mujeres. Si bien una proporción de ellas ha logrado insertarse en las agrupaciones emergentes, su escasa vinculación a las áreas de la ciencia y tecnología, requisito que exigen estos sectores, y su acceso discriminatorio al mercado laboral, han fomentado su incorporación al sector informal, especialmente en los segmentos de menor productividad e inferior salario.
Aún cuando su ingreso a la oferta de trabajo se ha dado en muchos casos en niveles de gran dinamismo, como el de la exportación agroindustrial, los empleos a los que han accedido han sido mayoritariamente de baja calificación y mal pagados, con escasas posibilidades de organización o de negociar mejores condiciones laborales.
El cambio tecnológico, esencial para mejorar la inserción internacional y la integración de la región, se vincula a la capacidad para incorporar progreso técnico e impulsar la articulación productiva. Este proceso exige fortalecer la infraestructura científica, la base empresarial y la calidad de los recursos humanos, así como la adopción de políticas que faciliten el aprendizaje especializado, y el reconocimiento del carácter sistemático de la competitividad.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señala que es en esta área donde ha habido menos progreso con vistas a una incorporación más equitativa de las mujeres. Si bien su número ha aumentado en las áreas de ciencia y tecnología de la educación terciaria, en general en este ámbito no acceden a los empleos de mayor nivel, la capacitación laboral es escasa o inexistente y enfrentan obstáculos culturales para ser aceptadas. Si el progreso técnico es parte esencial de una mejor integración regional, la ausencia de recursos humanos femeninos capacitados en estas materias aumentará la discriminación profesional actual.
La distribución del ingreso de América Latina y el Caribe es la más inequitativa del mundo, como lo señala el informe de la CEPAL, hecho que agudiza la fragmentación de la sociedad y es fuente de tensión política y social. En este contexto, también la situación de las mujeres adquiere una complejidad mayor, ya que crece aún más la distancia entre una minoría que sigue exhibiendo importantes mejoramientos y una gran mayoría cuyas condiciones son deficientes, y a la vez ambos grupos son objetos de diferencias salariales en todos los niveles.
La pobreza
A comienzos del siglo XXI, más de 200 millones de personas no estaban en condiciones de satisfacer sus necesidades básicas y cerca de 94 millones se encontraban en situación de extrema indigencia. En la región, este estado de cosas, perjudica proporcionalmente mas a las mujeres, debido a su inserción inequitativa en el mercado laboral, y es agravado por el aumento de la jefatura femenina en el hogar. Este asunto comienza a ser recientemente considerado como parte de la problemática de los derechos humanos, entendido como un requisito básico para el desarrollo.
Es evidente que para estabilizar las democracias y lograr una ciudadanía de hecho verdaderamente universal, es indispensable avanzar hacia el pleno ejercicio de los derechos económicos y sociales, lo que supone eliminar la indigencia y lograr la cohesión social.
La CEPAL sostiene, que la pobreza es hoy predominantemente urbana en términos de los volúmenes de población afectada, lo que trae consigo el aceleramiento del deterioro ambiental.
Equidad
La idea de que es necesario combinar el crecimiento económico con el equilibrio, y de hacerlo por medio de un enfoque integrado, surge en este contexto como la opción más factible para generar y consolidar los procesos de desarrollo.
La equidad de género debe encontrar su ámbito de progreso natural para abordar los procesos de incorporación igualitaria de las mujeres a la sociedad. En este sentido, la perspectiva de genero, en torno de la cual la reflexión se inició en la década de 19780, pero se ha hecho más sistemática en la actualidad, aporta al análisis de las condiciones de vida y de la integración de las mujeres al desarrollo la idea que mejorar estos aspectos no es suficiente si no se evalúa la posición femenina en la sociedad, condicionada no sólo por factores socioeconómicos, sino por el papel asignado a las mujeres en función de razones culturales.
El enfoque de género, pese a no constituir aún una teoría acabada, emerge como una posible herramienta para explicar los factores de discriminación y subordinación que determina la condición de las mujeres.
Lograr una inserción equitativa de las mujeres en la sociedad sigue siendo un asunto complejo. En él convergen variables cuantitativas y cualitativas, pero lo fundamental es que supone un modelo de sociedad futura, que en estos momentos de grandes cambios ningún grupo tiene íntegramente configurado, ni menos, por lo tanto, los medios para llegar a concretarlo.
Es necesario destacar que la carencia, en la mayoría de los países, de políticas explicitas y continuas destinadas a las mujeres no permite evaluar las acciones que hayan dado origen a la renovación. En este mundo en transición, mujeres y hombres redefinen con muchas dificultades sus papeles en la sociedad, en la familia y en la pareja, buscando ajustarse a una realidad cambiante y con distintas exigencias.
La irrupción de las mujeres en el escenario público modificó necesariamente la configuración de lo privado, pero la magnitud del cambio aún no es clara y persiste el desfase entre el discurso sobre esta esfera y su realidad actual.
Lo que cada vez aparece con mayor nitidez como un consenso creciente es la necesidad de analizar la cooperación de las mujeres en la sociedad y en el contexto regional y con respecto a la participación de los hombres. Ello significa que no se trata de mejorar o promover sólo aspectos específicos de la vida de las mujeres, sino de abordarla en lo que es el conjunto de la construcción de la ciudadanía para varones y mujeres de América Latina y el Caribe.
El caso venezolano
La mujer venezolana, mantiene una lucha permanente para incorporarse en todas las actividades del quehacer diario, aún sintiendo que es objeto de discriminación; sin embargo, el contexto muestra cuan difícil es alcanzar posiciones destacadas tanto en organizaciones políticas, como sindicales, gerenciales y de representación popular.
En los niveles ministeriales, la participación femenina es mínima. En cuanto a las asambleas legislativas, concejos municipales y parlamento la situación es similar.
A pesar del incremento del número de mujeres en las batallas sociales y políticas, así como en el estudio de carreras superiores, al igual que en la lucha gremial y comunal, las estadísticas no reflejan las posiciones alcanzadas, debido a las serias limitaciones que tiene que enfrentar en un recorrido lleno de escollos para obtenerlas.
En el campo político, es tal vez, donde la mujer debe multiplicar esfuerzos para lograr posiciones de relevancia, teniendo, para ello, que superar limitantes como son la familia y la competitividad cada día más fuerte por parte del hombre, que no esta dispuesto a perder ni posiciones ni privilegios.
En Venezuela, no es suficiente que la Constitución Nacional prohíba las denominaciones fundadas en raza, credo, sexo o condición social como único garante de la igualdad civil y jurídica para todos los ciudadanos. Los indicadores vinculados con la calidad de vida han retrocedido significativamente. Un país rico en recursos naturales, excelente en talento humano, en su mayoría jóvenes con capacidad de desarrollo personal y profesional; pero pobre por los efectos de una política económica inadecuada, ha producido una nación donde la mitad de su población se encuentra viviendo en situación de pobreza.
El informe de CECA, Cifras online Group, revela que en el último año la tendencia del fenómeno de pobreza se ha incrementado, registrando un acelerado retroceso, no sólo económico sino social. Las cifras de desempleo en los sectores D y E de población para el año 2005, se ubican en un 44,1%, 9.481.500 personas de las población económicamente activa, mientras que el resto de los habitantes considerados que reciben algún tipo de ingreso está conformado por los empleados (30.8%) y los trabajadores de la economía informal (25.1%).
En este último año las cifras de desempleo en los sectores D y E de la población venezolana aumentaron, si comparamos las cifras de 2004, que lo ubican en el 42.1%. El ingreso de las familias de estos sectores apenas alcanza para cubrir sus necesidades de alimentación.
Este estudio revela que en el año 2004 apenas 39.3% de la población D y E lograba hacer 3 comidas diarias, en el 2005, solo lo hace 32.3%.
La pobreza en Venezuela es un hecho fundamentalmente urbano, ya que el 85% de los ciudadanos vive en las áreas urbanas, sin embargo la incidencia de la carestía es más aguda en las zonas rurales donde tres cuartos de la población vive en escasez.