La habilitación legal de la tortura
Max J. Castro
El contenido básico del tristemente célebre Memorando de la tortura del ex abogado del Departamento de Justicia John Yoo se conoce hace algún tiempo. Pero fue solo la semana pasada que se desclasificó el espantoso documento y se hizo público en su totalidad.
El memorando de 81 páginas, escrito en marzo de 2003, es un testimonio de la depravación en que han caído la administración Bush y sus habilitantes legales de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, cuyas opiniones tienen fuerza de ley en el seno del gobierno federal, en su práctica de la llamada Guerra Global al Terror.
Según el razonamiento jurídico de Yoo, en tiempos de guerra la prerrogativa del presidente para autorizar cualquier técnica de interrogatorio, incluyendo la mutilación y la agresión, anula cualquier ley, nacional o internacional. Por tanto, según la escalofriante lógica de Yoo, ni el Congreso ni el derecho internacional pueden prohibir al presidente que autorice, por ejemplo, a verter ácido sobre un prisionero, rebanarle una oreja a un detenido o sacarle los ojos a un supuesto terrorista.
No hay evidencias de que estos abusos hayan ocurrido en realidad, pero el memo de Yoo sugiere hasta donde están dispuestos a llegar algunos funcionarios de la administración Bush para dar al presidente la cobertura legal para ordenar actos desmesurados e ilegales. Es más, las técnicas de interrogación fueron solo una de las muchas áreas en las cuales la administración Bush redefinió la legalidad a su propia conveniencia.
Por ejemplo, en 2001, una opinión de la Oficina de Asesoría Legal declaró que la prohibición de la Cuarta Enmienda acerca de los registros y requisas no razonables no se aplica a los casos de acción militar en territorio norteamericano en la lucha contra el terrorismo.
En 2002, la misma oficina decidió que ni la Ley de Crímenes de Guerra de EEUU ni las Convenciones de Ginebra se aplican a los prisioneros de al-Qaeda. Posteriormente en ese mismo año, otro memo de la Oficina de Asesoría Legal, redactado por Yoo, redefinió la tortura de una manera extremadamente estrecha para limitarla solo a causar dolor extremo como el que se experimenta durante un daño físico, colapso de un órgano o muerte.
El pueblo estadounidense se ha acostumbrado tanto a una interminable sucesión de escándalos bajo la administración Bush, desde una guerra ilegal en Irak hasta la debacle de Katrina, pasando por Abu Ghraib y Guantánamo, que la indignación después de la publicación del memo de Yoo en el 2003 pasó sin penas ni gloria. Pero algunas personas se dieron cuenta.
En el programa de televisión de Chris Matthews, por ejemplo, el politólogo Andrew Sullivan, que apoyó la invasión a Irak, dijo que el memo de Yoo acerca de la tortura significa "que Donald Rumsfeld, David Addington y John Yoo no debieran abandonar Estados Unidos. En cualquier momento pueden ser procesados por crímenes de guerra".
La columnista del Kansas City Star Rhonda Chriss Lokeman escribió en respuesta a la publicación del memo de Yoo:
"Desde el 11 de septiembre, los apparatchiks de George W. Bush lo han ayudado a implantar políticas cuestionables por medio de la tergiversación de las leyes, la anulación de la Carta de Derechos y concesiones injustificadas del privilegio ejecutivo".
Y Dawn Johnson, una profesora de leyes de la Universidad de Indiana y ex jefa de la Oficina de Asesoría Legal en el gobierno de Bill Clinton, dijo a The Washington Post:
"Al ver 81 páginas de análisis legal con sus notas al pie y un lenguaje que suena respetable, el lector pierde la noción de lo que esto es. Él (Yoo) está diciendo que meter los dedos en los ojos y derramar ácido sobre ellos está fuera de la capacidad del Congreso para limitar a un presidente. Es un documento inescrupuloso".
John Yoo es ahora profesor de leyes en la Universidad de California, Berkeley. Leer su seca justificación legalista para actos de crueldad inimaginable y poder ejecutivo sin límites hace recordar el concepto de Hannah Arendt acerca de la banalidad del mal.
Yoo, que trató de crear un escudo legal para garantizar la impunidad de los más altos responsables de formular las políticas y de los que llevan a cabo sus órdenes ilegales, no debiera beneficiarse del clima de impunidad que él ayudó a crear. Al mismo tiempo, Yoo era un engranaje en una máquina de poder mucho más grande decidida a subvertir las leyes en EEUU y el derecho internacional, a fin de hacer avanzar un proyecto para imponer el castigo y restablecer la dominación absoluta de EEUU.
Ese proyecto ha demostrado ser no solo un desastre moral, sino también de tipo militar y político. Sin embargo, nadie ha pagado un precio por esta debacle. En última instancia, no solo Yoo, sino también sus amos políticos deben ser llamados a contar por violar la ley, la Constitución y el buen nombre de la nación.
Periodista.
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