La hipocresía del “regreso voluntario”

Debido a los efectos de recesión en el ámbito del trabajo europeo producto de las fuertes bajas financieras y económicas suscitadas a partir de la crisis iniciada en Estados Unidos, los inmigrantes -entre ellos los latinoamericanos- que buscaban un mejor futuro laboral en el viejo continente se vieron obligados a regresar a sus países de origen o a quedarse padeciendo la desocupación y la constante ola de discriminación y racismo.

 

La xenofobia presente en las políticas de los gobiernos europeos, sobre todo, en Italia y España, se ha acrecentado aún más a partir de las consecuencias de la crisis financiera. Los europeos ven en el inmigrante a un “usurpador” de los puestos de trabajo, los cuales escasean con mayor frecuencia poniendo en alerta tanto a los dirigentes políticos como a los ciudadanos.

 

España es uno de los países que registra un mayor alza en el número de desempleos en lo que va de este año, sobre todo en los últimos meses a partir del caos financiero mundial. En este sentido, según el Instituto Nacional de Empleo (INEM) español, esta cifra subió por séptimo mes consecutivo, incrementándose en 192.658 personas en el mes de octubre respecto a septiembre. Así, el total de personas sin empleo es de 2.818.026, el índice más alto registrado en los últimos doce años.

 

En torno a esta conflictiva situación que tiene como protagonista a millones de inmigrantes latinoamericanos que residen en el país presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, la secretaria general de empleo, Maravillas Rojo, afirmó en un comunicado que esos números son "ciertamente negativos", y explicó que son producto de la crisis financiera internacional. Asimismo, la funcionaria resaltó la inmediatez con que el Presidente español procederá en la toma de decisiones que protejan al empleo y a la familia.

 

Sin embargo, estas políticas que comenzaron a ponerse en práctica en España no tienen en cuenta al gran número de inmigrantes que habitan ese país de manera legal o no. Es decir, se promueve el resguardo del derecho a trabajar para las familias españolas pero no para las extranjeras, la mayoría de ellas víctimas del desempleo actual por el que transita el país.

 

En este escenario, los inmigrantes no sólo se hallan excluidos del sistema laboral, sino también de la sociedad española debido a que gran parte de ella considera al inmigrante como un “ajeno” que pretende usurpar sus puestos de trabajo, más aún en un contexto de creciente incremento de la desocupación y la ausencia de nuevas ofertas laborales derivadas de la falta de inversión ante la inestabilidad económica y financiera.

 

Se debe considerar que la crisis laboral en España se inició en el ámbito de la construcción, un espacio que se encuentra ocupado principalmente por inmigrantes de origen latinoamericano ya que estos son quienes realizan labores tales que los ciudadanos europeos desechan, considerándolos trabajos de segunda categoría.

 

A su vez, este sector que fue uno de los grandes impulsores de la economía española durante los últimos tiempos, no sólo redujo considerablemente los sueldos a sus empleados sino que, desde hace un par de meses, registra la suspensión de pagos. Una situación similar sucede en el sector de servicios, ocupado en su gran parte también por extranjeros.

 

En este sentido, esta reducción ha afectado ciertamente a miles de extranjeros que prestaban sus servicios en la construcción. No obstante, los latinoamericanos no son los únicos afectados, ya que tanto España como otros países europeos reciben extranjeros de naciones, sobre todo africanas, con objetivos similares, basados sobre todo en la búsqueda de un futuro mejor.

 

Según cifras oficiales, en un año, desde octubre de 2007 hasta ese mes de 2008, 155.673 inmigrantes han perdido su empleo en España, de los cuales 239.200 procedían de países fuera del área de la Unión Europea (UE).

 

La Comisión Europea (CE) pronosticó, hace unos días, en sus perspectivas económicas, una fuerte subida del desempleo en España, que alcanzaría a más del 13 por ciento de la población activa el próximo año. Asimismo, el presidente de los empresarios españoles, Gerardo Díaz Ferrán, vaticinó una tasa que podría acercarse hasta el 17 por ciento de la población activa en 2010. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI), sitúa el incremento en el 14,7 por ciento para 2009.

 

Con la mirada poco alentadora de los pronósticos y la crisis que continúa su marcha, cínica e hipócrita es la solución que el presidente español Rodríguez Zapatero pretende emplear para revertir esta situación: ante la recesión económica y el consecuente desempleo, hace dos meses, el Gobierno español aprobó un plan con el que se pretende “ayudar” a los inmigrantes que han perdido sus puestos de trabajo, echándolos sutilmente de tierra española.

 

Este plan pretende acoger a 100 mil familias, las cuales cobrarían un subsidio de desempleo, en dos plazos, si cumplen con un requisito en el que recae toda la xenofobia, la discriminación y la hipocresía del Gobierno Español: estas familias de inmigrantes, por recibir el subsidio, deben cumplir con la condición de regresar a su país de origen y no volver a España por un período de tres años.

 

Luego de ese período, los inmigrantes desalojados podrán volver a pedir la entrada al país, pero el Gobierno Español no garantiza que puedan realmente hacerlo, debido a que se estima que las medidas acerca de la inmigración se agudizarán, incrementándose las restricciones al movimiento migratorio con destino a España.

 

Paradójicamente llamado “Plan de Regreso Voluntario” impulsado por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho y aprobado por el Congreso de Diputados, muy lejos se halla la actitud de España de acoger a los extranjeros, brindándole garantías hasta la obtención de un nuevo puesto de trabajo, tal como lo realizaron los países latinoamericano, tales como Argentina, durante finales del siglo XIX y principios del XX.

 

Corbacho pretendió defender públicamente la iniciativa afirmando que el objetivo de las nuevas medidas "no es rechazar la presencia de desempleados extranjeros" en el país sino que éstos "pueden quedarse en España con derecho a desempleo y buscar un nuevo trabajo o regresar a su país con el incentivo del cobro acumulado de esa prestación", aseguró el Ministro con tono de altanería.

 

Parece que el viejo continente ha alcanzada tal edad que ha hecho que su memoria se vuelva frágil e ingrata, olvidándose de que alguna vez América acogió en su seno a millones de españoles que desilusionados por la situación económica de su país de la posguerra, decidieron instalarse en el Sur y conformar allí su futuro y sus familias.

 

Muy dispar es la situación que viven en la actualidad los latinoamericanos que se ven obligados por el Gobierno Español a renunciar a sus permisos de residencia y trabajo.

 

Con el desempleo se incrementan también las fuertes medidas de opresión hacia los inmigrantes. Teniendo como punto de partida las polémicas políticas del presidente italiano Silvio Berlusconi que criminalizó la inmigración considerando a los extranjeros como delincuentes, condenándolos a la cárcel y prohibiéndoles su ingreso a territorio italiano, el gobierno de Rodríguez Zapatero prevé la reforma de la “Ley de Extranjería”.

 

El Ejecutivo abordará este proyecto de modificaciones antes de fin de año con el objetivo de establecer mayores restricciones al ingreso de inmigrantes en suelo español.

 

Otra de las polémicas medidas dispuestas en España reside en restringir el número de familiares de extranjeros que obtengan permiso de residencia. Es decir, no sólo se pretende despojar a los inmigrantes sólo de sus fuentes de trabajo, de sus libertades económicas sino también de sus familias. Con estas políticas, se pretende desarticular al migrante y su identidad en tanto individuo como miembro de una familia para debilitarlo aún más y obligarlo a cumplir con un regreso forzoso.

 

De esta manera, sólo el cónyuge y los hijos menores de 18 años del inmigrante podrán obtener la residencia. Actualmente y hasta que se promulguen las nuevas disposiciones, los inmigrantes legales podían reagrupar a sus cónyuges, a sus hijos sin importar la edad que tuviesen, a sus padres y a sus suegros.

 

Pero esto no es todo si de maltrato y discriminación se trata. La vicepresidenta española María Teresa Fernández De la Vega, reconoció que se busca aumentar de 40 a 60 días el plazo de privación de libertad previsto por la legislación para los inmigrantes irregulares. El objetivo, según afirmó, es "dotar de más tiempo" al proceso de deportación de los ilegales.

 

No obstante, De la Vega aseguró que España no aplicará el periodo máximo de 18 meses de retención para inmigrantes sin papeles que prevé la Ley de retorno aprobada recientemente por la Unión Europea (UE). Con algunas diferencias y muchas similitudes, los Estados europeos han iniciado una seguidilla de políticas tendientes a la persecución de los extranjeros y a la violación de sus derechos como seres humanos, generando una exaltación de los rasgos xenófobos presentes en Europa que parecen remontarse a los tiempos de Franco, Hitler y Mussolini.

 

Según estadísticas, en España residen casi 4 millones y medio de inmigrantes, más de un 10 por ciento del total de la población. La mayoría de ellos proviene de países latinoamericanos que ven en el “Primer Mundo” una salida fructífera en cuanto a crecimiento económico y personal. Muchos lo consiguen pero la gran mayoría queda a mitad de camino y con una frustración más a cuestas: la de ser discriminado.