La indignación de un ciudadano. – COSTA RICA RUMBO AL DESPEÑADERO
El dictamen emitido por la Sala IV avalando la Constitucionalidad del TLC es el último golpe a lo poquito que quedaba de institucionalidad en nuestro país. Ignorando olímpicamente los planteamientos realizados por connotados(as) especialistas, juristas y abogados constitucionalistas, los magistrados de la Sala Constitucional han demostrando que la separación de poderes es simple baba publicitaria.
La Sala IV, plegada al poder de los Arias y del capital transnacional, ya en el 2003 con el «bazoocazo constitucional», o «Golpe de Estado corrupto y vandálico», como lo calificó el ex presidente Luis Alberto Monge, cuando autorizaron la reelección de Oscar Arias, nos habían anunciado que la corrupción también se incubó en el Poder Judicial. Lo de hoy, no hay duda, es otro golpe de estado corrupto y vandálico.
¿Qué otra cosa se podía esperar?
Según la Comisión de enlace de lucha contra el TLC, magistrados como Luis Paulino Mora, o la magistrada Ana Virginia Calzada, funcionarios de la primera administración Arias en el período 1986-1990, o el magistrado Adrián Vargas, quien es esposo de una sobrina del presidente Arias y hermano del ex Contralor ligado al PLN, y los otros magistrados como Luis Fernando Solano y Ernesto Jinesta que han sido militantes activos del PLN y del PUSC, están nombrados para legitimar jurídicamente los negocios de los hermanos Arias Sánchez.
¿Qué se puede esperar entonces? Son figuras que las mafias neoliberales han colocado para resucitar el sistema corrupto y decadente del bipartidismo, responsable del avance en la destrucción del Estado Social de Derecho que pretenden sustituir por un Estado Liberal de Mercado, mediante un TLC equivalente a una nueva Constitución Política de carácter neoliberal.
El nivel de arrogancia y corrupción es muy alto, pero se debe subrayar las posturas de los magistrados Gilberth Armijo y Fernando Cruz, que declaran que el tratado es inconstitucional por:
a) lo dispuesto en cuanto a la Comisión de libre comercio;
b) del Capítulo de telecomunicaciones lo que se refiere a la aplicación retroactiva del anexo 13;
c) lo dispuesto en materia ambiental, salvo lo relativo a la participación ciudadana;
d) lo relativo al proceso de certificación en los Estados Unidos;
e) el arbitraje inversionista-Estado;
f) la figura de la Comisión de libre comercio;
g) el tema de los medicamentos en el Capítulo de propiedad intelectual; y
h) en lo referente a resolución de controversias, inversiones y salud, en cuanto afecta el Estado social y democrático de derecho.
El magistrado Armijo, además, considera inconstitucional el concepto de territorio establecido en el tratado.
Por eso ni la Sala IV, ni el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) merecen respeto alguno, son simples instrumentos de una oligarquía prepotente que conduce el país hacia el despeñadero.
El TSE ha perdido toda legitimidad desde que, según personalidades como José Migel Corrales, cohonestó un fraude electoral que le permitió a Oscar Arias ser hoy Presidente de la República. En relación con el referéndum que se aproxima, violentaron el procedimiento al desconocer la primera iniciativa para hacer una convocatoria por medio de la recolección de firmas y autorizaron el «decretazo» presentado por Casa Presidencial para favorecer los intereses de la oligarquía nacional y transnacional.
Promulgaron un reglamento que abre todos los portillos a los promotores del tratado que, por ello, podrán financiarse en forma millonaria sin restricción alguna pues no garantiza ningún equilibrio en términos de propaganda ni de acceso a medios de comunicación, y no establece el mínimo requerimiento respecto a fiscalización y transparencia del proceso para evitar la posibilidad de fraude, como, por ejemplo, que el voto sea mediante la impresión de la huella dactilar.
La lucha contra el TLC y por la democracia bajo nueva perspectiva
Queda demostrado que con su pronunciamiento la Sala IV decidió romper el orden constitucional y secuestró la institucionalidad costarricense para favorecer los intereses de la oligarquía nacional y de las transnacionales. Por eso deseo expresar mi más profunda indignación ante la prepotencia y la impunidad de una oligarquía que ha decidido vender el país en contra de la mayoría de costarricenses que opinan estar en contra de tan nefasto tratado.
Hemos sido secuestrados, con nuestras más caras instituciones, por una camarilla voraz que no repara en ardides y medios para alcanzar sus más oscuros objetivos. Y alertar, humildemente, sobre la posibilidad de un fraude en el próximo reférendum. ¿Por qué –si hicieron lo que ya se ha demostrado hasta la saciedad– no serían capaces, una vez más, de desconocer la voluntad del pueblo costarricense?
Todos los antecedentes nos indican que se avecina un fraude largamente anunciado.
Es obvio que la lucha, a partir de este momento, adquiere una nueva dimensión. Ya no sólo se trata de derrotar al TLC en el referéndum y a su agenda de implementación, se trata también de enfrentar y resistir al actual régimen dictatorial de los Arias que ha consumado una ruptura del orden constitucional con profundas repercusiones sociales, de acuerdo al anuncio del mismo Oscar Arias hecho por la prensa hace más de un año: gobernar bajo la premisa de «una dictadura en democracia».
Sí, ya lo sé: antes de ahogarme en mi indignación e impotencia se torna imprescindible estar vigilantes. Pero no por ello dejo de interrogarme: ¿Qué más podemos esperar de un gobierno ilegítimo y de una oligarquía prepotente y rapaz que ha decidido entregar nuestras riqueza naturales, materiales e intelectuales a las grandes empresas transnacionales? ¿No parece que ya es hora de poner las barbas en remojo y de repensar la lucha cívica por otras vías que no sean solamente las electorales?
Porque la indignación tiene un límite.
————————————
* Escritor.