“Yo pienso que no estamos hablando del futuro. Ya hoy en día hay países en los cuales hay indicadores, como por ejemplo la esperanza de vida en EU… no sé si será perenne pero invirtieron esa curva hace ya algunos años…” (J.M. Jancovici)
La intercepción, desvío en altamar y confiscación de toneladas de petróleo venezolano que transportan buques con bandera no estadounidense, es un acto de piratería penal ordenada e instigada por el presidente Donald Trump, quien viola groseramente el Derecho Internacional y el Marítimo, y el bloqueo decretado un acto de guerra.
Así lo consideran muchos expertos en Derecho Internacional y hasta legisladores de EU como el representante Adam Smith, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, quien aclaró que, “aparentemente están bloqueando a la industria petrolera venezolana, no a todo el país. ¿Cómo cambia eso las cosas? Pude hablar con algunos abogados, pero en general un bloqueo es un acto de guerra”.
Nadie se cree el cuento de que se trata de una lucha contra el narcotráfico, ni la Casa Blanca, ni sus secretarios involucrados en los hechos, ni líderes de Naciones Unidas, ni magistrados de tribunales internacionales y del propio Estados Unidos, pero Trump lo hace.
También saben que sus argumentos de que se trata de buques sancionados es otra farsa que la montó desde su primer gobierno amparándose en una legislación de conveniencia (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional o IEEPA) inventada por Estados Unidos para fabricar guerras, robar petróleo, confiscar recursos financieros y activos o decretar aranceles de castigo.
La IEEPA no está avalada por ningún organismo internacional, y es usada para decretar órdenes ejecutivas sin aval jurídico del Derecho Internacional o el Derecho Penal, las cuales promulga sin pruebas y solo bajo la mentirosa palabra del presidente, para autorizar la imposición de sanciones a entidades no estadounidenses.
El debate sobre su legitimidad entre especialistas es silenciado por la gran prensa al servicio de empresarios millonarios de los sectores armamentistas, energético y comercial, pues todos conocen que no está universalmente reconocida por los tribunales internacionales.
Las presuntas sanciones, –no solamente a Venezuela e Irán por su petróleo y otras riquezas, y razones geopolíticas que incluyen el control de los corredores marítimos del crudo–, son ilegítimas pues están basadas exclusivamente en un sistema jurídico y económico exclusivo de Estados Unidos cuyo centro es la IEEPA.
Ese mecanismo está concebido para otorgar al presidente una amplia autoridad para regular el comercio internacional y congelar activos en respuesta a las amenazas y extraordinarias para la seguridad nacional sin necesidad de demostrarlo con pruebas como, por ejemplo, asegurar que el dinero del petróleo que Venezuela extrae de las entrañas de su tierra no es para el bienestar del pueblo, sino para sostener a los cárteles de la droga.
Como es Trump quien lo califica y define amparado en esa ley, consideran que todos deben aceptarlo, incluidos los tribunales. Y surgen así, como ucase, las famosas órdenes ejecutivas que “legalizan” la mentira, el engaño y el delito en el marco jurídico interno, como las recientes 13850 y la 13884, por las cuales Trump designa al sector petrolero venezolano sujeto de sanciones y a entidades de terceros países. La ONU y sus órganos especializados, no tienen cabida en esa situación.
Allí encaja su definición de Nicolás Maduro como un gran jefe del narcotráfico que lo usa para agredir a Estados Unidos y poner en peligro su integridad física, y eso justifica pagarle 50 millones de dólares a quien lo liquide.
En ese mismo contexto está su orden al Comando Sur y jefaturas de la VI y VII Flotas, invadir con su marina de guerra el Caribe sur y emplazar allí el poderosísimo portaviones nuclear USS Gerald R. Ford (CVN-78) con sus misiles RIM-162 Evolved Sea Sparrow y sus 90 aviones de combate.
Pero está claro que la “potestad” de EU para imponer sanciones a cargueros de terceros países no está reconocida como legítima por algún tribunal internacional y que la intercepción o captura de barcos en alta mar fuera de aguas territoriales estadounidenses sin un mandato de la ONU es violatorio de dicho derecho y un acto de guerra o piratería contrario a la Carta de la ONU y la libertad de navegación.
De allí que legisladores republicanos como el senador Roger Wicker, presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas, se apuró en dar por concluida la investigación de su panel sobre el ataque del 2 de septiembre y el asesinato de dos sobrevivientes de una lancha ilegalmente atacada, y aseguró en forma poco creíble que toda la campaña se lleva a cabo “con asesoramiento jurídico sólido”.
La gran prensa y famosos columnistas propagan que el bloqueo y la piratería son legales y le “aconsejan” a Maduro que no se deje engañar, que detrás de la ocupación de los petroleros no hay robo y no crea lo que los demócratas califican de una jugada maleva de Trump para provocar la ira de los bolivarianos y cometan el error de responder con violencia para justificar una acción militar grande contra Venezuela.
A quien parece no importarle lo que piense la gente es a Trump.
Hay un precedente que él cree que lo beneficia: Irak donde George Bush acabó con Bagdad y otras ciudades para también robarse el crudo de ese país, o en Panamá para intentar quitarle el Canal conquistado por Omar Torrijos.
En su lógica, el mundo no tiene otra opción más que acostumbrarse a que, quien tenga yacimientos de hidrocarburos y carezca de armas nucleares para defenderlos, cargue con la cruz de saciar la sed de petróleo de los millonarios de Trump y calme así su ansiedad, porque ya hasta las arenas bituminosas se les están acabando y no van a permitir que su inventario se quede en cero.
Según las encuestas internas, más de un 70 por ciento de los estadounidenses rechazan una guerra contra Venezuela. Esperemos que también lo estén contra el robo de petróleo y los asesinatos extrajudiciales autorizados por su presidente.
Diferencia entre pirata y corsario
Los piratas son delincuentes organizados que cuentan con una o varias embarcaciones y roban a otras para su propio beneficio. Los corsarios hacían lo mismo pero auspiciados por el gobierno de alguna nación para que atacaran impunemente barcos de países rivales.
* Periodista cubano
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