La “inseguridad” en las urbes de la región: Aristas de un debate candente
Margarita Torres*
El delito y la violencia social han reinstalado la discusión sobre cómo combatir la inseguridad y en ese contexto emergen viejas pujas entre corrientes políticas y jurídicas opuestas.
“Lo característico de la vida actual no son la inseguridad y la crueldad, sino el desasosiego y la pobreza”. (George Orwell)
Algunos piensan en bajar la edad de imputabilidad de los menores. Otros no se atreven a tanto pero piden más cárceles y severas restricciones a los beneficios de la libertad morigerada y a las excarcelaciones. Lo cierto es que todas las recetas que se inclinan por el endurecimiento de las penas y las leyes han sido aplicadas y sin embargo, el flagelo de la inseguridad pone en jaque a los Gobiernos en gran parte del mundo.
En América Latina el escenario es sumamente complejo atento a la supremacía de las políticas neoliberales en los últimos años y que han devastado las estructuras sociales que daban un marco de contención al individuo, hoy despojado de trabajo y perspectivas de cambio en su calidad de vida.
El historiador y filósofo argentino Ignacio Lewkowicz bautizó a esta etapa como la “la era de la fluidez”, para dar cuenta de un estadio en el cual los estados ya no son soberanos, sino que se disuelven en la liquidez del capital, y éste no funciona según valores, principios o ideologías, sino que va según el principio del máximo valor.
Partiendo de la realidad de lo que significó el auge del neoliberalismo para los países denominados “emergentes”, la problemática de la seguridad no parece reducirse al castigo y tipificación del delito, sino que merece un análisis pormenorizado y minucioso para comprender las causas y no simplemente pretender atacar sus consecuencias.
No hace falta vivir en guerra para sentirse inseguros. De hecho, como en tantos otros países de la región, en Argentina la seguridad es el reclamo más fuerte de la sociedad y al cual el Gobiernos, nacional como provincial, no puede eludir. En ese marco surgen opiniones encontradas respecto de cómo encarar la situación, no sólo desde el poder político, sino que hasta los juristas se dividen entre los tildados de “garantistas” y los de pensamiento más ortodoxo.
La falta de tolerancia aparece como una de las características más salientes de esta época, así como también la alteración en el modo de establecimiento de los vínculos sociales. Por eso, la violencia no debe entenderse sino como un hecho determinado por los distintos aspectos las realidades nacionales en sus facetas históricas, políticas y socio-económicas, que parecen ser resultado de la eclosión de un conjunto conflictos económicos y sociales y que está particularmente presente en las grandes urbes.
El tema de la participación de los menores de edad en los delitos con alto contenido de violencia ha vuelto al debate en Argentina, especialmente en la provincia de Buenos Aires (el primer estado en términos demográficos y económicos), como resultado del intenso reclamo de las clases medias que se movilizan para exigir más seguridad.
Así, a las convulsivas respuestas de algunos gobernantes, que plantean la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad de los menores como solución al problema, otros sectores -especialmente vinculados a organizaciones sociales y de derechos humanos- alzan su voz para advertir que en la mayoría de los casos, la violencia juvenil es la manifestación de una necesidad de supervivencia en un contexto signado por la ausencia de oportunidades, el desempleo y la proliferación de la droga.
Peter Peetz, investigador alemán del Instituto de Estudios sobre América Latina con sede en Hamburgo, consigna que muchos Estados latinoamericanos siguen enmarcados en las viejas doctrinas de “Seguridad Nacional” y “Seguridad Pública” propagadas por la Escuela de las Américas, que esparció por América Latina el germen de un militarismo a ultranza “violador de los derechos humanos y que calificaba a los críticos como enemigos de Estado”.
El debate abierto en Argentina, especialmente en la provincia de Buenos Aires, ha reverdecido la puja entre quienes advierten sobre la ineficacia de la política denominada como “mano dura”, que apela al endurecimiento de la legislación penal, en particular la que respeta a la minoridad y quienes la sustentan como una herramienta válida para la lucha contra la delincuencia.
Fue el propio gobernador Daniel Scioli, quien -en el marco de una seguidilla de hechos violentos- reflotó la idea de bajar la edad de imputabilidad de los menores, expresiones que desencadenaron una ola de respuestas contrarias e incluso movilizaciones en defensa de los niños y jóvenes que viven en situación de marginalidad, que conforman la franja hacia quienes apuntan los sectores medios como responsables del caos social y exponen como un riesgo latente contra la seguridad ciudadana.
La oposición a esta reforma penal provino, entre otros sectores, de la propia Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, quien rechazó la iniciativa oficial por considerarla una medida insuficiente para poner fin al flagelo que se pretende combatir.
La funcionaria también hizo referencia a la falta de programas y herramientas específicas que tienen jueces y fiscales a la hora de proceder con los menores que incursionan en el delito, y a la falta de políticas integrales que permitan reinsertarlos en la sociedad. La jefa de los fiscales bonaerenses remarcó la necesidad de contar con políticas públicas que realmente contemplen la inclusión social, la educación y la protección de los desamparados, antes de avanzar en la alternativa de bajar la edad de imputabilidad de los menores.
En tanto, en un comunicado del 31 de octubre de este año, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena sostuvo que es necesario en América Latina y el Caribe “cambien la visión de la juventud como problema, a una visión que rescate la idea de la juventud como promesa”.
El planteamiento fue formulado durante el lanzamiento del informe "Juventud y cohesión social en Iberoamérica: Un modelo para armar", elaborado por la CEPAL y la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) y dado a conocer durante la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en El Salvador.
En ese contexto, Bárcena indicó que para la cohesión social “son necesarios mecanismos e instituciones que permitan mayores niveles de inclusión social para que los distintos grupos y actores de la sociedad se sientan parte de ella, identificados con sus valores, reconocidos por otros como ciudadanos plenos, convergiendo en proyectos conjuntos de futuro”.
Asimismo, consideró que “la persistencia en brechas sociales en el seno de la juventud, que a su vez marca brechas en oportunidades educacionales, de empleo, de acceso a redes, de vulnerabilidad ante riesgos externos, constituye el lado del vaso medio vacío, junto a la violencia que afecta a los jóvenes y la distancia que sienten con el sistema político”.
Tampoco es menor el rol que juegan los medios masivos de comunicación que en muchos casos (en la mayoría), contribuyen a expandir el miedo y la inseguridad en la población.
Por lo pronto parece indispensable profundizar en la lógica de la construcción de la realidad que ejercen los medios, conformes a sus intereses e ideologías, para poder captar si las “olas de violencia” a las que a diario hacen mención, se condicen, efectivamente, con un aumento del fenómeno, o si es producto de un uso intencional de los hechos que pretende legitimar un discurso que justifique acciones punitivas y la configuración de sociedades más duras y autoritarias.
*Publicado en APM.