La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó resolución a favor de Juan y Macarena Gelman en su denuncia contra el Estado uruguayo que con la vigencia de la Ley de Caducidad no le permite saber la verdad sobre lo ocurrido con María Claudia García de Gelman, desaparecida en Uruguay en 1976.
La resolución fue comunicada el viernes pasado al Ministerio de Relaciones Exteriores, y Uruguay tiene dos meses para habilitar derecho a la verdad de Juan y Macarena Gelman
El contenido de la resolución entregada a la Cancillería establece un plazo de dos meses para que el Estado de Uruguay cumpla las recomendaciones del organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Aunque la resolución de la CIDH es reservada para la parte denunciante, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) que representa a los Gelman ante la OEA informó al abogado José Luis González que el pronunciamiento es favorable ya que impone el artículo 50 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
La Convención establece en su artículo 50 que cuando el Estado parte no da una solución satisfactoria a las recomendaciones de la CIDH, el organismo trasmitirá sus conclusiones e impondrá un plazo de dos meses para su cumplimiento, antes de que el caso sea derivado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La CIDH ya había realizado un pronunciamiento en contra de la Ley de Caducidad en el año 1992, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, pero la norma se mantuvo vigente. La Corte Interamericana, de actuar, puede imponer una condena al Estado uruguayo que, incluso, correría riesgo de ser expulsado de la OEA.
María Claudia, nuera del poeta argentino y madre de la joven nacida en cautiverio en el Hospital Militar, fue secuestrada el 28 de agosto de 1976 en Buenos Aires, recluida junto a su esposo Marcelo Gelman en el centro de torturas Automotores Orletti y luego trasladada ilegalmente a Montevideo donde dio a luz a su hija antes de ser desaparecida.
Macarena Gelman había recuperado su identidad en el año 2000 poco después de la asunción del presidente Jorge Batlle, quien decidió la creación de la Comisión para la Paz, sin embargo, meses más tarde el propio mandatario decidió cerrar la causa judicial al incluirla en la polémica Ley Nº 15.848.
El reclamo ante la CIDH fue presentado el 8 de mayo de 2006 por Juan Gelman y Macarena Gelman, quienes denunciaron que sus derechos eran violados por Uruguay donde el Poder Judicial había clausurado definitivamente la indagación sobre lo ocurrido con María Claudia y su eventual lugar de enterramiento clandestino.
Un año después, la CIDH aprobó un informe de admisibilidad sobre el Caso Gelman y pidió respuesta al Estado uruguayo por el mantenimiento de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que ya había sido considerada violatoria de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el año 1992.
El expediente del Caso Gelman fue reabierto en dos ocasiones por el juez Gustavo Mirabal, ante quien se presentaron pruebas supervinientes aportadas por sendas investigaciones de La República, en las que se ubicó la Base Valparaíso (último paradero de María Claudia) y se denunció la existencia del "segundo vuelo" de Orletti.
La investigación periodística estableció que María Claudia fue trasladada a Uruguay en el mismo "paquete" de ese "segundo vuelo" por el que en 1976 se trajo a una veintena de uruguayos, secuestrados en Argentina y torturados en Orletti, quienes fueron recluidos en el "300 Carlos", ejecutados en forma masiva y sus cuerpos desaparecidos.
El presidente Tabaré Vázquez, al asumir declaró que el caso Gelman estaba excluido de la Caducidad, sin embargo, el fiscal actuante, doctor Enrique Moller, pidió entonces archivar el caso porque consideró que la Ley de Caducidad era una amnistía, y un tribunal de apelaciones confirmó la clausura del expediente.
A principios de 2008, Macarena Gelman volvió a presentarse ante la Justicia y pidió la reapertura de la causa. El pedido fue recibido por el juez Pedro Salazar, quien dio vista al fiscal Eduardo Fernández Dovat, que admitió reabrir la indagatoria. El Juzgado citó para el próximo 28 de agosto a los primeros testigos.
Publicado en el diario uruguyo La República.
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