La nueva Constitución: Bolivia inicia azarosa refundación nacional
Mario Hubert Garrido*
Como suele ocurrir, cuando lo que los "grandes medios" llaman noticias en desarrollo dejan de presentar aristas espectaculares –ojalá sangrientas– dejan de ser información y se ponen en la heladera –hasta que algún suceso pueda servir para mejor olvidar su trascendencia y dejar en primer plano lo inútil y lo que refleje la imposibilidad de cambiar las cosas. El artículo de Mario Hubert Garrido prueba que el periodismo es algo más: una profesión noble por ejemplo.
Con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), la número 17 en toda su historia, Bolivia comienza en 2009 el camino de la refundación nacional, no menos azaroso, según su presidente Evo Morales.
Desde el 6 de agosto de 2006, en la ciudad de Sucre, tras instalarse la Asamblea Constituyente, integrada por 255 representantes de los diferentes partidos y organizaciones sociales, ese texto que marca el futuro del país, enfrentó no pocos obstáculos.
Maniobras de la oposición, desde artimañas legales como la aprobación de cada uno de los 411 artículos por la vía de los dos tercios y la defensa del régimen autonómico, hasta actos violentos y sabotajes a la economía dirigidos a un golpe de estado civil, no lograron impedir que en las urnas el soberano ratificara la norma.
Por primera vez los bolivianos fueron consultados mediante el voto universal, secreto y directo, sobre una nueva nación que promulga la justicia y la igualdad, tras 500 años de colonialismo.
Sobre el sondeo, que también determinó que una persona posea como máximo una extensión de tierra de cinco mil hectáreas, lo que frena el latifundio, el propio Morales explicó que el nuevo texto constitucional es el resultado de luchas milenarias y de la conciencia del pueblo.
Tras conocer los resultados preliminares que daban el Sí por encima del 60 por ciento entre casi cuatro millones de votantes, 
Morales dijo que el triunfo se debía en particular a campesinos e indígenas, sectores históricamente excluidos y explotados.
A partir de ahora, remarcó ante una multitudinaria concentración en Plaza Murillo, que “se acabó el estado colonial y neoliberal, representado por gobiernos que sólo saben subastar nuestros recursos naturales”, en alusión a artículos de la norma que defienden el patrimonio de las principales materias primas.
También felicitó a las mujeres y hombres que durante casi dos años en su condición de constituyentes, elaboraron las bases de la nueva Carta Magna.
La nueva Constitución, dijo, permitirá además que servicios básicos como las comunicaciones y la energía, jamás sean privatizados.
Asimismo llamó a conformar junto a prefectos, alcaldes y otras autoridades lo que denominó el Consejo Nacional de Autonomías, uno de los ejes más polémicos de la actual Constitución.
La implementación de la nueva Carta Magna, sostuvo, es de los mayores desafíos que quedan por delante.
Frente a las amenazas de sus adversarios, sobre todo en las regiones donde ganó el No, Morales advirtió que el único pacto social derivado del referendo es precisamente la nueva Constitución. Según el jefe de Estado, los prefectos y autoridades de la llamada Media Luna ampliada (departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando y Chuquisaca) deben tener bien claro esto.
Opinó que el 25 de enero, el pueblo derrotó en las urnas a los vendepatrias de los partidos tradicionales y a otras fuerzas empeñadas en bloquear el cambio.
Las declaraciones de Morales responden a demandas establecidas por autoridades y cívicos de la oposición, quienes intentan presionar al gobierno luego de la supremacía del No en la Media Luna ampliada.
El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y el dirigente local Branco Marinkovic exigieron al ejecutivo un pacto social para evitar una supuesta división del país andino. Desde antes del referendo, sectores de la oposición mencionan una lectura regional de los resultados en las urnas.
Al respecto, Morales y el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, explicaron que las estadísticas son nacionales y no territoriales.
Más de 100 leyes
Para poner en práctica la nueva Constitución Política del Estado en Bolivia se necesitan al menos 100 leyes.
De manera temprana Morales seleccionó a un grupo de ministros de su máxima confianza, entre ellos el abogado Héctor Arce, al frente de la cartera que atiende el proceso de recuperación estatal.
También advirtió sobre la promulgación de decretos, si los legisladores de la oposición mantienen una postura obstruccionista a la mostrada en 2008 en el parlamento.
Arce explicó a Prensa Latina que el proceso no es sencillo y requiere también de expertos calificados y de mucha voluntad política 
en el Congreso Nacional, de manera que la Constitución sea una realidad.
A juicio del jefe de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) en Diputados, Cesar Navarro, para ese tránsito es vital la elaboración de las normas que permitan la consolidación del nuevo Estado plurinacional.
Navarro opinó que es responsabilidad del MAS, como organización política, convertir al 2009 en el año de la construcción de la nueva arquitectura del país.
Entre las medidas a priorizar, según el parlamentario, sobresale la Ley Electoral, que deberá ser sancionada para garantizar los comicios generales, previstos para el 6 de diciembre próximo.
Otro proyecto legislativo de peso, en 2010, es sobre las autonomías que debe ser ratificado en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, según reza en la nueva Constitución.
Por su parte, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, considera vital el papel impulsor de la nueva Carta Magna en la modernización de la infraestructura del Estado. De acuerdo con el funcionario, el triunfo del Sí en el referendo propicia transformaciones encaminadas a un mejor funcionamiento de las instituciones que lo conforman.
Particular importancia reviste la consolidación del aparato económico gubernamental, en aras de potenciar el desarrollo del país, aseguró.
Según Llorenti, esos cambios, junto a otros, determinan el paso de un Estado neoliberal a uno plurinacional con iguales derechos y oportunidades para todos. Además del citado avance, la nueva Ley Suprema de la República garantizará el respeto de nuestra soberanía y defenderá conquistas sociales, afirmó.
El dirigente resaltó la recuperación de los recursos naturales y la prohibición de acoger bases militares extranjeras en Bolivia como cuestiones dignificantes amparadas por el texto. También destacó la constitucionalización del bono Juancito Pinto contra la deserción escolar y la renta dignidad para los ancianos.
Asimismo mencionó el tema de la salud, teniendo en cuenta que la Carta Magna establece un seguro universal de atención médica.
Estado plurinacional
Una de la grandes conquistas de los movimientos sociales bolivianos reflejada en el nuevo texto constitucional, aseguran, es el establecimiento de un Estrado plurinacional, comunitario y con autonomías.
Carlos Romero, actual ministro de Desarrollo Rural, y uno del los artífices de ese texto, explicó a Prensa Latina que el artículo primero del proyecto aprobado en diciembre de 2007 en Oruro, define claramente a Bolivia como un Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente y soberano.
Bolivia se funda en el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país, aclaró. Tiene una formulación típicamente de estructura liberal de Estado, pero en el marco del constitucionalismo social que subordina el poder político a las leyes y que al mismo tiempo privilegia los intereses colectivos por encima de los intereses individuales.
La segunda tipificación se refiere al carácter plurinacional comunitario. Según Romero, eso significa que en el Estado boliviano se reconoce la existencia de varias naciones.
Pueblos indígenas
La nueva Carta Magna, agregó, reconoce a los pueblos indígenas y los derechos colectivos.
La Constitución de 1994, dijo, establece la condición pluricultural del país, 
lo que debería ser suficiente, porque un Estado pluricultural o multicultural también reconoce sujetos colectivos, pero el problema es que en nuestro país las elites, históricamente, han concebido lo cultural como algo asociado al folklor.
Por tanto, a la luz de esa historia resulta importante poner el énfasis que requieren los originarios. Asimismo, se incluye el carácter comunitario, que no es otra cosa que reconocer las estructuras colectivas de esos pueblos fundadores de la nación, con sus expresiones políticas, económicas, jurídicas; culturales en su conjunto, precisó.
Según Romero, la última dimensión de le ley de leyes son las autonomías, entendidas como un proceso de descentralización y no de federalismo. Las autonomías que planteamos, señaló, van a permitir una mejor articulación entre las regiones y el Estado, entre las organizaciones y el Estado.
En el texto constitucional hay cuatro modalidades de autonomías: departamental, regional, municipal e indígena.
*Corresponsal jefe de Prensa Latina en Bolivia.
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