Gerardo Villagrán del Corral - CLAE
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje contundente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), exigiéndole que «se guarde» sus observaciones y evite inmiscuirse en la forma en que el pueblo mexicano eligió soberanamente a los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), descartando su elección “a dedo” por presiones políticas -nacionales y/o extranjeras- o empresariales.
La mandataria defendió con firmeza la decisión soberana de su país de elegir a los integrantes de su Poder Judicial mediante el voto popular. En México imperaba la corrupción judicial, proveniente de jueces, fiscales o funcionarios que, por acción u omisión, alteraban la imparcial dirección o contenido de una decisión judicial a cambio de dinero, especies o cualquier otro tipo de beneficios. La elección popular de jueces intenta poner fin a este mal arraigado en la sociedad mexicana.
El domingo 1° de junio se llevaron a cabo en México las primeras elecciones de más de 880 cargos judiciales federales, entre los que se eligió a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resultado de una reforma constitucional del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Fueron las primeras elecciones de más de 880 cargos judiciales federales entre los que se eligió a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resultado de una reforma constitucional del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La presidenta Claudia Sheinbaum descalificó el informe preliminar de los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la elección judicial en México, y recordó que los estatutos del propio organismo internacional le impiden opinar sobre la soberanía de los pueblos y las naciones del hemisferio.
El viernes, la misión de la OEA recomendó “no replicar el modelo mexicano de elección popular de jueces y magistrados en otros países de la región”, tras constatar múltiples problemas en el primer proceso de este tipo en México, en el que participaron apenas el 13% de los electores.
Añadió la OEA que este modelo no tiene precedentes a nivel mundial y que lejos de fortalecer la justicia, podría debilitar su imparcialidad, independencia y eficacia. Además de no recomendar el modelo, cuestionó la idoneidad de los perfiles de los candidatos, al no haberse aplicado exámenes estandarizados en los procesos de selección.
El documento de 37 cuartillas sostiene que las lecciones aprendidas en este proceso resaltan la importancia de que toda reforma al modelo de selección de jueces se haga de manera gradual, a partir de un debate verdaderamente plural y, sobre todo, con base en un diagnóstico comprensivo, técnico y profesional sobre las problemáticas que busca resolver y los mecanismos más efectivos para hacerlo.
La postura de la OEA es indistinguible de la del bloque derechista mexicano que intentó descarrilar primero la reforma constitucional y después el proceso electoral con el argumento de que las consideraciones técnicas se encuentran por encima de la soberanía popular.
A una semana del relevo en su Secretaría General, la OEA sigue bajo la infausta sombra de su secretario general Luis Almagro, uno de los personajes más nocivos en la historia latinoamericana reciente, oficiando de correa de transmisión de la voluntad de Washington y se convirtió en un ariete contra las democracias progresistas, así como en justificadora e incluso organizadora de los golpes de Estado perpetrados por la derecha del subcontinente, con Bolivia y Venezuela como sus principales víctimas.
Esta OEA, de la que espera un papel constructivo como mediador en las relaciones entre sus miembros, se encuentra en estos momentos incapacitada para tal función debido a su alineamiento con la causa reaccionaria, y su golpeteo contra México la aleja de toda perspectiva de fincar la credibilidad y la imparcialidad que requiere para recuperar su relevancia perdida.
En una nota diplomática dirigida al nuevo secretario general de la OEA, el surinamés Albert Ramdin, la Cancillería mexicana dejó constancia que la Misión de Observación Electoral (MOE) “rebasó el mandato de la misma e incurrió en acciones contrarias a los principios de la Carta de la Organización”.
«La OEA mandó a unos observadores a México el día de la elección. Y está bien que opinen si fue pacífica, si no hubo problemas, pero ahora ya quieren hablar del sistema que decidieron los mexicanos para designar a los miembros de la Corte, a los magistrados y a los jueces. No tienen atribución para ello», sentenció Sheinbaum.
La jefa del Ejecutivo defendió la profunda transformación que significa para el país que, de manera soberana, México haya decidido cómo quiere su sistema de justicia. «¿Qué es mejor, como antes, que unos cuantos senadores decidan integración de la Corte o que sea el pueblo de México en elección?», preguntó, obteniendo un rotundo «¡El pueblo!» como respuesta de cientos de asistentes.
Sheinbaum subrayó que el proceso de elección popular de juzgadores, aunque perfectible, se basa en que «en México quien manda es el pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, como diría el gran Benito Juárez». Además, destacó un hecho histórico: gracias a esta elección popular, la Corte será presidida por un indígena mixteco, Hugo Aguilar Ortiz, algo inédito en la historia del país.
¿Democracia?
El matutino mexicano La Jornada insta a los representantes en el organismo americano, supuestamente preocupados por la democracia, mirar a 180 metros de la sede de la OEA donde se ubica la Casa Blanca, donde reside un presidente declarado inmune por cualquier crimen que cometa mientras se encuentre en el cargo por una Suprema Corte cuyos jueces fueron nombrados a dedo por el mismo mandatario.
Verán -señala La Jornada- un sistema electoral en el que un solo individuo puede donar millones de dólares a una campaña presidencial; un sistema de justicia donde el presidente indulta a un evasor fiscal multimillonario después de recibir un donativo de un millón de dólares en una cena de recaudación; una situación de los derechos humanos en la que apoyar la inclusión y la diversidad conllevan la pérdida de todo financiamiento federal; una libertad de expresión tan deteriorada que los dueños de los medios de comunicación censuran todos sus contenidos a cambio de que el mandatario les permita emprender fusiones corporativas.
* Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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