La ONU autoriza fuerza internacional en Haití propuesta por EU
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó el lunes el despliegue de una fuerza internacional en Haití durante un año para ayudar a frenar la creciente violencia de las pandillas y restaurar la seguridad, a fin de que la nación caribeña pueda realizar unas elecciones presidenciales largamente postergadas.
La resolución presentada por Estados Unidos y que despertó clara reticencia en los países latinoamericanos, fue adoptada por 13 votos a favor y dos abstenciones (Rusia y China). No cabe esperar un despliegue inmediato, sino que este proceso llevará “varios meses” antes de que los agentes comiencen a patrullar en las calles de Haití.
Kenia propuso liderar la misión con el despliegue de unos mil agentes, que aportará la mayor parte del contingente, y varios países caribeños -entre ellos Jamaica, Barbados y Bahamas- se han mostrado dispuestos también a aportar agentes. Ningún país latinoamericano ha dado un paso adelante al respecto, aunque México aceptó entrenar en su suelo a 660 agentes (550 ya formados y 110 actualmente en proceso).
Luis Abinader, presidente de República Dominicana (que comparte, vallas mediante, la isla caribeña con Haití), señaló que la aprobación de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, “es un significativo avance para la pacificación” de esa nación.
Canadá y Francia, han mostrado su disposición a un mayor involucramiento, previa comprobación de que la resolución deja claros los términos del despliegue. El gobierno estadounidense va a aportar dos partidas de 100 millones de dólares cada una, procedentes del Departamento de Estado y del de Defensa, siempre que el Congreso lo apruebe, destinados a necesidades logísticas de la misión.
La resolución redactada por Estados Unidos acepta la oferta de Kenia de encabezar la fuerza de seguridad multinacional. Deja también en claro que se trata de una fuerza ajena a Naciones Unidas y financiada por medio de contribuciones voluntarias. La resolución autoriza la fuerza por un año y será evaluada después de nueve meses.
A la fuerza se le permitirá brindar apoyo operativo a la Policía Nacional de Haití, que carece de fondos y recursos suficientes, con sólo unos 10.000 agentes activos para un país de más de 11 millones de habitantes.
Es la primera vez que se despliega una fuerza en Haití desde que Naciones Unidas aprobó una misión de estabilización en junio de 2004 que se vio empañada por un escándalo de abusos sexuales y la propagación del cólera. Esa misión culminó en octubre de 2017. Las preocupaciones también giran en torno a la propuesta misión encabezada por Kenia, país acusado desde hace mucho tiempo de cometer actos de tortura, fuerza letal y otros abusos.
De acuerdo con la resolución, la fuerza ayudará a desarrollar la capacidad de la policía local “a través de la planificación y realización de operaciones conjuntas de apoyo a la seguridad mientras trabaja para contrarrestar a las pandillas y mejorar las condiciones de seguridad en Haití“.
La fuerza también ayudará a proteger “sitios de infraestructura crucial y puntos de tránsito como el aeropuerto, puertos marítimos e intersecciones clave”. Poderosas pandillas han tomado el control de carreteras importantes que van desde la capital de Haití a las regiones norte y sur del país, interrumpiendo el transporte de alimentos y otros bienes.
La aprobación del Consejo de Seguridad autoriza a la fuerza a “adoptar medidas temporales urgentes con carácter excepcional” para evitar la pérdida de vidas y ayudar a la policía a mantener la seguridad pública.
La resolución condena “la creciente violencia, actividades criminales y abusos y violaciones de los derechos humanos que socavan la paz, la estabilidad y la seguridad de Haití y la región, incluyendo los secuestros, la violencia sexual y de género, la trata de personas y el tráfico de migrantes, homicidios, las ejecuciones extrajudiciales, así como tráfico de armas”.
El antecedente de la Minustah
Es la primera vez que se desplegará una fuerza en Haití desde que Naciones Unidas aprobó una misión de estabilización en junio de 2004 -Minustah- que se vio empañada por un escándalo de abusos sexuales y la propagación del cólera. Esa misión culminó en octubre de 2017.
Las preocupaciones también giran en torno a la propuesta misión encabezada por Kenia, y los detractores señalan que la policía del país de África Oriental ha sido acusada desde hace mucho tiempo de cometer actos de tortura, fuerza letal y otros abusos.
La resolución subraya que todos aquellos que participan en la misión propuesta deben tomar las medidas necesarias para prevenir la explotación y el abuso sexuales, así como investigar los antecedentes de todo el personal. También exige pesquisas inmediatas ante acusaciones de mala conducta.
La resolución advierte además que quienes participan en la misión deben adoptar medidas de gestión de aguas residuales y otros controles ambientales con el fin de prevenir la introducción y propagación de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera.
De momento se desconoce la extensión de la fuerza en caso de que sea aprobada, si bien el gobierno de Kenia propuso previamente enviar 1.000 agentes de policía. Jamaica, las Bahamas y Antigua y Barbuda también se han comprometido a enviar personal.
El mes pasado, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden se comprometió a proporcionar logística y 100 millones de dólares para apoyar una fuerza encabezada por Kenia.
La resolución hace notar que el Consejo de Seguridad tiene la intención de imponer sanciones adicionales a los que contribuyan a la violencia en Haití. La ONU ya impuso sanciones a Jimmy Chérizier, conocido como “Barbecue”, que encabeza la mayor alianza de pandillas de Haití. Chérizier, un expolicía, advirtió recientemente que combatirá a cualquier fuerza armada sospechosa de cometer abusos.
La realidad
«Los bandidos tienen el campo libre», tituló ‘Le Nouvelliste’ en su primera plana del 3 de marzo de 2023, el periódico más antiguo de Haití y uno de los que aún funciona en el país caribeño.
El artículo hace referencia al informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicado ese mismo día, el cual presenta un diagnóstico de lo que millones de haitianos padecen por cuenta del control de las bandas armadas: el aumento de la violencia urbana. “Haití es presa de crisis múltiples, interrelacionadas y en cascada”, se lee en la portada.
Caminar por las calles de Puerto Príncipe es un riesgo latente. En muchas vías, algunas rutas principales, se 
encuentran puestos ilegales controlados por pandillas fuertemente armadas que imponen, de facto, su ley. Al panorama de desolación, se suman los secuestros que se cuentan como un reporte meteorológico diario en los medios locales y la creciente migración, que solo se frena ante la dificultad de obtener un pasaporte.
En Haití, las organizaciones sociales que buscan una esperanza en medio de las crisis empalmadas de seguridad, gobierno y economía no pueden convocar a ninguna movilización sin poner en riesgo la vida de los manifestantes, pues el espacio público ha sido tomado por la brutalidad de las bandas criminales que asolan la capital y diversas provincias.
El Estado se ha desmoronado y las instituciones de este país de 11,4 millones de habitantes, de los que casi la mitad, alrededor de 5,2 millones de personas necesita ayuda humanitaria, según Naciones Unidas (ONU), funcionan al mínimo.
No hay jefe de gobierno, pues Moïse, el último gobernante, fue asesinado por un comando extranjero en julio de 2021. No hay Parlamento, pues en enero terminaron los mandatos de 10 senadores que permanecían en funciones simbólicas, la sede de la Corte Suprema fue tomada el año pasado por pandilleros, las elecciones se han pospuesto indefinidamente.
Y el primer ministro Ariel Henry -al que llaman Rey Ariel, porque no fue electo-, tiene el respaldo de Estados Unidos y otras potencias, pero es tan impopular que prácticamente no sale de su residencia en Puerto Príncipe.
¿Tarde?
La respuesta de la ONU se da casi un año después que el primer ministro de Haití y otros altos funcionarios del gobierno solicitaron el despliegue inmediato de una fuerza armada extranjera cuando el gobierno lucha por combatir a las violentas pandillas que se estima controlan hasta el 80% de la capital de Puerto Príncipe.
Del 1 de enero al 15 de agosto, más de 2.400 personas en Haití fueron asesinadas, más de 950 secuestradas y 902 heridas, según las estadísticas más recientes de la ONU. Más de 200.000 personas más han sido desplazadas por la violencia, muchas de ellas hacinadas en refugios improvisados luego que las pandillas saquearan sus comunidades.
Según un informe de la ONU, al menos 3 mil 494 personas fueron asesinadas, heridas o secuestradas en los seis primeros meses del año por la acción de alrededor de 200 pandillas que hay en Puerto Príncipe, muchas de éstas agrupadas en dos federaciones: G9 y su rival G-PEP./cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/IGTE6A23ZI522X76EOT2T4SESI.jpg)
G9, que agrupa a nueve de las bandas más sanguinarias, fue creada en 2009 y su líder Jimmy Chérizier, alias Barbecue, es un personaje cuya notoriedad molesta a muchos haitianos: convoca a conferencias de prensa que tienen más cobertura mediática que cualquier otro evento público y apenas el 19 de septiembre encabezó una manifestación para demandar la salida del primer ministro Ariel Henry.
En agosto dijo en una de sus conferencias que acepta el ingreso al país de una fuerza internacional porque se requiere reactivar la vida Haití, pero advirtió que se enfrentará a ella en caso de que ésta cometa algún abuso.
El pandillero fue recientemente sancionado por el Consejo de Seguridad de la ONU, que lo señaló de amenazar la estabilidad y la paz de Haití. Estas mismas acusaciones han sido hechas en los últimos meses por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá contra distintos políticos haitianos, como el presidente del Senado, Joseph Lambert, a quien la administración de Joe Biden sancionó por cooperar con las bandas y abusar de su cargo para participar en actividades corruptas y violaciones a los derechos humanos.
Los lazos entre gobernantes y gánsteres han quedado en evidencia en distintos momentos, como en abril de 2020, cuando Joseph Jouthe, entonces primer ministro, reconoció en una rueda de prensa que tenía contacto con los 
líderes de las bandas, que éstos tenían su número telefónico, que le llamaban y él les contestaba. Y en vivo le prometió a un jefe gansteril que le llamaría por la noche.
Las fronteras entre los territorios de los gánsteres y las zonas seguras son invisibles, pero se deben conocer porque quienes pasan por una región en poder de los pandilleros se exponen a ser asaltados, secuestrados o asesinados. Es común que los locales se comuniquen cada día con sus familiares y amigos para saber si es seguro salir de casa o qué camino está libre para volver.
Arengados por su pastor, el 26 de agosto pasado feligreses de la iglesia Piscine de Bethesda salieron a las calles de Canaán, región periférica del norte de Puerto Príncipe, para movilizarse en contra de las matanzas y la violencia de la banda que controla ese barrio construido de manera improvisada por personas que perdieron sus hogares en el terremoto de 2010. Corolario: los pandilleros abrieron fuego contra ellos con un saldo de al menos 10 muertos, más de una decena de heridos y varios secuestrados, cuyo destino es incierto.
*Sociólogo y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)