La política económica debería ser la herramienta o instrumento que utiliza el Estado para procurar la consolidación de un modelo de crecimiento con distribución equitativa del ingreso, con sus implicancias sobre la reorganización de la producción, haciendo eje en el trabajo y en el seguimiento de la conformación de los costos y de los precios. Obviamente, ese no es el objetivo de este gobierno.
La política económica de este gobierno es esencialmente fiscal y monetaria, con el fin confeso de reducir el gasto público para delegar funciones propias del Estado a favor de lo que denominan mercado. Esto es fijar super tasas de ganancias, en una aplicación integral y total de minimizar costos y maximizar beneficios. En lo monetario, se limita el crédito y la liquidez para mantener la ficción de un tipo de cambio determinado. Este tipo de cambio debe ser menor a los precios fijados por los grandes formadores de cada mercado.
Obviamente no hay política cambiaria (se subordina a la política monetaria), ni política comercial (la deciden los grandes importadores y exportadores, que administran los puertos, aeropuertos y rutas, ahora incluso limitado al acuerdo firmado el 13 de noviembre de 2025 con los Estados Unidos de “Marco para profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión”).
Tampoco hay política agropecuaria (la deciden los grandes productores y acopiadores de granos y de carnes), ni industrial (el gobierno está llevando adelante un “industricidio”, el desmantelamiento productivo para apuntalar un modelo extractivista, agropecuario, exportador). Además no hay política de ingresos. No solamente decide “el mercado”, sino que tratan de plasmarla en un engendro jurídico escrito por abogados de los estudios contratados por los más grandes empleadores; un escrito más reaccionario que las reformas laborales de Aramburu y de Videla, que busca perpetuar un modelo como el de Perú o el de Chile, donde los trabajadores son ciudadanos de segunda.
Política fiscal
Durante los dos años de esta administración les han condonado y/o reducido los impuestos a los ricos. El caso más flagrante es la no renovación del Impuesto PAIS para el corriente año 2025, que supo tener una tasa del 25% y que gravaba la compra de divisas en billetes. En los primeros diez meses de este año, se compraron 34.420 millones de dólares. Esto hubiera significado un ingreso al fisco en pesos equivalente a 8.605 millones de dólares.
La recaudación tributaria basada en el consumo desciende mes a mes a medida que se cae el nivel de actividad, de manera tal que a precios constantes son menores los ingresos de noviembre de 2025 que en los últimos cuatro meses, y en términos nominales en noviembre se recaudaron 15,6 billones de pesos y en octubre 16,2 billones.
Han convertido la AFIP en ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) para sacarle misiones y funciones y que la conducción asuma un mayor poder sin depender de la línea. Sin embargo, se reemplazó a Juan José Pazo como titular por Andrés Edgardo Vázquez, quien trabaja en el organismo desde hace 35 años.
Ahora es el jefe absoluto, y se dio el lujo de nombrar a su más estrecho colaborador, Mariano Mengochea, como director de la DGI. Antes lo había designado en la estratégica Dirección General de Operaciones Impositivas Metropolitana de ese organismo.
Andrés Vázquez cursó el Programa de Interdicción Aeroportuaria y de Investigación de Precursores Químicos organizado por el Departamento de Justicia y la Drug Enforcement Administration (DEA). En su paso por la Dirección de Inteligencia Fiscal de la DGI, consolidó vínculos con sectores políticos y del sistema de inteligencia estatal, incluso en la época de Francisco Larcher y Jaime Stiuso.
A lo largo de los años, resistió intentos de exoneración y sumarios de distintos superiores, incluyendo a Horacio Rodríguez Larreta, Ricardo Echegaray y Alberto Abad; sin embargo, sigue en la brecha para perseguir a los monotributistas, pero no a los grandes evasores.
Es más, en el proyecto que ellos denominan de “modernización laboral”, incluyen un capítulo tributario en donde disminuyen la alícuota del impuesto a las ganancias a las empresas del 35% al 31,5%, y del 30 al 27%; eliminan el impuesto interno a la compra de vehículos de alta gama, motos, embarcaciones, aeronaves, productos electrónicos, servicios de comunicación audiovisual, etc.; y transfieren tres puntos de aportes patronales a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para crear el FAL (Fondo de Asistencia Laboral), un fondo de despido.
A su vez, el gasto público está supeditado al pago de los servicios de la deuda. Además, es financiado mayormente por la población en general, con la exclusión de los ricos, que pagan una ínfima parte de lo que se recauda. El pago de la deuda como prioridad está asentado tanto en la media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación del presupuesto 2026 como en estos dos años, que se basaron en la ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, que este gobierno modificó por decretos.
En el artículo 1 de la media sanción aprobada, se fija la regla según la cual “el Presupuesto General de la Administración Nacional, al cierre del ejercicio fiscal 2026, deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario”, priorizando el cumplimiento de los compromisos de la deuda pública como norma imperante a partir de la cual se subordinan recursos y gastos.
¡Además es a libre ejecución del gobierno, en una flagrante violación del artículo 29 de la Constitución nacional, que prohíbe terminantemente que el Congreso otorgue al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias o la suma del poder público, calificando tales actos como nulidad insanable y a quienes los cometan como infames traidores a la patria.
Es más, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la Nación el Mensaje 29 de proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria con el mismo objetivo de darle facultades legislativas al gobierno para siempre.
En la media sanción, se anula el artículo 65 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que exige que para hacer un nuevo canje de deuda se debe cumplir con la exigencia de al menos dos de los tres indicadores: reducción de capital, extensión de plazos y/o baja de tasas de interés. Esto prepara el camino para el irremediable canje ante la magnitud de la deuda. Esta (capital e intereses), que vence en divisas en el año 2026, es por 19.400 millones de dólares. En el año 2027 será por 14.800 millones de dólares.
El total de los dos años asciende a 34.200 millones de dólares; y el BCRA, según el FMI, tiene reservas internacionales negativas por 16.000 millones de dólares [1] mientras que el Tesoro de la Nación cuenta con menos de 1.000 millones de dólares para afrontar los pagos.
Es cierto que no se aprobó el Capítulo XI del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; por lo tanto, deja sin efecto derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario [2], que, tras haber sido vetadas este año por el Poder Ejecutivo, fueron ratificadas por ambas Cámaras del Congreso con más de dos tercios de los votos.
También modificaban la Ley 27.637, que es la normativa que amplía el régimen de Zona Fría para otorgar descuentos en la tarifa del gas a usuarios de regiones con bajas temperaturas, creando un Registro Único de Beneficiarios y estableciendo que jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, monotributistas, electrodependientes y otros grupos vulnerables reciban descuentos de hasta el 50% en sus facturas. Y por último, pretendían sacar el ajuste automático por el IPC del INDEC para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares, otorgando así al Poder Ejecutivo la facultad de ajustar las prestaciones de forma discrecional.
Política monetaria
Obviamente el gobierno ha priorizado el endeudamiento público y privado, y la mayor parte del ingreso de esas divisas se reconvirtieron en fuga de capitales.
Esto queda demostrado palpablemente en que la deuda pública no deja de crecer porque, por su magnitud, no pueden cancelar la cuarta parte de los intereses que esta devenga. En promedio, en los once meses transcurridos del año 2025, los intereses por mes de la Administración Nacional significan 2.460 millones de dólares, y se abonan 560 millones de dólares, capitalizando en bonos la diferencia.
La tarea de la dupla del JP Morgan que administra el BCRA, Santiago Bausili y Vladimir Werning, es garantizar que esa deuda se fugue al imponer el llamado carry trade (donde los precios y la tasa de interés deben crecer más que el precio del dólar), y el rol de la ARCA es no investigar la compra de esas divisas y su fuga.
Por ende, presionados por el FMI, y presentado como el Programa Monetario del año 2026, deciden que, desde el 1 de enero de 2026, ajustarán el piso y el techo de la banda de flotación cambiaria de acuerdo al IPC del INDEC [3] con dos meses de anticipación (parangonando a la “tablita cambiaria” de Martínez de Hoz).
A su vez, en el programa monetario anunciado disponen de metas de crecimiento de la base monetaria (que es la cantidad de dinero emitido y puesto en circulación por el BCRA), del crédito y de la oferta monetaria total en pesos, porque dicen que el BCRA va a comprar en el año 2026 entre 10.000 millones y 17.000 millones de dólares, según se trate de un escenario “base” o un escenario “optimista”. Que la procedencia de esos fondos es principalmente por endeudamiento público (nacional y provincias) y privado.
En el programa monetario olvidan mencionar ex profeso que en el balance cambiario que realiza el mismo BCRA, al 31 de octubre de 2025, personas humanas compraron y sacaron del circuito financiero local (fuga de capitales) 34.420 millones de dólares, verdadero objetivo de la política de este gobierno, que les permite a los sectores beneficiados comprar dólares y fugarlos. Seguramente una parte retorne como deuda pública y privada, y son las divisas que este programa monetario del BCRA pretende neutralizar limitando la expansión de la base monetaria y demás agregados financieros.
Tampoco hacen ninguna referencia al alto endeudamiento de las familias y de la mayoría de las pymes, financiadas a tasas confiscatorias del patrimonio de los primeros y del capital de las pymes, tasas nominales anuales que implican más de tres veces la inflación anual a noviembre de 31,5%. Es un sistema con alto nivel de deuda y con cada vez mayor mora en su cancelación o pago.
En síntesis
La coherencia que busca el gobierno es un severo ajuste del gasto público, en lo que sea, en asistencia a los discapacitados, en la obra pública, en salud, en educación, en las remuneraciones a los empleados estatales, acompañada por una mayor reducción de los impuestos a los sectores de mayores ingresos. A estos últimos incluso se los beneficia con el proyecto que fue aprobado en Diputados de “Inocencia Fiscal”, que a) cambia el paradigma en el régimen general e invierte la carga de la prueba (“todo contribuyente es inocente hasta que el ARCA demuestre lo contrario” [4]); y b) genera el blindaje del nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.
Paralelamente, atan la política monetaria y cambiaria al IPC que discrecionalmente publica el INDEC, con el objetivo de frenar el nivel de actividad, si es necesario, para garantizar el carry trade, y con ello, la fuga de capitales, que es lo que aplaude AEA (Asociación de Empresarios Argentinos), que recibe a Santiago Bausili con pompas y honores. AEA, heredero del CEA (Consejo Empresario Argentino), que presidiera Martínez de Hoz, cuyo plan fue y es el de destruir el aparato productivo del país, empobrecer a la población y generar un flujo persistente de fondos que se fugan del país para su exclusivo beneficio.
Esa fuga le da mayor poder en la sociedad argentina, corrompiendo a jueces, políticos, sindicalistas, periodistas, medios, etc., etc.
Lejos quedó el tiempo en que el objetivo de la política económica era el crecimiento con justicia social, como decía Néstor Kirchner: “El PBI se conforma de consumo, inversión y comercio exterior. En los ’90, se probó la teoría del derrame y no funcionó. Ahora lo armamos como se arman los buenos equipos de fútbol: de abajo para arriba. Tenemos que lograr que los cuarenta millones de argentinos sean consumidores plenos. El crecimiento del consumo demanda una mayor inversión. Estos dos ítems, consumo e inversión, impulsan las exportaciones: el consumo te da mayor escala de producción y la inversión, mayor eficiencia. Ambos bajan los costos y permiten competir a nivel internacional. Así crecen consumo, inversión y exportaciones y la economía vuela”.
¿Por qué no probamos un nuevo cambio de tipo de política?
Notas
[1] En el acuerdo firmado con el FMI, el gobierno nacional se comprometió a cerrar el año con reservas negativas por 3.200 millones de dólares.
[2] En el art. 75, Capítulo XI, del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, proponían la derogación de las leyes de Discapacidad y Universidades. Esto es inconstitucional porque utiliza una vía presupuestaria, de naturaleza anual, contable y temporal, para alterar leyes de fondo vigentes, como la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y la ley 27.795 de Financiamiento de Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente. Incluso prohibida por la ley 24.156 de Administración Financiera, que impide reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos.
[3] Índice que mes a mes demuestra que no tiene nada que ver con la realidad y que es medido en forma discrecional por el INDEC dirigido por Marcos Lavagna.
[4] La lectura entre líneas: para ser inocentes, deben pasar por la oficina del ARCA.
* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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