La rebelión docente chilena
Los intentos de los profesores por establecer una carrera docente que regule su ingreso, permanencia y jubilación del sistema educativo, no es algo nuevo. El Congreso de Educación del Colegio de Profesores de 1997 fue un hito en ese sentido. De entonces datan los intentos por superar el Estatuto Docente, que mantiene en pie lo esencial de lo dispuesto por la dictadura.
El proceso de municipalización de los años ochenta no fue sino la decisión de privatizar el sistema educacional público. Ese proceso haría posible que al presente más del 70% de la oferta educacional esté en manos de sostenedores particulares subvencionados por el Estado, y se haya transformado en un lucrativo negocio.
El advenimiento de la democracia abrió, como a todos, razonables expectativas en el mundo docente. Durante los primeros gobiernos de la Concertación los profesores tuvieron largos procesos de negociación cuyos resultados consiguieron regular en parte su labor, aunque siempre en condiciones desventajosas comparadas con el sector particular subvencionado.
Aún así, el Estatuto Docente no ha hecho sino sumar causales de despido, agobio laboral, evaluaciones, contratos aberrantes, trabajo en condiciones desmejoradas, carga laboral que sacrifica horas consagradas al hogar y la familia, etc.
Pero el discurso oficial ha instalado la idea de que los profesores están en el origen de la mala calidad de la educación, obviando las condiciones del medio, la pobreza y marginación de vastos sectores de la población, y el hecho indiscutido de que Chile ha llegado a ser uno de los países con mayor desigualdad social del planeta.
Despejado el hecho previsible de que la reforma constitucional mediante Asamblea Constituyente no verá la luz en este periodo presidencial, al gobierno no le quedó otra que jugar sus fichas a la reforma educacional, que contempla una política nacional docente. Así, en el discurso presidencial del 21 de mayo de 2014, Michelle Bachelet manifestó su decisión de que la carrera profesional docente sería construida con el concurso de los profesores. Pero no solo fue un proyecto inconsulto, sino que la decisión gubernamental de legislar se tomó en medio de la más severa y profunda crisis del sistema político en lo que va de post dictadura.
La feroz caída de la credibilidad presidencial, empujada por el caso Caval que aún no termina de aclararse, y los reiterados casos de corrupción, cohecho, exacciones ilegales, financiamientos irregulares a políticos de todo el espectro, han creado una situación de crisis que aún no da visos de terminar. La debacle es de una profundidad tal, que recién cumplido un año de gobierno los ajustes ministeriales y del programa parecen más bien medidas para administrar su final precoz, que solo ajustes necesarios.
En ese contexto, la huelga de los profesores que cumplió más de cincuenta días se relaciona también con un estado de crispación de los docentes, ya manifestado el año pasado en lo que se llamó la “rebelión de las bases”, en que hicieron su aparición sectores disidentes a la línea oficial del gremio, encabezada por el militante del PC, Jaime Gajardo.
Luego de semanas de conversaciones con el Ministerio de Educación, la directiva del Colegio de Profesores rechazó la oferta porque no incluía cuestiones esenciales: no consideraba la formación inicial, no superaba las condiciones laborales de agobio, no se refería al aumento de horas no lectivas versus lectivas, tampoco decía nada respecto del número de estudiantes por aula. Sin embargo, aumentaba en grados importantes la presión sobre el profesor al someterlo a una serie de exigencias antes y durante el ejercicio profesional, mediante sucesivas acreditaciones en materias disciplinares.
La disidencia que se opone a la conducción de la Nueva Mayoría en el gremio, encabezada por el dirigente nacional Darío Vásquez, ha enarbolado la postura de retirar el proyecto y diseñar otro que considere sus exigencias. En este escenario, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Camila Vallejo (PC), luego de escuchar a los dirigentes de los profesores se propuso convocar a la misma mesa a la autoridad ministerial y a los dirigentes gremiales, agregando que solo sometería a votación el proyecto cuando existiera un acuerdo con el gremio.
Sería el primer triunfo docente a nivel subjetivo. El segundo, sería que a pesar de la postura oficial de no negociar con un gremio movilizado, la nueva ministra de Educación, Adriana Delpiano, lo hizo dos veces.
La tensión llegó a su cota máxima cuando la conducción gremial busca terminar el paro, mientras la disidencia insiste en el retiro del proyecto y, entretanto, mantener el paro indefinido.
A esta altura, ya decretadas las vacaciones de invierno en un claro intento por debilitar el movimiento, comienzan los descuentos de sueldos, las amenazas de despidos y los sumarios contra los docentes en huelga. Complementando estas medidas, las Fuerzas Especiales de Carabineros hacen lo suyo en contra de las permanentes, porfiadas y novedosas manifestaciones de los profesores.
Es probable que el gobierno se imponga por la vía de ejercer su potestad legislativa y los parlamentarios -incluidos aquellos que se han mostrado receptivos al reclamo gremial-, despachen el proyecto con el que la administración Bachelet intenta salvar algo de lo prometido. Pero nada va a superar aquello que pulsa más allá de las recriminaciones, o sea la tensión que nace del enfrentamiento de dos visiones antitéticas de la educación.
La actual crisis del sistema emerge del enfrentamiento de esa polaridad, en que por una parte se considera la educación como una actividad económica afecta a los vaivenes del mercado, y por otra, como un derecho social que aún no está garantizado. Y esas visiones divergentes -que no pueden convivir en el mismo espacio- libran una enconada batalla que va dejando bajas a la vera del camino.
La labor de los profesores no ha sido reconocida en Chile. Peor aún, se los ha estigmatizado como responsables de los efectos de un paradigma educacional que no considera lo que sucede en el aula, ni las circunstancias socio-económicas y culturales en que se verifica el proceso de enseñanza-aprendizaje, y se centra solo en resultados de mediciones estandarizadas.
Los profesores también han sido víctimas de esta educación mercantilista neoliberal.
Las señales indican que el movimiento docente será avasallado y que las presiones de la Nueva Mayoría lograrán que el Congreso finalmente apruebe una nueva ley de educación imperfecta y antidemocrática. En tal caso será un cuerpo legal que habrá sido impuesto a los profesores y esto, en el mediano plazo, promete conflictos de mayor envergadura.
La irrupción de un importante contingente de educadores formados como estudiantes de la enseñanza media en el movimiento de los “pingüinos” de los años 2001-2005, y luego como universitarios en los movimientos estudiantiles de 2011, augura un futuro auspicioso para las luchas que vienen.
*Editorial de “Punto Final”, edición Nº 833, 24 de julio, 2015