La revelación de ‘secretos’ en la década del 70 no destruyó a EEUU

Amy Goodman*

El Presidente Barack Obama prometió un gobierno “más transparente…más creativo”. Su publicación de los memorandos sobre la tortura, y la esperada publicación por parte del Pentágono de más fotos de maltrato a detenidos, es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, aseguró a la CIA que no procesará a quienes acataron la orden de torturar que dio el gobierno de Bush. Quizá el Congreso no esté de acuerdo con esta indulgencia, ya que importantes senadores están pidiendo que se lleven a cabo investigaciones.

El Senador demócrata de Michigan, Carl Levin, es presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, y acaba de publicar un informe de 262 páginas titulado “Investigación sobre el trato a detenidos en custodia de Estados Unidos”. Levin dijo que el informe “representa una condena tanto de las políticas de interrogación del gobierno de Bush, como de los altos funcionarios del gobierno que intentaron culpar de los abusos a soldados de bajo rango. Las afirmaciones…de que los abusos a los detenidos podrían ser atribuidos a actos no autorizados de ‘algunos descarriados’ eran siplemente falsas”. El Senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy, y la Senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, también están proponiendo realizar investigaciones.

El interés del Senado en realizar una investigación cuenta con el apoyo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Apoyan la iniciativa desde la Presidenta de la Cámara y diputada demócrata de California, Nancy Pelosi, hasta el Presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, el diputado demócrata de Michigan John Conyers, que le dijo recientemente al Huffington Post, “Vamos a ir tras ellos”.

Amrit Singh, abogada que forma parte del equipo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), dijo que las fotos del Pentágono “proporcionan una prueba visual de que el maltrato a prisioneros por parte de personal estadounidense no era una aberración sino una práctica generalizada, que se extendió mucho más allá de los muros de Abu Ghraib. Su revelación es fundamental para ayudar a la población a entender la dimensión y la escala de los abusos a prisioneros, al igual que para responsabilizar a los funcionarios de alto rango por haber autorizado o permitido dichos abusos”. La ACLU también obtuvo un fallo favorable para obtener documentos vinculados a la destrucción, por parte de la CIA, de 92 cintas de video que muestran a funcionarios aplicando técnicas severas de interrogatorio. Las cintas desaparecieron, supuestamente, pero permanecen las notas sobre el contenido de las mismas, y un juez federal ordenó su publicación.

un comité independiente, fuera del Congreso, que analice el problema en su totalidad y de cuenta de todo lo que sucedió”.