LA SILENCIOSA GUERRA POR EL AGUA
En marzo de este año, el Tribunal Latinoamericano del Agua, que sesionó en Ciudad de México, recomendó el cierre de Celco en Valdivia por el grave daño a los recursos hídricos de la Décima Región de Chile. Este contundente fallo contra las autoridades ambientales y contra la empresa de Anacleto Angelini puso de manifiesto la necesidad de resguardar los recursos naturales, especialmente el agua, que se transformará en un conflicto ambiental, social y político de gran escala.
Esta realidad está a la vuelta de la esquina. Únicamente, el 2.5% del agua del planeta es dulce, y menos de la mitad está disponible para ser utilizada. Actualmente más de 1.200 millones de personas, sobre todo en América Latina, África y Asia, sufren la escasez del vital elemento en algún grado. Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, dentro de 25 años una de cada tres personas en la Tierra tendrá poca agua o nada.
Las obvias consecuencias de esta escasez –desertificación, menos producción de alimentos, aumento de enfermedades infecciosas y destrucción de ecosistemas–, ya es motivo de tensiones políticas y sociales internas en Latinoamérica, tal como ocurrió hace pocos años en Bolivia, donde la privatización del agua potable de Cochabamba, alzó a su gente en una revuelta que acabó con varios muertos y con la ciudad en estado de sitio.
Estos mismos problemas internos, se transformarán pronto en conflictos internacionales, cuando se acentúe aún más la diferencia entre países ricos en agua y los que no cuentan con grandes reservas; todo esto enmarcado en un sistema económico que ha sido incapaz de asignar eficientemente este recurso.
Esto se refleja en dos fenómenos crecientes en todo el planeta: la privatización del agua, donde las grandes transnacionales están haciendo sentir su poder económico en muchos pueblos del Tercer Mundo, en un negocio que se sabe es altamente lucrativo. Coca Cola predice que su agua -en algunos países más cara que la gasolina- terminará dando mayores beneficios que sus bebidas gaseosas en muy pocos años. Para esto baste recordar la polémica suscitada en Reino Unido hace exactamente un año, cuando esta transnacional reconoció estar envasando agua potable de Londres, para venderla como agua mineral a 3 euros el litro.
El segundo fenómeno es la cada vez más acelerada militarización de las grandes fuentes de agua, o bien su “protección” por potencias extranjeras. Por ejemplo, diversos analistas concuerdan que uno de los objetivos estratégicos de la invasión a Iraq fue el control de los dos ríos más importantes del Medio Oriente, territorio donde el agua es tan preciada como el petróleo.
Y existen ejemplos mucho más cercanos: en Argentina, una investigación del Centro de Militares para la Democracia, llegó a una preocupante conclusión: «La cíclica presencia del Comandante del Ejército Sur de EE.UU. en la Triple Frontera, las declaraciones del Departamento de Estado y los rumores de que allí habría terroristas tienen un objetivo: el control del Sistema Acuífero Guaraní (SAG), un verdadero océano de agua potable subterráneo que tiene allí su principal punto de recarga».
Ampliamente demostrada la inoperancia del mercado para administrar este recurso, sólo queda una cosa por hacer: convencer a los gobiernos que el agua, más que un bien negociable, es un derecho básico, y que como tal requiere la protección estatal para ser garantizada a la ciudadanía. Si cada Estado es incapaz de asegurar este derecho, tendremos entonces que seguir el valiente ejemplo cochabambino, que logró a fuerza de desobediencia civil, recuperar su derecho fundamental de contar con agua para seguir viviendo.
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* Economista, director ejecutivo de Océana para América del Sur y Antártica.
Publicado en Crónica Digital: