La tierra ha vuelto a hablar… y los militares uruguayos siguen en cobarde silencio
El martes último se encontraron restos óseos en el Batallón de Infantería Paracaidista N°14 de la ciudad de Toledo, que forma parte del área metropolitana de Montevideo. Durante la última dictadura militar (1973-1985), este batallón funcionó como un centro de detención. Este hallazgo, realizado en una de las áreas cauteladas, incluye un cráneo y fragmentos de cal.
El anterior hallazgo de este tipo tuvo lugar en 2019, cuando se descubrieron los restos de Eduardo Bleier en el Batallón 13. Con este nuevo hallazgo, ya son cinco los cuerpos de detenidos desaparecidos que han sido exhumados: Roberto Gomensoro en Rincón de Bonete, Fernando Miranda en el Batallón 13, Ubagésner Chávez Sosa en Pando, Julio Castro y Ricardo Blanco en el Batallón 14. Estos dos últimos fueron encontrados en el mismo batallón, a escasos metros uno del otro.
El fiscal Ricardo Perciballe explicó que la Fiscalía ha dispuesto un relevamiento forense y que posteriormente se conformará una junta interdisciplinaria compuesta por antropólogos y forenses para determinar las causas de la muerte y llevar a cabo la identificación de la persona.
La coordinadora de antropólogos Alicia Lusiardo dijo que «si nosotros no tuviéramos expectativas no plantearíamos la necesidad de una cautela: creemos que sí, que tiene que haber más restos. Sabemos que es una tarea muy lenta». Y señaló que todo lo que pudieron recuperar fue enviado a un laboratorio en Córdoba para su análisis bajo custodia. Desde que las piezas llegan al laboratorio, el plazo es de un mes para su análisis.
Los investigadores continuarán trabajando en el terreno para inspeccionar los sedimentos asociados al lugar donde fueron encontrados. Esta etapa consiste en la búsqueda de pequeños elementos que puedan haber quedado, como huesos o alguna otra evidencia.
El director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), Wilder Tayler declaró: “Estamos casi seguros de que van a ir saliendo más restos. Ya ha ocurrido. Pero lo confirmado hasta este momento es un cráneo humano y otros fragmentos óseos en una tumba o en una fosa, a toda vista clandestina, con una masa importante de cal arriba”.
“Es parte de las áreas en las que se empezó a trabajar en 2020. No es un área nueva. Es el resultado de la acumulación de trabajo de muchísimos años de los antropólogos en una fosa que es bastante superficial”, aclaró.
La Mesa Política del centroizquierdista Frente Amplio emitió un comunicado en el que señaló que “En las denuncias realizadas durante décadas se señala que hubo varios enterramientos en ese establecimiento militar. Este hallazgo es un paso más en la imprescindible búsqueda de todas y todos nuestros desaparecidos, que debe continuar”.
“Expresamos nuestro reconocimiento a la lucha incansable de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, a la de todo nuestro pueblo y al trabajo del grupo de antropólogos y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad”, agregó.
“Esperamos que el hallazgo de hoy aporte paz en una familia”, dijo el ministro de Defensa Javier García. Señaló “lo conmovedor del episodio” y ratificó el “compromiso” del gobierno en “trabajar por la paz y la unidad de los uruguayos”.
Chicanas y troneras
Como era de esperar, los medios de comunicación se agolpaban en la entrada del Batallón 14. Las autoridades ya habían ingresado al predio y la primicia recorría los principales portales de noticias. Mientras la sociedad reaccionaba a la sorpresa y a la congoja, las cámaras captaron en vivo, como las autoridades militares realizaban ejercicios bélicos e incluso sacaron a marchar a la tropa en una señal de total irrespeto e insensibilidad ante lo que estaba sucediendo. 
Este hallazgo se da en un contexto donde la lucha por la memoria, la verdad y la justicia se disputa a varias bandas. Recientemente se conmemoró la 28° Marcha del Silencio. En junio se cumplen 50 años del golpe de Estado cívico-militar y paralelamente se está discutiendo en el Parlamento la reparación económica a víctimas de la guerrilla.
Un proyecto que proviene de la ultra derecha de Cabildo Abierto y su vez, el gobierno liderada por el derechista Luis Lacalle pretende liberar archivos de la dictadura así sin más. Lo que a primera instancia parece ser un gesto de buena fe, esconde otras aristas.
El archivo
En este archivo se puedan encontrar documentos que evidencien las violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo durante la dictadura cívico militar. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, opinó que era importante cuidar a las víctimas del terrorismo de Estado, lo que provocó la respuesta del ministro de Defensa, Javier García, quien estableció que buscan transparencia y verdad.
En 2006, la entonces ministra de Defensa, Azucena Berruti, informó que se había encontrado una “pieza llena de materiales” en la ex Escuela de Inteligencia del Ejército. Se refería a una cantidad importante de archivos militares vinculados a la dictadura cívico-militar (1973-1985), que requerirían el trabajo de un “equipo de especialistas” para su “lectura y digitalización adecuadas”.
Estas declaraciones a la prensa son recogidas en el artículo “Los ‘archivos de la represión’ en la era de la reproductibilidad técnica”, de la historiadora Isabel Wschebor, que en su introducción repasa el recorrido hecho por estos cientos de rollos de microfilms en los albores del primer gobierno del Frente Amplio (FA).
El contenido del archivo fue digitalizado, en su momento, en CD, y los microfilms originales almacenados en el Archivo General de la Nación (AGN), que lo declaró reservado por 15 años, “para que sea útil para los pedidos de la Justicia o a las personas directamente implicadas; si el expediente se refiere a tu persona, vos lo podés pedir”, explicó Wschebor a la diaria.
Las versiones digitalizadas fueron a parar también a equipos de investigación de la Universidad de la República (Udelar), a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y, cuando se creó, al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.
Wschebor explica en su artículo, que el archivo está compuesto en su mayoría por “expedientes producidos por diversos servicios de inteligencia militar como insumos para los procedimientos de investigación a personas y organizaciones”. Es decir, archivos de espionaje.
Este archivo, desarmado, es lo que el gobierno, por medio de un proyecto de ley enviado al Parlamento por el Ministerio de Defensa, pretende liberar para la consulta pública, en una sección especial dentro del AGN.
La Universidad de la República firmó, en mayo de 2021, un convenio de cooperación con la INDDHH para crear un repositorio de archivos sobre el pasado reciente, que sea, justamente, de acceso público. La institución fue depositaria de los archivos que tenía el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, y la universidad, además de tener también cierto volumen de archivos, produce investigaciones por medio del proyecto Cruzar.
El joven general que no sabía nada
Guido Manini Ríos, lider del partido ultraderechista Cabildo Abierto, fue formado como paracaidista en el Batallón 14. En su currículum aparece que se recibió de alférez en el año 1978. A partir de allí ascendió primero a teniente segundo hasta el año 1981, luego como teniente primero en 1984, al final de la dictadura y ya en democracia como Capitán paracaidista en 1988.
Un año antes de recibirse como alférez, desaparecieron al Maestro Julio Castro. Sus restos fueron hallados con un tiro en la cabeza en 2011 en el Batallón 14. El mismo año que se recibe de alférez Manini Ríos, es detenido en el 
Batallón 14, Blanco Valiente, fallecido como consecuencia de las torturas. Manini fue capitán del Batallón 14 en 1984 cuando, se asegura, ocurrió la operación Zanahoria, el proceso de desenterramiento de desaparecidos.
Mientras hacía carrera, ¿Manini Ríos no sabía nada? ¿Ignoraba lo que acontecía en su propio batallón? Y luego cuando fue el número uno de las Fuerzas Armadas, ¿también desconocía el pasado torturador y asesino de sus camaradas de armas? ¿No tiene nada para aportar a la causa? Otra vez el militar se ampara en sus fueros y en el cobarde silencio.
Las garras del Cóndor
Las muertes, desapariciones, torturas y toda esa vil maquinaria montada en el Cono Sur no fue casual ni azarosa. No fue porfía del destino que se erigieran dictaduras en la década del 70 en casi todo el continente americano. Una de las herramientas de Washington, gestor de las dictaduras, fue la instrumentalización de los escuadrones de la muerte.
Los escuadrones de la muerte fueron creados por las dictaduras militares de Argentina, Uruguay y Chile, con la intención de atacar, secuestrar y eliminar a disidentes durante los años setenta. Los representantes de operaciones ultrasecretas en dichos tres países, decidían cuál iba a ser la siguiente víctima por medio de un “voto mayoritario”.
Los detalles sobre el programa de asesinatos, que tenía como blanco a enemigos en la región y en Europa como parte de la alianza de la guerra fría llamada Operación Cóndor, han sido revelados en un reporte de 1977 de la Agencia de Inteligencia Central (CIA).
Ese documento es parte de una serie de reportes recién desclasificados del gobierno estadounidense que hablan de las tácticas represivas de los regímenes militares en Sudamérica y del conocimiento que tenían de estas los funcionarios de Estados Unidos.
En los registros habían varios datos nuevos, como la confirmación de que decenas de personas desaparecidas fueron asesinadas por entidades estatales. Más de 1.500 exoficiales argentinos han sido enjuiciados por delitos que incluyen tortura, miles de desapariciones forzadas y ejecuciones, así como el secuestro de cientos de bebés.
Estados Unidos apoyó en distintos niveles las juntas militares que tomaron el poder en América Latina. Los oficiales militares latinoamericanos recibieron capacitación en técnicas violentas de contrainsurgencia en la Escuela de las Américas, mientras Washington acudía a esos gobiernos aliados para detener el paso de movimientos de izquierda en la región con la detención, tortura y asesinato -incluso- de ciudadanos estadounidenses.
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)