La tragedia del empleo informal y por cuenta propia en Chile
La tasa oficial de desempleo se ha ubicado durante las últimas décadas en torno a un siete por ciento, lo que en términos absolutos significa poco más de medio millón de personas. Si a estas estadísticas le agregamos el empleo informal o subempleo, la proporción de trabajadores en una situación de precariedad laboral ingresa en un territorio opaco cuya claridad dependerá de la metodología usada. Según nuevas herramientas, en su creciente grado de nitidez y detalle, la fuerza laboral chilena perfila un panorama bastante lúgubre cuyos efectos más visibles y también evidentes, apoyadas por no pocas estadísticas independientes, se expresan en una creciente conflictividad social.
Desde finales de la década de los noventa, caracterizada por altas inversiones extranjeras, privatizaciones, un auge exportador y tasas de crecimiento económico cercanas a un diez por ciento, se ha producido una permanente disminución de puestos de trabajo como consecuencia de la pérdida de mercado de la pequeña y mediana empresa. Se trata de una merma de mercado y ventas de las pymes a favor de la gran empresa, fenómeno que fue cambiando la estructura laboral.
La instalación y profundización a partir de fines del siglo pasado del orden neoliberal halla en Chile un propicio caldo de cultivo con la dispersión de las organizaciones sindicales durante la dictadura y la vigencia del restrictivo plan laboral. Si a este fenómeno le agregamos nuevas estrategias de gestión en la gran industria y en los servicios, con importantes reducciones en los costos laborales a través de trabajadores externalizados y la incorporación de nuevas tecnologías con inteligencia artificial, obtenemos uno de los períodos más nefasto para las organizaciones sindicales, los trabajadores y sus demandas. Sin capacidad de ejercer sus derechos, bajo una asimetría completa de negociación ante las corporaciones y las empresas en general, los trabajadores se convierten en una masa temerosa, lo que no es ni clase, ni organismo, ni sujeto político o social. Es más un enjambre de individuos temerosos del poder empresarial que, bajo estas circunstancias, ha de competir entre sí. El enemigo no está en otra clase, sino entre los mismos postulantes a las plazas de trabajo o entre los mismos compañeros de fábrica, taller u oficina.
Pese a las reformas a la legislación laboral desde finales de la década de los noventa hasta el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la asimetría persiste y contribuye a consolidar a Chile como una de las sociedades más desiguales del planeta. Los portentosos niveles de concentración de la riqueza entre las familias de los controladores de las grandes corporaciones no sólo persisten en lo que llevamos del siglo XXI, sino que se consolidan y extreman. Con la introducción en la industria y los servicios de aplicaciones de inteligencia artificial que reemplazan mano de obra, emerge una masiva amenaza que ya tiene efectos perceptibles en la estructura laboral. Los empleos en la gran empresa tienden mes a mes a reducirse expulsando a miles de personas que intentan subsistir mediante actividades por cuenta propia. Una nueva vuelta de tuerca a favor de las corporaciones para mantener sus altas tasas de ganancias que recaen en los trabajadores y, por extensión, en la sociedad en su conjunto.
Los trabajadores son una pieza más -y ciertamente la más vulnerable y prescindible- en el libre mercado. Lo que queda de las conquistas sociales del siglo pasado es historia. La ofrenda manual e intelectual se entrega al mercado en la total indefensión, con la certeza de su temporalidad, acaso accidentalidad. Lo que nos entrega la economía durante sus ciclos de expansión se evapora con su contracción. Sin protección social, la precariedad se extiende desde la calidad del empleo -cuando lo hay- hasta la intimidad individual y familiar.
La ortodoxia capitalista busca por todos los medios la perfección del modelo. Si el mercado campea en los bienes y servicios, debe también extenderse hacia el trabajo. Si se es plenamente consecuente con la teoría de Hayek y Friedman, el sector privado debiera desregular este mercado, cuya legislación laboral vendría a ser el símil del proteccionismo en el comercio y cuyas organizaciones sindicales, oligopolios o monopolios. Esta premisa ha sido defendida con certero éxito por las corporaciones a través de las élites en el poder y la clase política cooptada y corrupta, impidiendo mínimas transformaciones a la precariada estructura laboral.
Millones de trabajadores sin protección social
La informalidad laboral es una creciente realidad. Un informe de la Fundación Sol publicado en agosto aterriza las grandes cifras del empleo, las cuales encierran un drama laboral. En Chile hay cerca de 700 mil subempleados, más de un millón de asalariados sin contrato laboral y otro millón de trabajadores externalizados. Un grupo cercano a la mitad de la fuerza laboral que pronto modificará aún más la ya deteriorada estructura laboral. Desde finales del año pasado se registra un nuevo fenómeno en la creación de empleos. Según las estadísticas oficiales, la creación de trabajos asalariados mantiene un ritmo varias veces menor al de actividades por cuenta propia.
A partir de aquí se configura otra estructura, la salarial. El promedio de ingresos entregado por las estadísticas oficiales es de 517 mil pesos mensuales, monto que al considerar la extrema distorsión y discriminación en la distribución de la riqueza ofrece cifras dramáticas. La mitad de los trabajadores gana menos de 350 mil pesos, siete de cada diez percibe menos de 500 mil líquidos en tanto sólo un quince por ciento gana más de 800 mil.
En noviembre de 2016, la línea de la pobreza por ingresos en Chile para un hogar promedio de cuatro personas se establecía en 410.684 pesos. Si se considera sólo a los asalariados del sector privado que trabajan jornada completa, la mitad gana menos de 400 mil. Esto significa que pese al trabajo no pueden sacar a su familia de la pobreza.
El caso de Enel
La externalización laboral, desarrollada por gran parte de las empresas desde inicios del siglo, ha tenido consecuencias no sólo en el deterioro del empleo y los salarios, sino sobre la organización de los trabajadores, la producción y los servicios. Las nevazones de julio pasado sobre Santiago, que tuvieron como efecto cortes en el suministro eléctrico de grandes zonas urbanas, destapó los modos de gestión al interior de las grandes corporaciones.
Durante el episodio, los sindicatos de profesionales universitarios de Chilectra difundieron una declaración que denuncia los procesos de reducción de costos mediante tercerización de actividades. Cuando Endesa España tomó en el año 2000 el control de Enersis, aplicó el Plan Génesis, que significó la externalización de todos los servicios operativos en terreno y atención de público, como call centers y oficinas comerciales, dejó al interior de la empresa sólo funciones administrativas. En esa oportunidad fueron despedidos unos 1.300 trabajadores, los cuales pasaron a ser recontratados por empresas externas en precarias condiciones laborales.
Una nueva reducción de costos se efectuó cuando la italiana Enel tomó el control de Chilectra en 2015, exigiendo más eficiencia a cada una de las áreas de la compañía. El resultado ha sido un nuevo traspaso de actividades a empresas externas, trabajos partime y contratos a honorarios. Esta nueva forma de gestión ha sido responsable, según denunció el sindicato, de las falencias a la hora de enfrentar las nevazones y otras emergencias con personal sin conocimiento de la operación de la empresa.
La estrategia de gestión mediante la reducción de costos, que recae en el cliente y en el trabajador, tiene como contrapartida altas utilidades. Enel tuvo ganancias por más de 230 millones de dólares en 2016, año caracterizado por una baja actividad económica. La estrategia de Enel podemos hallarla en prácticamente todas las grandes corporaciones. Durante aquel período de muy bajo crecimiento del producto, compañías de muy distintos sectores de la economía, pese a una sensible reducción de sus ventas, lograron aumentar sus ganancias respecto a los años anteriores. La causa fueron masivos y anticipados recortes laborales.
Un estudio realizado por Radio Bío Bío sobre las memorias de Chilectra y Enel ratifica esta afirmación. Entre 1999 y 2016 la compañía redujo en 50 por ciento el número de trabajadores propios, período en el cual los clientes aumentaron en una proporción casi similar. Entre 2004 y 2016, en tanto, los empleos subcontratados aumentaron 42 por ciento.
El proceso de externalización y precarización laboral no se detiene. Y no se detendrá en el escenario actual, con bajas tasas de crecimiento e incorporación de aplicaciones de alta tecnología. Desde 2010 a la fecha, según datos aportados por la Fundación Sol, se han creado 1,3 millones de nuevos trabajos de los cuales el 64 por ciento corresponde a empleo tercerizado, por cuenta propia de baja calificación y tiempo parcial, y empleo familiar no remunerado.
La figura del emprendedor, destacada como paradigma de la sociedad neoliberal, se desenvuelve en la precariedad y la pobreza. Esta realidad en pleno crecimiento se desprende al observar las cifras oficiales de creación de trabajos por cuenta propia: una encuesta del Ministerio de Economía (Micro Emprendimiento, 2015) revela que de cada diez trabajadores por cuenta propia seis laboran en la informalidad. Al segmentar estos datos nos acercamos al Chile real de la subsistencia, expresado en las estadísticas salariales. Casi la mitad de los trabajos por cuenta propia se realizan en los hogares sin una instalación especial, muchos de ellos (23 por ciento) trabaja en el hogar del cliente y el 20 por ciento lo hace en la calle. Ni el 15 por ciento de todos los trabajos por cuenta propia se realiza en una oficina, fábrica, local o taller.
Si esta es parte de la realidad laboral, el futuro del trabajador es aún peor. Los últimos datos sobre el pago de pensiones expresan una escena aún más trágica. Del total de pensiones que pagan las AFP, el 91 por ciento es menor a 160 mil pesos, sensiblemente menor al salario mínimo. Una cifra que ha elevado la edad efectiva de jubilación a los 71 años y convierte a la vejez es una de las etapas más duras de la vida de los chilenos.
*Publicado en “Punto Final”, edición Nº 883, 1º de septiembre 2017.