La Unión Europea renueva por 10 años el glifosato y rechaza la reducción del uso de agrotóxicos
Finalmente, el brazo ejecutivo del Parlamento Europeo decidió la renovación por 10 años del glifosato, luego de que los países miembros de la Unión Europa (Ue) no llegaran a un acuerdo en comisiones. El pasado 13 de octubre, en el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, los países miembros deliberaron y votaron sobre la renovación de glifosato sin llegar a la mayoría necesaria ni para aprobar ni rechazar su uso.
Quienes votaron a favor de la aprobación representan al 42% de los ciudadanos de la Ue. Siete miembros, incluyendo Francia, Alemania e Italia se abstuvieron, y países como Bélgica y Países Bajos votaron en contra. En estos países, la población que sufre y denuncia las consecuencias del glifosato y otros agrotóxicos, han hecho fuertes reclamos a sus gobiernos.
La siguiente instancia de decisión fue la Comisión de Apelación, que el 16 de noviembre tampoco logró la mayoría cualificada. En vistas de que el glifosato estaba aprobado hasta el 15 de diciembre de este año, este 28 de noviembre la Comisión Europea adoptó el Reglamento de Ejecución para habilitar la aprobación por al menos un década más. De esta manera, los Estados miembros siguen siendo responsables de la autorización nacional de productos que contienen glifosato.
La decisión se basó en las evaluaciones realizadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Agencia Europea de Sustancias Químicas – EFSA y ECHA, respectivamente, por sus siglas en inglés- , junto con los Estados miembros.
Según el comunicado oficial: “La evaluación realizada por la EFSA sobre el impacto del glifosato en la salud de las personas, los animales y el medio ambiente no identificó áreas críticas de preocupación que impidieran una renovación de la aprobación. […]
En el caso específico del glifosato, los solicitantes examinaron más de 16.000 estudios publicados, de los cuales alrededor de 2.000 fueron considerados potencialmente relevantes y fueron evaluados adicionalmente para determinar su relevancia, lo que dio como resultado alrededor de 780 publicaciones relevantes después de la selección del texto completo”.
Además agregaron que “no se espera que en el corto plazo se produzcan nuevos descubrimientos científicos significativos” y aseguraron que “actualmente no hay evidencia para clasificar el glifosato como cancerígeno” y la “EFSA también confirmó que el glifosato no es un disruptor endocrino”.
El 30 de mayo de 2023, la ECHA adoptó un dictamen sobre la clasificación y el etiquetado del glifosato donde indicaba que no debe clasificarse como cancerígeno (ni mutagénico ni tóxico para la reproducción).
Numerosos científicos se opusieron a esta resolución arguyendo que la evaluación oficial de la Unión Europea (Ue) favorece claramente a los estudios encargados por la industria química, descartando los realizados por la ciencia independiente. Desde Bélgica y Países Bajos, 291 científicos firmaron una solicitada para sus representantes votaran en contra de la renovación, atendiendo a la gran cantidad de evidencia independiente que señala los nocivos efectos en la salud humana y ambiental.
Además, un conjunto de ONGs ya anunciaron que van a apelar la decisión de la Ue. Una de ella es Pesticide Action Network -Red de Acción sobre Plaguicidas- (PAN) Europa, cuyo director ejecutivo, el Dr. Martin Dermine, declaró: “Al volver a aprobar el glifosato, la Comisión Europea demuestra que apoya a la agroindustria. La reaprobación contradice directamente los hallazgos de numerosos científicos independientes que han investigado los impactos del glifosato, desafía la voluntad de la gran mayoría de los europeos e ignora la necesidad urgente y el compromiso político de reducir el uso de plaguicidas. Lo más importante es que contraviene las leyes de plaguicidas de la Ue, que priorizan la protección de la salud y la biodiversidad por encima de los intereses económicos. Nuestra oposición se basa en pruebas jurídicas y científicas convincentes”.
Entre la evidencia científica reciente se destaca el proyecto SPRINT , financiado por la propia Ue, que agrupó a institutos de diez países europeos y Argentina en una investigación integral sobre presencia de residuos de agrotóxicos en distintos ecosistemas y también en personas. Los resultados son alarmantes y, por sus efectos sobre la salud humana, los investigadores recomiendan fuertemente reducir el uso de agrotóxicos hasta eliminar los más peligrosos, con nuevos umbrales o límites para su aplicación, en forma paliativa y preventiva.
Sin embargo, la connivencia del Parlamento Europeo con el agronegocio y la gran industria química quedó de manifiesto también en el rechazo a la normativa que contemplaba una reducción del uso de agrotóxicos. La Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) había respaldado y mejorado parcialmente la propuesta de la Comisión de Reglamento sobre el Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios (SUR) -fitosanitarios es como se denomina benévolamente a los agrotóxicos-.
Aún con carencias en varios aspectos para paliar los efectos adversos, se incluyeron muchas disposiciones importantes para reducir todos los pesticidas y la mayoría de los pesticidas peligrosos en un 50 % para 2030, reglas vinculantes para la implementación del Manejo Integrado de Plagas y medidas para proteger áreas sensibles, como áreas públicas, reservas naturales y recursos hídricos.
Son acciones mínimas que se necesitan con urgencia para proteger la salud pública y el funcionamiento saludable de los ecosistemas. También para los aplicadores y trabajadores rurales, que dependen de suelos sanos, biodiversidad, agua limpia, polinización y control natural de plagas, y que están muy expuestos a los agrotóxicos. Pero en la votación del Parlamento sobre este Reglamento se eliminaron la mayoría de las medidas claves de la propuesta, aprobando un texto desprovisto de todo contenido.
“Dos iniciativas ciudadanas europeas han pedido reducciones de pesticidas y protección de la salud de las personas y el medio ambiente. Los políticos deberían servir a los ciudadanos, no a los agronegocios. La votación conducirá inevitablemente a una mayor desconfianza en los políticos”, afirmó Natalija Svrtan, responsable de políticas de PAN Europa.
Este 3 de diciembre es el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. La fuerza para enfrentarse a las empresas como Bayer-Monsanto y el lobby de la industria agroquímica que se benefician a costa de la salud socioambiental, solo puede venir de las y los trabajadores, las poblaciones fumigadas y los sectores populares de todo el mundo. Para frenar y paliar de una vez por todas los efectos negativos de los agrotóxicos y pelear desde abajo, unidos internacionalmente, por otra forma de producir en equilibrio con el ambiente y en defensa de nuestra salud.