La votación contra Rusia en la ONU partió el bloque latinoamericano
Este jueves la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución por la cual se suspende la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, donde el bloque latinoamericano-caribeño, presionado por Estados Unidos, se partió en la votación. Es la segunda vez en la historia del organismo que se toma esta medida extraordinaria.
La Asamblea General tuvo en cuenta en su decisión las expresiones de preocupación manifestadas por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la última actualización sobre la situación hecha por la Misión de Observación en Ucrania el 26 de marzo de 2022.
Se trata de la segunda ocasión en que la Asamblea General toma esta decisión. En marzo de 2011, decidió suspender la membresía de Libia en el Consejo de Derechos Humanos por haber cometido violaciones graves y sistemáticas a esos derechos en la escalada para derrocar al líder libio Muamar el Gaddafi, un semestre después.
Dieciocho países de la región votaron a favor: Antigua, Argentina, Bahamas, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay. Once se abstuvieron: Barbados, Belice, Brasil, El Salvador, Guyana, México, Saint Kits, San Vicente y Granadinas, San Cristóbal-Nevis, Surinam y Trinidad Tobago.
Tres países votaron en contra: Bolivia, Cuba y Nicaragua. Venezuela no pudo votar porque a causa del bloqueo se encuentra en mora en el pago de sus cuotas de membresía, pero es obvio que habría votado en contra de la iniciativa.
El grueso de los votos que rechazaron la resolución provino de Asia, con los votos en contra de China, Corea del Norte, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Siria, Tajikistán, Uzbekistán, Vietnam. Nueve países africanos se sumaron a la oposición: Argelia, Burundí, República Centroafricana, Congo, Eritrea, Etiopía, Gabón, Mali, Zimbabwe.
Este resultado decepcionó al gobierno de Estados Unidos, promotor de la iniciativa, porque Washington esperaba que se repitiera el apoyo abrumadoramente mayoritario a sendas resoluciones votadas en marzo y que condenaban la invasión de Rusia a Ucrania. En esa oportunidad 141 países votaron a favor en la primera de ellas. En esta ocasión, en cambio, la propuesta de Washington fue respaldada por 93 países, mientras que 24 votaron en contra y hubo 58 abstenciones.
El representante brasileño, Ronaldo Costa Filho señaló que «Brasil ha decidido abstenerse en la votación porque cree que se debe permitir que la comisión de investigación complete su investigación independiente para que se puedan determinar las responsabilidades».
Pero su advertencia no fue tenida en cuenta por los representantes de otros países de la región y ni siquiera por Argentina. presidente pro-tempore de la Comunidad de Estados Latniamericanos y Caribeños (Celac), que consintió en sancionar a un país sin respaldo probatorio fehaciente, quizá por su vulnerabilidad por su sideral deuda externa y sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Obviamente, la presión de Washington sobre todos los países latinoamericanos y caribeños fue grande, pero eso ya no puede servir de excusa.
México se abstuvo en la votación, al considerar que la permanencia o ausencia de Moscú en dicho órgano no constituye un factor que la exima o que le imponga obligaciones bajo el derecho internacional, y que el multilateralismo debe fortalecerse a través de la inclusión y no de la exclusión. “Incluso en medio de la guerra todos los canales deben mantenerse abiertos para encontrar una solución diplomática que devuelva la paz”, dijo el representante mexicano.
El representante ruso Gennady Kuzmin, criticó la iniciativa. “El proyecto de resolución que estamos considerando no tiene relación con la situación sobre el terreno. Es un intento de EU de mantener el control total e intentar la colonización de los derechos humanos”, dijo.
Con esta resolución, respaldada por casi la mitad de los países miembros de la ONU, Washington y sus aliados avanzan en su propósito de convertir a Rusia en un Estado paria y excluirlo de todos los foros internacionales. La decisión no adelanta en lo que debería ser prioritario desde una perspectiva de derechos humanos: superar la niebla de la propaganda bélica y conducir una investigación imparcial para dilucidar lo realmente ocurrido en Ucrania.
Llama la atención que sea precisamente Rusia, a través de su Ministerio de Defensa, el que pida la presencia de organizaciones internacionales de derechos humanos para investigar lo que denomina provocación cínica del gobierno ucranio, en tanto que los gobernantes y medios alineados con la Casa Blanca dan por buena la versión de Kiev.
Por ejemplo, no repararon en las inconsistencias del relato de Kiev sobre Bucha, como el hecho de que las imágenes de los cuerpos se conocieran recién tres días después de la salida de las fuerzas rusas de la región.
El representante permanente de Cuba ante Naciones Unidas, Embajador Pedro Luis Pedroso Cuesta alertó sobre los peligros que impone el uso de tal mecanismo de suspensión, cual no tiene paralelo en ningún otro órgano de las Naciones Unidas, y puede ser fácilmente utilizado de manera selectiva, en especial contra los países del Sur.
Recordó como los más entusiastas promotores de la cláusula de suspensión de la membresía, cuando se negociaba la construcción del nuevo Consejo de Derechos Humanos, fueron naciones desarrolladas con demostrada tendencia a acusar a países del Sur que no se ajustan a sus supuestos modelos de democracia, mientras permanecían en silencio cómplice ante flagrantes violaciones de derechos humanos en países occidentales.
Hoy es Rusia, pero mañana puede ser cualquiera de nuestros países, particularmente naciones del Sur que no se pliegan a los intereses de dominación y que defienden con firmeza su independencia, enfatizó Pedroso Cuesta.
En esta ofensiva contra Rusia, el gobierno de Joe Biden, legisladores medios y agrupaciones de derechos humanos estadounidenses, entre otros, llamó a comenzar un juicio contra el presidente ruso Vladimir Putin por crímenes de guerra, pero enfrentan un grave problema: Estados Unidos no reconoce, y hasta ha amenazado con represalias a la instancia internacional encargada de esos juicios, la Corte Penal Internacional.
El lunes pasado, Biden tildó a su homólogo ruso de criminal de guerra, tipo brutal y declaró que debería enfrentar un juicio de crimen de guerra. Quizá su memoria no recuerde las masacres en Irak, Siria, Afganistán…
Los principales líderes del Partido Colorado uruguayo, miembro de la coalición multicolor derechista del presidente Luis Lacalle, fueron más allá y exigieron al gobierno no ser «indiferente» al nuevo escenario mundial planteado tras la invasión rusa a Ucrania y su impacto en la eventualidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, teniendo en cuenta la cercanía de ese país con el gobierno de Vladimir Putin.
Ope Pasquet, actual presidente de la Cámara de Representantes, señaló que el 4 de febrero pasado los gobiernos chino y ruso habían anunciado acuerdos bileterales “superiores a las alianzas políticas y militares de la guerra fría”, lo que a su entender demuestra que la alianza mutua “no tiene límites” y que fue suscrita por Pekín “a sabiendas de la invasión de Rusia a Ucrania se concretaría pocos días después”.
Pasquet, que fue subsecretario de Relaciones Exteriores, recordó que China jamás dio su voto a las condenas a Rusia promovidas en la ONU a una acción por parte de Moscú que “viola todos los principios” de esa organización.
* Doctorando en Comunicación Estratégica, Investigador del Observatorio en Comunicación y Democracia, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la))