Lacalle quiere seducir a inversionistas argentinos: los riesgos
El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, flexibilizó la semana pasada las condiciones para acceder a la residencia fiscal en su país, buscando captar fundamentalmente a los argentinos que se quejan por la presión fiscal en su país.
Con la sanción del decreto 163/20, el presidente derechista intenta atraer a inversores y evasores argentinos, pero la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) argentina advirtió que obtener la residencia fiscal uruguaya no implica perder la argentina y, por ende, quienes avancen en esa dirección podrían terminar pagando más impuestos que ahora, en ambas orillas del Río de la Plata.
“Adquirir la residencia fiscal uruguaya no implica perder la 
argentina. Quienes no quieren tener la residencia fiscal en nuestro país necesitan que el contribuyente pierda efectivamente la residencia legal. En los casos que no la haya perdido, es necesario que la persona permanezca en el exterior por un plazo continuado de doce meses, a los que deben agregarse tres meses adicionales”, precisaron fuentes oficiales a Página12.
El mandatario uruguayo apuesta especialmente a los empresarios argentinos, tanto los grandes nombres que suelen pasar sus veranos en Punta del Este como también a los pequeños y medianos hombres de negocios que se ven afectados por los vaivenes económicos de la Argentina.
La iniciativa de Lacalle tiene como objetivo a alrededor de 100.000 argentinos, a los que buscará seducir para que se instalen en Uruguay y con su capital puedan potenciar la inversión.
La empresas de consultoría uruguayas ven en el decreto su negocio: “Es positivo que Uruguay flexibilice las condiciones fiscales. 
Puede ser que se vendan empresas argentinas que están en zonas francas y se muden allá en forma total. Ya pasó en 2013 y 2014. En el sector de servicios la mudanza es más fácil, y además no tienen retenciones. Ya pasa con Chile, donde hay empresas que deberían estar en la Argentina”, señaló en enero Gabriel Zelpo, de la consultora Seido.
Actualmente existe una diferenciación para obtener la residencia legal (que permite tener la cédula de identidad) entre los ciudadanos de países del Mercosur y Estados asociados y el resto del mundo. Los primeros solo tienen que demostrar el ánimo de permanecer y residir en Uruguay, los segundos deben además acreditar medios de vida. Para la residencia fiscal no existe ningún tipo de diferencia
El decreto
El decreto reduce la exigencia patrimonial de casi dos millones de dólares a apenas 380 mil dólares y exige que la persona registre una presencia física en Uruguay de al menos 60 días por año.
«La política del Poder Ejecutivo en materia de inversiones se basa, fundamentalmente, en ofrecer al mundo un país de oportunidades», comienza el decreto en sus considerandos y luego agrega que «el Uruguay es un país de puertas abiertas, con una política migratoria que otorga un marco de seguridad pública, jurídica y económica para todas las personas extranjeras que deseen radicarse».
En el artículo uno fija un nuevo monto que para bienes inmuebles lo fija en 3,5 millones de Unidades Indexadas, siempre que se realice a partir del primero de julio de este año. La Unidad Indexada es una medida que se ajusta diariamente según la tasa de inflación, que en los últimos doce meses está en el 11 por ciento. Esos 3,5 millones convertidos a dólares, a una cotización de 43 pesos uruguayos, equivalen a 380 mil dólares.
En lo que respecta a una inversión directa o indirecta en una empresa el piso son 15 millones de Unidades Indexadas, alrededor de 1.630.000 dólares en una empresa, siempre que generen al menos 15 nuevos puestos de trabajo directos de jornada completa.
En enero, antes de asumir la presidencia, Lacalle adelantó que cambiará las normas del Banco Central vinculadas al flujo de capitales: “Vamos a flexibilizar alguna norma bancocentralista que dificulta mucho el ingreso de capitales».
De este modo, el gobierno de Lacalle Pou busca capitalizar el descontento de algunos argentinos que quieren pagar menos impuestos y recurrentemente amenazan con la posibilidad de radicarse en Uruguay para cumplir ese objetivo.
Si los argentinos que adopten la residencia fiscal uruguaya envían a sus hijos al colegio o a la Universidad y realizan sus compras con tarjeta de débito o crédito en su país deberán seguir pagando impuestos en Argentina. Además, aquellos que sí cambien su residencia legal igual deberán seguir pagando impuestos por los bienes que tengan en Argentina.
*Periodista económico argentino, analista asociado a al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)