Lagos y la consolidación del orden oligárquico

Desde antes de la Revolución Francesa -pero sobre todo después de ésta-, se ha intentado construir un orden centrado en la razón y no en la voluntad del Príncipe, en donde el progreso de la ciencia, de la economía y de la técnica fuese de la mano con el progreso en la justicia y en la dignidad de la condición humana, así como en la autonomía y emancipación de los pueblos.

Lejos del carácter normativo de este ideal de Modernidad, el gobierno chileno, encabezado por Ricardo Lagos, se muestra como un factor de consolidación de las nuevas formas de oligarquía y dominación aristocrática de la sociedad chilena, en donde prevalecen y se consolidan procesos sólo aparente y formalmente modernos.

La evidencia del distanciamiento del gobierno de Lagos de esta corriente histórica se puede establecer a través de un análisis crítico de sectores claves como la educación, la salud, la energía y otros, a partir del discurso presidencial del pasado 21 de mayo. Es importante señalar que aquí no interesan tanto las magnitudes de las cifras con que el Presidente adorna su discurso, sino saber el curso por el cual Lagos orienta la historia de Chile. Esto no es menor y he allí la gran responsabilidad de un gobierno.

Los pobres y los ricos

Por ejemplo, el 21 de mayo Lagos se refirió extensamente al 20% más pobre del país, sosteniendo que éste está mejor y seguirá mejorando. Para ello utilizó las cifras del último censo, en el que se muestra un aumento en la disponibilidad de bienes de distinta naturaleza, particularmente electrodomésticos. Estos sectores, según el Presidente, «tienen mayor y mejor acceso a los frutos del desarrollo». Para ello se permitió un buen número de cifras, tales como la duplicación del ingreso monetario en poco más de una década.

Ahora bien, si se considera que el ingreso monetario de las familias más pobres pasó de algo más que 64 mil pesos en 1987, a una cifra de 104 mil pesos aproximadamente en el 2000 (última cifra disponible), no es como para felicitarse, menos aún cuando el salario mínimo es de 115 mil pesos. Ese 20% más pobre no gana ni siquiera el salario mínimo.

Una persona -para qué hablar de una familia- requiere al menos 125 mil pesos mensuales para poder acceder a un mínimo aceptable, con el cual satisfacer sus necesidades. Además, por más que hayan duplicado su ingreso monetario, el del 20% más rico aumentó más aún, por lo que finalmente, hoy las diferencias de ingreso son mayores.

En Chile, la diferencia entre el ingreso del 10% más rico y del 10% más pobre es de 43 veces, mucho más que Japón, Estados Unidos, México y Costa Rica, entre otros. De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano del PNUD 2003, Chile es uno de los 12 países con la peor distribución del ingreso en el mundo, es decir, donde la justicia es una meta no lograda en absoluto, posición compartida con países como Namibia, República Centroafricana, Nicaragua, Honduras y Sierra Leona, entre otros.

Por lo tanto, difícilmente Lagos nos puede pedir que reconozcamos los avances que hemos tenido cuando, en esta materia no hemos logrado nada durante su gobierno, sino más bien ha habido un retroceso.

Bienes y servicios

Dentro de las consideraciones que expuso -para que nos percatáramos del gran salto que hemos dado en un período tan corto-, Ricardo Lagos hizo referencia a una multiplicación por cuatro del acceso a bienes y servicios fundamentales. No interesa discutirle la cifra al Presidente, sino más bien subir a la mesa otras consideraciones que al menos le dan a sus declamaciones un carácter muy relativo.

Hay que tener mucho cuidado cuando se considera el aumento de la disponibilidad de bienes como un aumento del bienestar. En primer lugar, porque la mayor disponibilidad de bienes que hoy tendrían los pobres se debe en parte al abaratamiento de los costos de producción. Esto se explica por el deterioro en la calidad, por la reducción de los costos salariales y por el mejoramiento de las tecnologías de extracción y producción.

Obviamente no es malo que bajen los precios para que los pobres accedan a mayores bienes, pero no se puede presentar esta situación como absolutamente buena, puesto que si la calidad de los bienes es considerablemente menor a la que acceden los más ricos, siguen prevaleciendo las desigualdades.

Respecto a la reducción de los costos salariales, hay que decir que se trata de un factor crítico de la función de producción. Hoy la mayor flexibilidad laboral, la ausencia de un verdadero derecho a huelga y la debilidad de los sindicatos -cuestiones que durante el gobierno de Lagos han empeorado- explican que los trabajadores acepten salarios más bajos, horas de trabajo extenuantes y condiciones laborales degradantes.

Esto ciertamente permite abaratar costos -o como le gusta decir a los economistas, hacer más eficiente la asignación de recursos- y, en consecuencia, vender a precios más bajos. Pero, una vez más, hay un gran componente de desigualdad, ya que la caída de los salarios debe ser más fuerte que la de los precios finales. De otra manera no habría incentivos para aumentar la producción a que acceden los más pobres.

Por otra parte, la mayor disponibilidad de bienes también se explica por la mayor productividad de la tecnología, es decir, hoy las máquinas son más eficaces a lo largo de la cadena productiva. De esta manera, ahora se pueden extraer más rápidamente y en mayor volumen los recursos naturales necesarios para realizar la producción, mientras la tecnología industrial permite disponer de más unidades de producción por unidad de tiempo.

Tampoco esto es malo, pero se debe tener presente que significa mayor destrucción de recursos naturales, mayor contaminación y mayores desechos, o sea, más basura. Lo preocupante es que estos subproductos del crecimiento económico son «disfrutados» casi exclusivamente por los más pobres, con lo que se agrega otro factor de desigualdad a los que ya existen.

En consecuencia, el mayor acceso a los frutos del desarrollo que hoy tiene el 20% más pobre y que tanto destacara el Presidente Lagos, es al menos relativo y no puede evaluarse como un gran salto hacia el desarrollo.

Por otra parte, Lagos defendió su política orientada a mantener un bajo riesgo país, dado que eso nos muestra como una nación fiable. Sin embargo, esa confiabilidad es básicamente entregada por la banca financiera internacional. No estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino sólo de la Banca, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. En concordancia, el Presidente pidió que se consideraran los mil 360 millones de dólares que se ahorra el sector privado en el pago de intereses, gracias al bajo riesgo país.

Un subsidio -dijo Lagos- que equivale a dos puntos adicionales en el coeficiente de inversión y dos veces el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. El ahorro del sector público es mucho menor, ya que llega sólo a 360 millones de dólares. Es decir, el sector privado se beneficia casi 4 veces más que el sector público con el bajo riesgo país.

Esto, al igual que las inversiones en infraestructura, que están cambiando la fisonomía del paisaje y que permitirán que el viaje entre el aeropuerto y el barrio alto se reduzca a sólo 18 minutos, no sólo son modificaciones espaciales, sino también claramente beneficiosas para las elites y el modelo de país altamente productivista y eficiente que quiere Lagos.

La realidad energética

Un caso que ilustra la opción preferencial por los ricos es la política energética. La crisis generada por las reducciones del suministro de gas proveniente de Argentina, ha dejado al descubierto  que el sistema no sólo es vulnerable y ambientalmente inadecuado, sino también ineficiente y orientado a desarrollar un mercado altamente rentable para las generadoras de energía.

Chile requiere importar el 98% del petróleo, el 100% del gas natural y más del 50% del carbón mineral, es decir, cerca del 70% de las necesidades energéticas. Además, el 90% de la energía que se consume es combustible, cuya quema se traduce en contaminación atmosférica y calentamiento global. Por otra parte, dada la lógica mercantil que hay detrás de la estrategia energética, lo que se busca es vender más y no ahorrar. Entonces, para aumentar el PIB en un 1% necesitamos aumentar el consumo de energía por sobre ese porcentaje.

Ahora que hablamos de alzas, habría que recordar que el costo de la energía eléctrica para los consumidores -quienes pagan precios internacionalmente alineados- prácticamente se mantuvo inalterable con la introducción del gas argentino; sin embargo, para las generadoras -Colbún y Gener, por ejemplo-, los costos marginales de producción se redujeron considerablemente. Esto deja en evidencia cuáles son los objetivos de las políticas públicas de Ricardo Lagos.

Gobernar ya no es educar

En materia de educación, la situación no es mejor. De hecho, el propio presidente reconoce que el crecimiento del presupuesto educacional está estrictamente vinculado al crecimiento económico del país. Es decir, Lagos no ha incrementado la importancia relativa de la educación durante su gobierno. No obstante, nos apabulla con más cifras: 50 mil nuevos cupos en la educación parvularia, un millón 500 mil estudiantes de párvulo y básica con alimentación gratuita, seis mil 400 establecimientos subvencionados en el Programa de Jornada Escolar Completa, una inversión en infraestructura once veces mayor que hace 14 años, etcétera.

Sin embargo estas cifras no nos sirven para demostrar que la política educacional de Lagos está empeñada en hacer de la educación, un instrumento útil para modificar estructuralmente las condiciones de desigualdad y promover un acceso más justo a las oportunidades.

Un 64% de los alumnos que rindieron SIMCE en el 2003 viven en hogares cuyo ingreso promedio mensual es de 180 mil pesos, es decir, no pueden cubrir sus necesidades y en consecuencia son altamente vulnerables. Sólo un 8% asiste a establecimientos particulares pagados, en donde el ingreso promedio mensual es de 738 mil pesos mensuales.

Los resultados obtenidos en la prueba SIMCE por el sector socioeconómico alto versus el bajo fue de un 35% superior en castellano y de un 50% en matemáticas. Por otra parte, en la Prueba de Selección Universitaria se verificó que de los 200 mejores colegios, sólo cinco son municipalizados, todos pertenecientes a las comunas de Santiago y Providencia.

La salud en crisis

En el ámbito de la salud, el recuento de cifras fue la ruta de navegación: duplicar el presupuesto de atención primaria, un 53% de aumento en las atenciones en los consultorios e incremento del 90% de los Servicios de Atención Primaria de Urgencia. Ahora bien, la situación de la salud en Chile no nos permite sacar conclusiones muy alentadoras desde la perspectiva de la construcción de un país más moderno.

En primer lugar, el gasto público en salud en el 2000 llegaba al 1,3% del PIB, el más bajo en términos per cápita, en comparación con los países de mayor gasto social en América Latina, según la CEPAL. Por otra parte, debe tenerse presente que en Chile hay dos sistemas de salud: las isapres, que se encargan del segmento más rico de la población y que están concebidas desde la lógica mercantil; y otro público, Fonasa, que en cierta manera continúa ligado a los criterios más tradicionales de los sistemas públicos de salud y que atiende al 70% de la población.

El sistema privado funciona bien y sin problemas de financiamiento, pero el sistema público no sólo debe asumir el mayor número de cotizantes, los que para colmo son los más pobres, sino también porque el número de personas ha aumentado desde el año 1997, cuando más de 800 mil personas emigraron desde las isapres.

Además, los usuarios del sistema público son los más costosos en términos de las prestaciones, dado que asume al 65% de la población menor de 4 años, al 85% de los mayores de 60 años, al 64% de las mujeres en edad fértil (hasta 44 años), al 90% de los dializados, al 100% de los enfermos de SIDA y al 90% de los mayores de 80 años. Esto, sin contar que el 85% de la población pobre se atiende gratis.

La contracara es que el sistema público tiene severos problemas de financiamiento para asumir la atención del 70% más vulnerable y costoso de la población. Las isapres tuvieron durante el 2003 una rentabilidad del 32% y operan con costos de administración en torno al 20%, mientras Fonasa apenas llega al 5%.

Durante el gobierno de Lagos, esta situación se ha mantenido relativamente intacta y lo único más o menos significativo ha sido el Plan AUGE, que el presidente defendió con orgullo y pasión. Sin embargo, no se han podido aplacar las críticas, particularmente que induce a pensar que van a ser atendidas todas las enfermedades y no sólo las 56 proyectadas o las poco más de 14 que hoy realmente cubre. Además, es evidente que provocará una discriminación en contra de aquellas personas que sufran las enfermedades no contempladas en el AUGE, así como la probable reasignación de recursos que harán los hospitales y centros asistenciales hacia las enfermedades incluidas en el plan, desatendiéndose las otras.

El país no es solidario

Por otra parte, no es posible dejar de referirse a la reducción a limosna de valores como la solidaridad y la justicia, tan modernos como la libertad y el progreso. ¿Qué son 10 mil pesos por una sola vez para quienes reciben pensiones mínimas y asistenciales, como compensación por los mayores precios de los combustibles?

¿Qué tipo de vida pueden llevar los mayores de 75 años que reciben pensiones asistenciales y mínimas con el aumento del 18,8% y del 9,3% respectivamente, con lo que llegarían a 48 mil pesos y 90 mil pesos?

¿Puede alguien de 75 años vivir con eso?

¿En qué se comparan estos beneficios con los que obtendrán del TLC con Estados Unidos los grandes exportadores que se ubican en la cúspide de la pirámide social? Téngase presente que sólo la Costanera Norte representa un beneficio para el 12% que vive en el sector oriente de la capital, infinitamente superior al que recibirán los mayores de 75 años.

No basta con que doña Carmen haya aprendido a leer y a escribir ni que se hayan entregado 12 mil cédulas de identidad gracias al programa Chile Solidario, para asegurar la meta de erradicar la extrema miseria, ni menos aún para demostrar que estamos construyendo un país más solidario.

En consecuencia, es difícil sostener que este gobierno no sea más que uno de los tantos esfuerzos de Modernización a secas, es decir, muchas carreteras, acuerdos de libre comercio, internet y otras chucherías que vienen aparejadas con el progreso técnico, pero que se encuentran a siglos de distancia y definitivamente escindidas de los contenidos normativos de la Modernidad.

Una referencia infortunada

Para terminar, cabe hacer un breve comentario respecto a la referencia final del discurso de Lagos al Presidente Pedro Montt, quien gobernara el país en el período 1906-1910.  Al menos parece curioso que un presidente que representa a los sectores de la izquierda chilena, haga referencia a quien luchara durante la Guerra Civil de 1891 en contra del entonces Presidente Balmaceda, quien trató de romper el monopolio británico en los ferrocarriles y reducir la dependencia financiera respecto a Inglaterra. Además, se mostró partidario de nacionalizar los distritos salitreros del norte mediante la formación de empresas chilenas.

Pedro Montt, obviamente, era contrario a estas ideas de Balmaceda, pero lo más grave fue que durante su gobierno se ordenó la matanza de obreros en la Escuela Santa María de Iquique, en donde las tropas militares entraron ametrallando a hombres, mujeres y niños. Esta matanza es considerada uno de los hechos más atroces que ha tenido que sufrir el movimiento popular y la lucha obrera en América Latina.  De hecho es un icono de referencia para la izquierda chilena.

Por ello, cuesta entender la necesidad de Lagos de citar a Pedro Montt, aún cuando intente justificarse argumentando que fue el presidente del primer centenario.

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* Presidente de Corporación Representa.

Fuente:
Revista Surda. Publicado en www.portaldelpluralismo.cl