Chile: Las bochornosas erradicaciones de campamentos

Uno de los cargos más severos que se le harán a la gestión presidencial de Gabriel Boric será el de la erradicación de decenas de campamentos levantados por los cientos de miles de chilenos que no han podido acceder a un casa propia y digna. Violentos procesos ejecutados por las policías que incluyen, además, arrasar con sus precarias instalaciones y dejar a sus moradores a la intemperie, si esto les resulta necesario.

Sabemos que estos bochornosos episodios son instruidos por los Tribunales, pero siempre dispuestos por el poder Ejecutivo, por ser el que dispone del uso de la fuerza pública para ofrecerle al país las dramáticas imágenes en que, en nombre de la Ley y el Orden, se acaba con lo poco y nada que tienen los pobres enfrente de la mirada inocente de sus hijos y el desamparo de sus padres.

Miles de familias rendidas por aquellos largos procesos judiciales y apelaciones ante las autoridades políticas, en que indefectiblemente comprueban que nuestra institucionalidad prefiere garantizarle a unos pocos la propiedad privada de sus terrenos, pero no el derecho de todos los habitantes del país a acceder a un sito y vivienda digna.

Comprendemos perfectamente la ira o desazón que debe provocar en los propietarios legales de las zonas ocupadas, pero nos cuesta mucho comprender su persistente negativa a desprenderse de extensiones generalmente baldías en las faldas de los cerros de Valparaíso, San Antonio y tantos pueblos y ciudades especialmente del norte del país, ya sea en el mismo Desierto o cercano a sus costas. Oponerse, por su codicia, a una compraventa más que justa de parte de los que califican como usurpadores, o a aceptar una indemnización con recursos del propio Estado y los municipios. En montos que muchas veces superan la propia tasación fiscal o comercial de estos predios.

Cuesta entender que muchos celebren como triunfo cada erradicación, una práctica en que tantos se ven forzados a encontrar refugio entre sus familiares, muchas veces tan pobres como ellos. Cuesta entender la frialdad de sus corazones ante la miseria y la aflicción de tantos chilenos e inmigrantes. Estos últimos muchas veces invitados a radicarse en Chile por los propios gobernantes para ser dispuestos como mano de obra barata, en la que tanto se funda la riqueza de aquellos empresarios dedicados especialmente a la exportación de nuestras riquezas naturales de la minería y la agricultura.

Pero todavía más nos cuesta comprender que desde un gobierno auto definido de centro izquierda haya cundido tanto la inoperancia de sus operadores, incapaces de lograr acuerdos entre los pobladores de dichos campamentos y quienes en los papeles se señalan como “legítimos” propietarios. Olvidándose que en el pasado el Estado expropió con la Reforma Agraria miles de hectáreas agrícolas para entregárselas a quienes trabajaban la tierra. Soslayando, asimismo, la existencia de cientos de campamentos “ilegales” que dieron origen a pueblos y ciudades gracias a la protección que les brindó el Estado, mediante gobiernos de mayor sensibilidad social o, incluso, de franca orientación derechista.

Que alguien responda dónde podrían instalarse los sin casa, esto es las 120 mil familias hacinadas en más de 1.420 campamentos, si no es en aquellos lugares despoblados. Que alguien nos señale cuál podría ser el pecado de organizarse para demandar sus derechos más esenciales y emprender sus auto construcciones. Junto con defenderse colectivamente de toda suerte de fatalidades como las del clima que a tantos les ha quitado lo poco que tienen y muchas veces sus propias vidas.

Cómo reprocharles que entre ellos muchas veces se infiltre el narcotráfico, si en las propias instituciones públicas y la política parece cómoda e impunemente instalado. Cómo no avergonzarse de que sea el crimen organizado el que esté proveyendo de recursos a quienes la economía chilena les niega casa, pan, trabajo y estudio a sus menores. Formando parte también sus familias de las largas listas de espera de los hospitales, así como que los menores que aún no entran a la adolescencia sean reclutados como carne de cañón de las bandas criminales. Habiendo, incluso, candidatos y medios de comunicación, que abogan para que la imputabilidad penal de los niños se baje hasta los doce o trece años de edad.

Para que la cárcel sea, como dice nuestro Himno Patrio, su “futuro esplendor”, cuando no terminen acribillados por las bandas delictivas, pero también por los “efectivos” policiales y militares ante los cuales están postrados los partidos y dirigentes políticos de todos los colores. Avalando un accionar onerosamente financiado por la Ley de Presupuesto de la “Nación”, y los uniformados que delinquen en las calles y poblaciones no encuentren debida condena judicial.

Permaneciendo impunes, tal como los políticos sobornados por un Banco y la poderosa empresa Soquimich. Un episodio de corrupción que cualquier persona informada reconoce entre los más ignominiosos del financiamiento irregular de la política.

A ver si en los pocos meses que le quedan al actual gobierno, sus máximas autoridades se deciden actuar en pro de la justicia social, imperativo que las leyes debieran servir en una verdadera democracia. Siendo preciso para ello, recurrir a la movilización popular si fuese necesario para que nunca más se oponga el Estado de Derecho a la voluntad soberana del pueblo. Apelando a su consecuencia “revolucionaria”, un término ciertamente proscrito del discurso de quienes nos gobiernan y que hoy hasta es utilizado por los candidatos de derecha para definir los drásticos cambios que dicen proponerse.