Las elecciones y los gobiernos «progresistas»
El último semestre de este año, tan desgraciado para América Latina, marcado por la imposición de Peña Nieto, la muerte de Hugo Chávez y las dificultades económicas, será teatro de dos elecciones importantes –en Argentina y Chile– y de cambios en las relaciones de fuerza internas en las instituciones como el Mercosur o la Unasur.
El 27 de octubre Argentina votará la renovación de las cámaras (las elecciones primarias serán el 11 de agosto), el 11 de noviembre Chile irá a las urnas para elegir presidente, diputados y senadores. Además, en octubre del año próximo Brasil y Uruguay elegirán presidente.
En Chile la derecha ha tenido problemas para elegir candidato y su opción Evelyn Matthei –la hija del integrante de la junta militar pinochetista manchado con la sangre, entre otros, del general Bachelet, padre de Michelle Bachelet, la candidata de centroizquierda– es resistida por el sector reaccionario pero no pinochetista de Renovación Nacional. Existen pues grandes posibilidades de que Michelle Bachelet sea elegida ya en el primer turno y deba hacer algunas concesiones a los movimientos sociales obreros y estudiantiles que debilitaron continuamente al gobierno de Sebastián Piñera y derribaron sucesivos candidatos a la continuidad de éste. En ese caso Chile podría enfriar sus relaciones con la conservadora Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile) dirigida por Estados Unidos o incluso acercarse al Mercosur e integrarse más en la Unasur.
En Argentina, las encuestas para las primarias de agosto no sugieren grandes cambios en las elecciones de octubre: el kirchnerismo mantendría, bien o mal, el control de ambas cámaras y aparecería como primera minoría, con alrededor de 35 por ciento de los votos, peleando el primer lugar en el principal distrito electoral –la provincia de Buenos Aires– y a lo mejor también en Santa Fe –hoy en manos de una alianza entre los socialistas y la derecha– y un segundo o tercer lugar en la ciudad autónoma de Buenos Aires, además de ganar en todas las otras provincias, salvo Córdoba y quizás Mendoza.
Hay que aclarar que cuando hablamos de kirchnerismo nos referimos a un conjunto muy heterogéneo de barones locales, ligados al gobierno central por su propio interés, pero no por sus ideas. Basta decir que en la provincia de Salta, gobernada por el kirchnerista Urtubey, la policía tortura abiertamente, el gobierno local impuso contra la Constitución la enseñanza religiosa católica en las escuelas públicas y a pesar de la ley nacional que permite el aborto gratuito en los hospitales, en el ámbito provincial está prohibido.
La presidenta Cristina Fernández elige a sus altos funcionarios en los sectores más conservadores (el actual secretario de la Presidencia, verdadero primer ministro, viene de la derecha católica nacionalista; el vicepresidente, Amado Boudou, viene del partido de Alsogaray, neoliberal puro y duro, al igual que el candidato para la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. Los más altos funcionarios financieros provienen, como Aníbal Fernández, ex secretario general de la Presidencia y actual jefe del bloque de senadores, de las filas del menemismo).
Por eso sus adversarios más peligrosos fueron también elegidos por Néstor Kirchner o por ella y altos funcionarios kirchneristas, como el candidato de la derecha en la provincia de Buenos Aires, el ex secretario de la Presidencia, Sergio Massa, otro de la camarilla de Alsogaray, o el ex ministro de Finanzas, Martín Lousteau, quien ideó el impuesto que llevó al choque con los terratenientes y exportadores de granos y que ahora es candidato precisamente de los que resistieron su impuesto.
Crece, por tanto, un desorganizado sector de centro que busca separarse de la derecha clásica, pero también del kirchnerismo y hasta es posible la elección de algún diputado de la izquierda. Pero, al fin y al cabo, si en octubre se confirmasen estas previsiones, Cristina Fernández podría encarar la modificación de la Constitución para permitir su relección por un tercer periodo o, si no consiguiese los dos tercios de los votos en el Parlamento necesarios para esto, una selección más calma de su sucesor, ya que hasta ahora los precandidatos no tienen peso propio o son impresentables.
De este modo, ha comenzado ya la campaña para la elección de 2015 y la 
preocupación central del gobierno es asegurar su supervivencia y no el Mercosur, donde subsisten las diferencias con Uruguay y con Brasil ni tampoco impulsar la Unasur. Como en Uruguay el más probable candidato del Frente Amplio parece ser el más que moderado ex presidente Tabaré Vázquez, el remplazo de José Pepe Mujica, su elección alejaría más a Montevideo de Caracas y Buenos Aires y lo acercaría más a Brasilia y, sobre todo, a Washington.
Todo el peso de la Unasur descansa, por tanto, en el gobierno de Nicolás Maduro, que está siendo jaqueado por las dificultades financieras y la lucha contra la corrupción y el golpismo de la derecha alentada por Washington. La ayuda que le prestan Rafael Correa y el gobierno de Ecuador es relativa, ya que la economía ecuatoriana todavía no ha podido romper su dependencia del dólar e igualmente relativa es la de Evo Morales y Bolivia, también en pleno proceso prelectoral.
Por supuesto, todos estos son cálculos que no tienen en cuenta ni las movilizaciones sociales repentinas y el estallido de huelgas y movimientos sociales. Ahora bien, como lo muestra el ejemplo de Brasil, donde las movilizaciones hicieron caer la popularidad de Dilma Rousseff de 57 a 30 por ciento, o sea, de una elección segura en el primer turno a una dura competencia en el segundo, los convidados de piedra populares pueden cambiar todos los astutos cálculos de los politólogos…