Feb 13 2022
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PolíticaSociedad

Las variantes del neoparamilitarismo colombiano

Durante décadas el régimen colombiano en colusión con el paramilitarismo ha exterminado los opositores políticos y despojado a las comunidades de sus territorios, para sostener el statu quo y facilitar la expoliación de los bienes naturales. En enero de este año fueron asesinados por las fuerzas combinadas de las FFAA y el paramilitarismo 14 líderes sociales –indígenas, afrodescendientes, campesinos, dirigentes comunales- y tres excombatientes . Además, fueron perpetradas 13 masacres de pobladores.

En 1962 el General norteamericano William Yarborough asesoró al régimen colombiano en la creación de grupos paramilitares, para eliminar movimientos sociales, políticos y Defensores de Derechos Humanos (DDH); entre el 2002 y 2006 Álvaro Uribe a través de la Ley 975/05 legalizó parte de estas estructuras y los bienes usurpados a millones de desplazados, además concedió impunidad a los crímenes perpetrados [1].

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) afirma que declaraciones como las hechas por Francisco De Roux Presidente de la Comisión de la Verdad, en el Gran Foro Colombia 2022 de la Revista Semana,“es una ofensa a la memoria de las víctimas, especialmente aquellas que han sido victimizadas después del 2005, como los miles de líderes y lideresas sociales que han sido asesinados a manos de grupos paramilitares en los últimos años” [2].

Recomposición paramilitar y su expansión urbana

En la Asamblea anual de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu) analizaron el incremento exponencial del Genocidio de líderes y excombatientes, las masacres y el desplazamiento forzado, la que obedece a “la capacidad del bloque de poder para la configuración de redes políticas, empresariales y las fuerzas militares que controlan todas las facetas del narcotráfico, y que tiene la capacidad de expandir el paramilitarismo a nivel nacional, con la finalidad de incrementar su acumulación económica pero también llevar estrategias contrainsurgentes” [3].

En la reconfiguración narcoparamilitar participan grupos de disidencias de las otrora Farc vinculados a actividades propias de las rentas del narcotráfico y también a actividades claramente contrainsurgentes, que incluyen acciones directas, violentas y sistemáticas en contra de la población civil, como el carro bomba detonado en contra de la sede de las organizaciones sociales de Arauca y otros ataques como está sucediendo en el Pacífico y el Catatumbo.

En la confrontación que el Estado desató contra el movimiento social se utilizó la modalidad del paramilitarismo urbano, para atacar a los manifestantes sistemáticamente y en colusión con las Fuerzas Armadas (FFAA), como se evidenció en 27 ciudades durante el Paro Nacional; con la Ley de Seguridad Ciudadana legitiman y legalizan esta modalidad.

El neoparamilitarismo tiene proyecciones a nivel internacional, en sociedad con la ultraderecha crean redes trasnacionales de mercenarios para desestabilizar naciones vecinas de América Latina, como en Venezuela, Bolivia y Haití.

Notas

[1] Renán Vega Cantor. Injerencia de los Estados Unidos en el conflicto colombiano, pág. 32.

[2] Cuenta oficial de Movice, 27-01-2022.

[3] Asamblea Nacional de la Cceeu, 27 y 28 de enero. Ver vídeo en https://bit.ly/34lT5wj

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