Latinoamérica 2009: De la reforma a la revolución
Claudio Katz*
Durante el 2009 los gobiernos reformistas de Sudamérica ganaron la partida. Se afianzaron en batallas contra la derecha, sostenidas en la movilización popular. Los intentos golpistas del Oriente boliviano fueron demolidos, la agresión ensayada por Colombia contra Ecuador fue neutralizada y las campañas destituyentes no prosperaron en Venezuela.
Logros y desafíos
A principio del año Chávez logró una nueva victoria electoral, que incluyó la recuperación de los votantes que se abstuvieron en el comicio anterior. Con este triunfo el oficialismo acumuló desde 1988 quince éxitos electorales y varios récords en la reducción de la abstención. También Correa consiguió aplastar a sus adversarios en las urnas. Obtuvo cinco victorias sucesivas desde el 2006 y conquistó plena mayoría en 20 de las 24 provincias.
Pero el dato más llamativo ha sido la victoria Evo. Derrotó primero en la calle la sublevación fascista de Pando, neutralizó luego las maniobras en el Parlamento para distorsionar las leyes electorales y finalmente arrasó en los comicios. Es el primer presidente del convulsionado Altiplano que logra triunfos sucesivos, mejorando su votación anterior e imponiendo una representación abrumadora en las dos cámaras. Le arrebató varios bastiones a la oposición en localidades que habían sostenido al golpismo y conquistó el apoyo de la clase media que rechazaba su figura. (1)
Los resultados alcanzados por los tres gobiernos reformistas desmienten los pronósticos de desplome que difundió el establishment, confundiendo sus propios deseos con la realidad. La intervención activa de las masas permitió, hasta ahora, remontar las conspiraciones de la derecha.
Algunos cínicos afirman que este tipo de afianzamiento es compartido en la región por administraciones de todos los colores políticos. Señalan que el oficialismo de cualquier vertiente cuenta con mayores recursos que la oposición, para renovar su manejo del poder. Pero si esa capacidad para reciclarse desde arriba fuera tan imbatible, no habría lugar para la alternancia de los partidos.
Esa caracterización iguala, además, en forma errónea a todos los presidentes, cómo si fuera lo mismo actuar al servicio de los poderosos, que gobernar en conflicto con el verdadero poder. Mientras que todas las presidencias derechistas y centroizquierdistas sintonizan con los dueños de la economía, en Venezuela y Bolivia (y en menor medida en Ecuador) predomina una tensión constante con la clase capitalista.
Esos tres gobiernos han desarrollado, además, una estrategia regional antiimperialista en torno al ALBA, que surgió como proyecto de intercambio comercial solidario opuesto al ALCA y diferenciado del Mercosur. Pero se ha consolidado como una referencia radical, alejada de la convergencia que ensaya la centroizquierda con el FMI y el G 20.
El nuevo eje geopolítico forjado junto a Cuba incluye, además, a ciertos gobiernos centroamericanos y es sostenido por numerosos movimientos sociales. Esta configuración potencia la autoridad del ALBA y su política de respuestas frontales a la contraofensiva derechista. Ante el golpe de Honduras y la militarización de Colombia, este alineamiento formuló una denuncia contundente de la complicidad estadounidense. Propuso también iniciativas de acción concretas (congelamiento de las relaciones con Colombia, denuncia de los pactos militares), que fueron bloqueadas por los restantes mandatarios de UNASUR.
El ALBA ha trabajado en varios proyectos para erigir una arquitectura financiera regional autónoma, con mecanismos de protección frente a la crisis. Promueve una moneda regional (Sucre) para comenzar a emancipar a la región de la dependencia del dólar. También propone la inmediata puesta en marcha del Banco del Sur, contra las dilaciones que impuso Brasil (para evitar la aparición de una entidad rival del BNDES). Aunque Lula aceptó ciertos criterios de funcionamiento igualitario para ese Banco ha limitado su financiación. También obstaculiza su desenvolvimiento para proyectos cooperativos, comunitarios y sociales o su acción como precedente de un fondo de estabilización monetaria de toda la zona.
El ALBA ha intentado sortear esta oposición creando su propio banco. En la última cumbre de este organismo (octubre pasado) se acordó, avanzar en un sistema monetario de intercambio y en nuevos tratados comerciales, asentados en una empresa común de exportación e importación. (2)
Estas iniciativas confirman el perfil diferenciado de gobiernos reformistas, orientados a la asociación con Cuba. Durante el 2009 la isla fue duramente afectada por la crisis global (caída del turismo, reducción del precio del níquel, menor demanda de cigarros) y una fuerte secuencia de huracanes, que acentuó las dificultades de la producción alimenticia. La solidaridad de Venezuela en el suministro de petróleo ha contribuido decisivamente a situar estos impactos, muy lejos del dramatismo vivido en 1992-94.
Congelamiento o radicalización
El afianzamiento de un polo radical acentúa las disyuntivas que enfrentan esos procesos. Los gobiernos antiimperialistas pueden avanzar hacia rupturas revolucionarias o consolidar la estabilización del capitalismo de estado. Estas dos perspectivas antagónicas están simbolizados en la historia latinoamericana por el curso seguido por las revoluciones cubana y mexicana.
En el primer caso se consumó una acelerada evolución socialista, que permitió desenvolver profundas transformaciones y mejorar significativamente (durante un largo período inicial) el nivel de vida popular. En el segundo país prevaleció el congelamiento de las reformas y la creación de una nueva capa de opresores desde la cúspide del estado.
Los pasos necesarios para recrear el avance cubano y evitar la regresión mexicana no se están adoptando en ninguno de los tres países sudamericanos. En Venezuela, las confrontaciones recientes con la derecha (ley educativa, medios de comunicación, nacionalizaciones) se implementaron sin crear los mecanismos requeridos para profundizar el protagonismo popular y la democratización política. El control desde arriba del partido oficialista PSUV, la manipulación de dirigentes y los obstáculos al control obrero ilustran estas restricciones.
Estos problemas fueron abiertamente planteados a mitad de año, en un importante encuentro de las vertientes de izquierda del proceso bolivariano. En ese cónclave se cuestionó la falta de respuestas a las demandas de los movimientos sociales, los manejos verticales en el aparato estatal y el papel de los asesores ministeriales carentes de compromiso revolucionario. También se resaltó el fracaso de la audiencia de los medios de comunicación públicos, las indefiniciones del socialismo del siglo XXI y la continuada desigualdad social. La reducida tolerancia inicial a estas objeciones fue posteriormente reemplazada por un reconocimiento implícito de este llamado de atención. (3)
En Bolivia se ha creado un contexto muy propicio para introducir el giro revolucionario. El aplastamiento de la escala putchista durante el 2008 y la espectacular victoria electoral del 2009 han abierto todos los espacios para gestar este avance. Impera una situación radicalmente inversa a la existente durante el último ensayo reformista de 1985, cuándo la vanguardia minera fue derrotada por la derecha. Sin embargo, hasta ahora no hay indicios de aprovechamiento de este repliegue de la reacción, para comenzar la remoción del capitalismo.
La primera condición para avanzar por este camino es profundizar las transformaciones sociales. Este rumbo es abiertamente rechazado por quienes atribuyen el afianzamiento de Evo a las concesiones otorgadas a la oposición en el Parlamento. No registran que la clave de los logros actuales fue la dinámica inversa de movilizaciones, que desgastaron a la derecha y forjaron una alianza de los oprimidos de la ciudad y el campo. (4)
El gran problema actual son los instrumentos para continuar esta acción. El partido oficialista MAS permitió conquistar una nueva Constitución, que ahora debe reglamentarse. Pero cada vez existen más síntomas de mutación de esa organización, que surgió de los sindicatos en lucha y ahora aglutina a pequeños propietarios rurales y urbanos, articulados en torno a una capa de funcionarios.
Es evidente, además, que el gran obstáculo para comenzar una transición al socialismo es la convicción en este horizonte. Por un lado se multiplican los llamados oficiales a forjar esa sociedad, pero al mismo tiempo persiste la estrategia de erigir el “capitalismo andino-amazónico”.
Este proyecto es irrealizable en la forma en que fue concebido. Un proceso de acumulación local estrechamente conectado con el mercado mundial no es compatible con las modalidades de equidad de la estructura indígena. El desarrollo capitalista tiende a ensanchar las brechas sociales y a corroer esa vieja conformación. Sólo un proceso socialista podría asimilar ese legado, desenvolviendo un proceso de industrialización que reduzca en forma progresiva la desigualdad.
Los mismos dilemas se procesan en Ecuador, a la hora de evaluar los nuevos pasos de la “revolución ciudadana”. Los tres años de este cambio han permitido logros sustanciales, que se sintetizan en el texto de la nueva Constitución. Esta carta incluye el carácter plurinacional del estado, prohibe a los financistas el manejo de los medios de comunicación, introduce la revocatoria de los mandatos, limita la especulación con el endeudamiento público e impide la socialización estatal de las deudas privadas.
Pero en el ejercicio del gobierno se adoptan medidas que chocan con estas normas. El ejemplo más contundente de esta contradicción ha sido el aval oficial a inversiones transnacionales destinadas a explotar los recursos naturales. Esta decisión suscitó un violento choque con el movimiento indigenista. También el decreto presidencial que otorga a las misiones católicas atributos de evangelización, viola la separación de la iglesia y el estado que establece la Constitución. El trasfondo de estas tensiones es la composición de un gobierno que propone ideas radicales, pero opera con funcionarios comprometidos con los intereses del capital. (5)
Estas ambivalencias del nacionalismo radical se han verificado también en Honduras. La inesperada transformación de un gobernante clásico como Zelaya en participe del eje latinoamericano antiimperialista fue un contundente ejemplo del enorme impacto continental, que ha generado la existencia del ALBA.
La aceptación de las ofertas petroleras venezolanas desencadenó conflictos con Shell y Texaco, que indujeron al golpe de estado. Pero el giro de Zelaya no respondió sólo a un estímulo exterior. Estuvo directamente influido por el fuerte predicamento que lograron los movimientos sociales, al cabo de una férrea lucha contra el TLC y la depredación que realizan las transnacionales.
No es la primera vez en la historia latinoamericana que un presidente o líder militar radicaliza su acción, en un choque con la oligarquía o el imperialismo. Ya ocurrió en Santo Domingo (Camaño), en Perú (Velazco Alvarado) o en Bolivia (Juan José Torres). Pero también existen mayores precedentes de vacilaciones, compromisos con las clases dominantes y frustraciones de la resistencia popular. Zelaya ha oscilado entre ambos antecedentes.
Por un lado se mantuvo firme en la denuncia de la dictadura, en medidas de acción (como el retorno al país) y en el llamado a la insurrección. Por otra parte, pospuso varias veces ese regreso y se sumó al juego de distracciones y maniobras dilatorias que manejó Hillary Clinton. En esta oscilación llegó a aceptar un acuerdo que avalaba el fraudulento proceso electoral, a cambio de retomar formalmente la presidencia por poco tiempo. Estas vacilaciones debilitaron la heroica resistencia popular contra el golpe y facilitaron las maniobras que realizó la dictadura para sortear el aislamiento diplomático internacional. (6)
Resistencias y rebeliones
Los desenlaces políticos de América Latina dependen principalmente de los resultados que alcancen las luchas sociales. Estas acciones contribuyeron, especialmente en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina, a revertir la secuencia de derrotas populares en que se asienta el neoliberalismo.
En esos países se registraron levantamientos que enarbolaron reclamos coincidentes de anulación de las privatizaciones, nacionalización de los recursos naturales y democratización de la vida política. Esas demandas se mantienen como ejes centrales de la resistencia popular. Esta lucha combina actualmente novedosas formas de protagonismo social (indígenas, jóvenes, mujeres) con una acumulación de las experiencias procesadas durante todo el siglo XX. (7)
En la coyuntura del 2008-09 no se han repetido las revueltas generalizadas de los años anteriores. Frente al shock creado por la crisis financiera global predominó una reacción acotada, afín al tipo de respuestas observadas en otros puntos del planeta. Además, los gobiernos latinoamericanos recurrieron con celeridad a fuertes gastos públicos, para evitar la reiteración de las sublevaciones que suscitaron los quebrantos bancarios y el caos inflacionario de 1999-2003.
Esta estrategia implica alentar medidas de protección a los pueblos y sanción a los poderosos, para evitar que los desbarajustes provocados por el capitalismo sean solventados por las víctimas de este sistema. Estas acciones incluyen iniciativas que impidan los despidos, garanticen los ingresos mínimos y refuercen los gastos sociales. Son iniciativas que apuntan a la nacionalización efectiva de los sistemas financieros, la revisión del pago de las deudas públicas y la recuperación efectiva del control de los recursos naturales.
Lo importante es convertir las definiciones formales de las nuevas constituciones, en hechos palpables de la vida cotidiana. Un paso en esta dirección podría ser la proyección de esos logros a escala regional, mediante la conformación de un parlamento latinoamericano elegido por sufragio universal y surgido de la acción popular.
La convergencia popular que debe construirse al servicio de las mayorías es muy distinta a los programas de integración financiera o comercial, que promueven las clases dominantes. El embrión actual de la primera meta es el ALBA, actuando en coordinación con distintos movimientos sociales. Esta entidad podría convertirse en la referencia zonal de una batalla antiimperialista, en contraposición al afianzamiento del status quo, que prevalece en los encuentros de UNASUR.
Algunos críticos cuestionan esta estrategia, considerando que es inviable cualquier acción que supere al neodesarrollismo propiciado por el Mercosur. (12) Pero la experiencia regional ha demostrado una y otra vez, cuán paralizante es ese conformismo para el logro de los anhelos populares. Incluso para alcanzar reformas sociales básicas hay que bregar por una sociedad igualitaria. Sólo una perspectiva de transformaciones radicales genera temor entre los poderosos y consiguientes logros sociales.
La política de radicalización es a veces descalificada por los críticos de la “mitología militante” y de las “utopías sentimentales”. (13) Estas objeciones reproducen el escepticismo estéril que ganó terreno durante el auge del neoliberalismo. Es una postura que actualmente choca con los ideales de lucha social recuperados por la juventud. En general, el espíritu descreído pierde encanto cuándo reaparece la resistencia popular. En esas circunstancias se verifica que la burla y cinismo sólo encubre resignación frente a la opresión.
El resurgimiento de la esperanza transformadora es el dato clave de la realidad latinoamericana. Esa expectativa explica el lugar central que ocupó la región en la batalla contra el neoliberalismo durante la última década. Es un estado de ánimo colectivo, que podría evolucionar hacia un liderazgo de proyectos anticapitalistas. El pilar subyacente de este impulso es la tradición de convergencia del nacionalismo revolucionario con el socialismo, que se forjó a partir de la revolución cubana
Este acervo determina, también, una incidencia directa de los desenlaces actuales sobre el futuro de Cuba. El giro político de la región puso fin al duro aislamiento que sufrió la isla durante los años 90, pero ha puesto en discusión dos alternativas totalmente opuestas para los próximos años.
Los defensores del regionalismo capitalista proclaman abiertamente que Cuba debe sumarse a este eje, renunciado al anhelo de gestar una sociedad comunista. En el polo opuesto se ubica el variado espectro de partidarios de la revolución, que reivindican su vigencia y promueven caminos de profundización, democratización y renovación socialista. (14)
La batalla entre estos dos cursos antagónicos es una problemática latinoamericana y no sólo cubana. Es evidente que el avance o fracaso de los proyectos radicales en el conjunto del continente contribuirá a inclinar la balanza, a favor de uno u otro bando dentro de la isla.
La respuesta positiva a este conflicto es la recreación de un proyecto socialista a escala regional, que se adapte a los cambios del siglo XXI. La crisis global ha erosionado muchas fantasías sobre las virtudes del capitalismo, pero todavía no se vislumbran los contornos del proyecto alternativo. Hay muchas ideas, pero pocas definiciones sobre los senderos de una transición socialista, que presenta en la actualidad una inédita dimensión ambiental. La necesidad de proteger el planeta de la destructiva corrosión que impone la competencia por el beneficio se ha tornado prioritaria.
Desde el eje del ALBA puede cobrar forma un planteo eco-socialista de alcance global asentado en dos pilares: la denuncia frontal de las raíces capitalistas que presenta la crisis climática actual y las tradiciones regionales de protección de la “madre tierra”. Es un buen momento para encarar este nuevo desafío