Diana Cariboni - Open Democracy
El gobierno de Perú impone censura previa y multas onerosas para acallar a medios independientes y defensores de derechos humanos.
Con una sola ley, el gobierno de Perú lanzó un ataque sin precedentes al periodismo independiente y a las organizaciones sin fines de lucro que defienden derechos y reciben fondos internacionales. La ley 32.031 aprobada por el Congreso y promulgada por la presidenta Dina Boluarte el 15 de abril, hace imposible que personas o comunidades que son víctimas por acción u omisión del Estado busquen justicia si la asistencia legal es financiada por fundaciones extranjeras o por asociaciones civiles peruanas que reciben tales fondos.
La ley también establece la censura previa, prohibida por la Constitución, porque requiere que todo medio que cuente con financiación del exterior obtenga aprobación del gobierno antes de realizar su trabajo. La norma amplía las facultades de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), creada en 2002, para que autorice o no las actividades de organizaciones civiles y medios independientes que reciben financiación internacional.
“Es una manera de censurar al periodismo”, dijo a openDemocracy la periodista Milagros Salazar, fundadora y directora del medio de investigación Convoca. “Si recibes un solo dólar, te tienes que registrar ante la APCI”, dijo Salazar. Así se someten “a control político esos proyectos que están relacionados con vigilancia pública, como las investigaciones periodísticas, porque tienes que presentar un plan que debe ser aprobado previamente por la APCI y solo si se aprueba, puedes ejecutar los fondos”.
Esto afecta a todos los medios registrados como asociaciones civiles sin fines de lucro que reciben fondos del exterior, incluso de fundaciones privadas. Clara Elvira Ospina, periodista y fundadora de Epicentro TV explicó: “En el ecosistema peruano, los medios digitales independientes han encontrado en las organizaciones internacionales una fuente de financiación porque la vía de la pauta comercial en general no llega”.
La presidenta Boluarte dijo en el acto de promulgación: «Esta ley también velará por el supremo interés de la democracia, la unidad nacional y poner bajo una revisión exhaustiva a una minoría de ONG que actúan en contra de los intereses de nuestro país, sembrando odio y atacando nuestro sistema».
El trabajo que realizan los medios independientes es insustituible. Convoca, por ejemplo, lideró el año pasado una investigación transfronteriza que reveló que la mitad del oro exportado por Perú, Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela en la última década fue maquillado con mecanismos de lavado que abarcan joyerías de lujo y empresas tecnológicas, omisión de las autoridades, destrucción de ecosistemas y daños a las poblaciones locales e indígenas. Este reportaje, para el que colaboraron siete medios de cinco países, obtuvo el Premio Rey de España en Periodismo.
Revelar delitos similares, escándalos de corrupción o destrucción del ambiente ya no serán posible con la ley 32.301, porque la prensa tradicional no realiza esas investigaciones y los medios independientes reciben alguna forma de ayuda de la cooperación internacional.
“Tendríamos que informar sobre qué vamos a investigar, cómo vamos a investigar, con qué organizaciones aliadas vamos a investigar”, detalló Salazar. “Toda esa información tiene que ser incluida en el plan que se presenta a la APCI, [pero] podría poner en riesgo a nuestras fuentes y podría filtrarse desde la APCI a grupos de poder que no quieren que investiguemos”.
Tampoco se podrán usar fondos internacionales para reclamar por vía administrativa o judicial el acceso a información pública, herramienta habitual del periodismo. “Y los periodistas, cada vez más acosados con demandas por difamación o calumnia, no podrán recibir ayuda para su defensa judicial”, dijo Ospina.
Blindaje a la impunidad
Toda la sociedad peruana se verá afectada por una prohibición efectiva al escrutinio sobre los actos de gobierno: pero el peso de la ley caerá especialmente sobre comunidades y personas que carecen de recursos para reclamar justicia.
“La ley señala como infracción grave toda actividad que desarrolla una ONG en materia de defensa legal en aspectos judiciales, penales, de tipo administrativo u otros con dinero de cooperación internacional”, dijo a openDemocracy la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH), Tania Pariona. Según Pariona, destacada activista indígena, el impacto ya se siente. “Las organizaciones deben dejar de hacer defensa legal, renunciar a ser abogados de las víctimas”.
La CNDDHH agrupa a 78 organizaciones, algunas a cargo de casos emblemáticos, como masacres y esterilizaciones forzadas cometidas en los años 90, delitos ambientales, violencia de género y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, entre muchos otros.
Algunos grupos han optado por cesar la defensa legal para evitar las multas de hasta 500 UIT (unidades impositivas tributarias), equivalentes a unos 700.000 dólares – fuera del alcance de las organizaciones civiles, según todas las fuentes que hablaron con openDemocracy.
“El monto supera cualquier tipo de sanción monetaria en nuestro país, incluso por delito de lavado de activos”, que tiene un tope de 100 UIT, dijo Pariona.“También hemos sentido la preocupación de los familiares”, agregó. “Nos han llamado para saber si vamos a seguir llevando sus casos”.
Las tres hijas de la peruana Celia Ramos Durand llevan 28 años esperando justicia por la muerte de su madre, esterilizada sin su consentimiento en 1997. El 22 de mayo tendrán una audiencia clave ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Se estima que unas 300 mil mujeres y 22 mil hombres fueron esterilizados en Perú como parte de una política de Estado del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) para bajar la natalidad de las famialias pobres de zonas rurales. Hasta diciembre, más de ocho mil personas denunciaron sus casos en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – pero no han conseguido ni justicia ni reparación.
Las hijas de Celia Ramos no habrían llegado a la Corte IDH sin el grupo feminista DEMUS (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), apoyado por dos organizaciones regionales de defensa legal, el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Con la ley 32.301 ya vigente, la Corte IDH pidió el 2 de mayo al gobierno peruano que garantice la participación de DEMUS en la audiencia y que no tome represalias contra la organización. Aplicar la ley, advirtió la Corte, “supondría no solo una forma de represalia prohibida por el artículo 53 del reglamento de la Corte, sino que, además podría llegar a afectar el derecho a la defensa de las presuntas víctimas de este caso”.
Para el Cejil, que lleva este y otros casos de esterilizaciones en el sistema interamericano de justicia, la ley 32.301 hará muy difícil avanzar, porque ninguna acción funciona sin el activismo y el conocimiento de las organizaciones peruanas.
“Todos los procesos internacionales tienen un componente nacional, que lo trabajamos junto con otras aliadas históricas en Perú y en todos los países”, dijo la abogada Florencia Reggiardo, directora del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de Cejil. “Es imposible sin ellas poder llevar a cabo ese trabajo de manera adecuada”.
Pero hay algo más peligroso que el freno de estos procesos: el Congreso y la presidencia de Perú están cerrando todas las puertas para obtener justicia.
La presidenta Boluarte está acusada por la muerte de 49 manifestantes y heridas a otros cientos en las protestas populares que estallaron a fines de 2022, luego de la destitución del entonces presidente Pedro Castillo. La Asociación Pro Derechos Humanos, con apoyo de la Federación Internacional de Derechos Humanos, denunció estos presuntos crímines el año pasado ante la Corte Penal Internacional, con la intención de abrir un examen preliminar sobre Perú.
Boluarte tiene ésta y otras seis investigaciones abiertas en Perú, por diversas irregularidades. Su libertad está en manos del Congreso, que hasta ahora no le ha levantado la inmunidad.
“En Perú hay una crisis democrática que es invisible”, dijo Reggiardo. “No se dimensiona cómo se está destruyendo la institucionalidad, cómo han sido cooptadas muchas instituciones, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia que elige a los jueces”.
En agosto del año pasado entró en vigor una ley de amnistía que declara prescritos todos los crímenes de guerra o de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002. Esto abarca masacres, torturas y ejecuciones extrajudiciales de las dos décadas de conflicto entre el Estado y las guerrillas izquierdistas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que dejó casi 70 mil muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
También están comprendidas las esterilizaciones forzadas e incluso casos ya juzgados y en etapa de ejecución de sentencia, como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992 y por las que Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión.
Los juicios por Barrios Altos y La Cantuta – 17 personas asesinadas, ocho desaparecidas y cuatro heridas de gravedad – fueron posibles porque las víctimas y familiares llevaron sus denuncias al sistema interamericano, que condenó a Perú por estos casos, con apoyo de las organizaciones peruanas Asociación Pro-Derechos Humanos, Instituto de Defensa Legal, Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, Comisión de Derechos Humanos y CNDDHH, junto al Cejil.
Pero en diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional ordenó liberar a Fujimori, luego de haber convalidado un indulto humanitario a su favor. Y con la ley de amnistía cesaron todos los procesos que seguían abiertos en su contra – y el exdictador murió en libertad en septiembre de 2024.
La Corte IDH había ordenado al Estado peruano no convalidar indulto ni promulgar la ley de manistía y recordó que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no amnistiables ni indultables. Perú hizo caso omiso y se encuentra en desacato ante la Corte. “En Perú, no hay ninguna posibilidad de acceso a la justicia para las víctimas”, dijo Reggiardo.
Erosión democrática
“Restricción del espacio cívico” es el eufemismo para explicar ataques lanzados desde los gobiernos contra la sociedad civil organizada. El año pasado se adoptaron leyes similares en Paraguay y Nicaragua. En Ecuador en la última década rigieron decretos con restricciones parecidas y hay un proyecto de ley para crear un régimen de control de las ONG.
“El interés es silenciar la disidencia y entorpecer, porque también esto ocupa un montón de tiempo para buscar la manera de seguir funcionando, pensando en formas de autoprotección y de sobrevivencia”, explicó Reggiardo. Es una de las vías para vaciar la democracia en América Latina. Hay otras: persecución a periodistas y activistas, suspensión del debido proceso y el derecho de defensa y represión de la protesta social, en países tan disímiles como El Salvador o Argentina.
En Perú, no se necesita ser jurista para entender que la ley 32.301 es inconstitucional. “Se violan la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho de defensa, así como el derecho profesional y la reserva de las fuentes, que están protegidos constitucionalmente”, dijo la periodista Ospina.
Pero un juicio de inconstitucionalidad puede terminar en fracaso, según varias fuentes, debido a la composición actual del Tribunal Constitucional, que no es independiente. “Los fallos que ha tenido el Tribunal Constitucional de aquí a tres o cuatro años atrás, han sido realmente nefastos”, dijo Pariona, de la CNDDHH.
En cambio, explicó, se están redactando recursos de amparo “en algunos casos específicos en los que se verían afectados derechos muy concretos”, y que conciernen incluso a organizaciones de familiares de víctimas.
Las ONG también analizan denunciar la ley en instancias internacionales, como el sistema interamericano y la ONU. Y los medios afectados están dialogando en busca de una estrategia común y salidas legales a la encerrona, según Salazar.
La ley generó conmoción internacional. Cuatro relatores especiales de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional lanzaron serias advertencias sobre sus riesgos. Casi 300 periodistas de 23 países firmaron un manifiesto de repudio, Perú: el periodismo bajo censura. “Esta ley pone en juego el futuro de la democracia en Perú”, dijo Ospina. “No podemos quedarnos callados”.
* Diana Cariboni reside en Uruguay y comenzó a escribir para Tracking the Backlash en 2018. Ahora es editora de Open Democracy América Latina y coordina los reportajes de investigación en la región.
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