López Obrador y su reforma electoral para democratizar México

Gerardo Villagrán del Corral - CLAE

El gobierno de Manuel Andrés López Obrador presentó su propuesta de reforma electoral con la que se busca impulsar una democracia real, directa, participativa, libre de los intermediarios entre soberanía popular y conformación del poder político que caracterizaron a la gobernanza neoliberal y nunca garantizaron imparcialidad, certeza y legalidad.

La iniciativa oficial, que pasará a la consideración del Congreso, incluye la modificación de 18 artículos constitucionales y la inclusión de siete transitorios, y entre sus contenidos de mayor realce se cuentan la sustitución del actual Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, la desaparición de las 200 diputaciones plurinominales y de los senadores de lista.

Asimismo plantea la desaparición de los 32 organismos públicos locales electorales y los tribunales estatales electorales, la reducción del número de integrantes de congresos locales y regidurías, además del establecimiento de la votación popular como mecanismo de elección de los consejeros del órgano comicial y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

También se pretende impulsar el voto electrónico para aprovechar las tecnologías de la información y comunicación y facilitar la participación ciudadana en las elecciones y las consultas populares. Antes de implementar una votación totalmente electrónica, se deberán ensayar tanto diversas tecnologías como mecanismos de certificación, autenticación y encriptación, así como modelos híbridos que combinen testigos documentales con tecnología.

Un cambio que fue inmediatamente repudiado por la oposición, es el fin del financiamiento público a las actividades ordinarias de los partidos, a los cuales sólo se entregaría presupuesto para afrontar los comicios. En los cinco años recientes los partidos políticos nacionales recibieron un financiamiento público por más de 26 mil 200 millones de pesos (unos 1.290 millones de dólares), sin contar el recurso asignado para gastos de campañas ni los fondos que se les otorga a nivel local.

Hasta ahora la composición de los órganos electorales había dependido de componendas alcanzadas por los partidos mediante negociaciones antidemocráticas y conducidas con el propósito de instrumentar a estos organismos como cómplices de fraudes como el de las elecciones presidenciales de 2006 y operaciones de compra abierta del voto como la ejecutada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012. Los conflictos de AMLO con la autoridad electoral se remontan a las elecciones del 2006, cuando fue candidato presidencial por primera vez. Tras perder, denunció el fraude, se negó a aceptar la derrota y convocó a una fuerte movilización ciudadana.

La iniciativa plantea otros cambios que afectan al Poder Legislativo federal, a los Congresos estatales y a los cabildos. Se pasaría de los actuales 500 a 300 diputados y en el caso de la Cámara de Senadores se reducirá a sólo 96 representantes. Se acotarán los Congresos locales (tendrán entre 15 y 45 diputados de acuerdo a la población del distrito) y el límite para los cabildos será de hasta nueve regidores.

De acuerdo al gobierno, una de las finalidades de la iniciativa es separar el poder económico del político, dado que la inyección ilimitada de recursos a los partidos ha despolitizado los procesos de elección para convertirlos en grandes negocios.

Se han conformado partidos sin respaldo social ni ideología definida, con el único propósito de medrar con el presupuesto, facilitando la conformación de una élite parásita que incluye a consejeros, asesores, firmas de consultoría y de imagen pública, agencias de publicidad y mercadotecnia, empresas de demoscopia, bufetes de abogados especializados en derecho electoral que viven de las arcas públicas.

La coalición legislativa opositora Va por México en la Cámara de Diputados informó que la rechazó en cuanto a temas como la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) y la disminución de legisladores plurinominales y descartó la posibilidad de respaldar la realización de un periodo extraordinario para analizar el tema.

Jorge Romero, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Rubén Moreira, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Luis Espinosa Chazaro, del Partido de la Revolución Democrática (PDR), informaron que presentarán su propia iniciativa. ’‘Nosotros vamos a defender la representación proporcional a muerte’’, dijo Romero.

La iniciativa no le gustó a los grandes empresarios. No será aprobada, estimó Macario Schettino, columnista de El Financiero, portavoz del sector. “Es un absurdo, en ninguna parte del mundo se ofrece una reforma desde el poder, las reformas son exigidas desde la oposición. De entrada está mal, todas las reformas son negociadas, no tiene probabilidad de ser aprobada aún cuando tenga cosas atractivas”, señaló.

El ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, miembro del derechista Partido Acción Nacional (PAN), celebró la iniciativa de reforma respaldada por los miembros del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y señaló que le pareció “realmente buena en términos generales”, un paquete de “propuestas muy interesantes”.

El actor Damián Alcázar, quien ha mostrado en reiteradas ocasiones su apoyo hacia el proyecto de gobierno, señaló que aspectos dentro de la propuesta son “el sueño de todo mexicano” por los recortes presupuestales a partidos. Señaló que la propuesta haría feliz a los mexicanos, mas no a los “políticos de siempre”. “Las diputaciones plurinominales deben desaparecer, si ya de por sí con el apoyo del pueblo traicionan… Aunque en realidad, los hechos nos dicen que deben desaparecer el PRI, PAN y PRD”, señaló.

Como era previsible, la clase política que se vio desplazada tras el colapso del régimen neoliberal, reaccionó ante el intento del actual gobierno de empoderar a la ciudadanía y reducir el ámbito de la discrecionalidad y de acuerdos entre cúpulas. La apasionada adhesión de la derecha política a la dirigencia del INE puso nuevamente al descubierto, el tipo de relaciones generadas por tales arreglos y la ausencia de un árbitro mínimamente objetivo y creíble, señala un editorial de La Jornada.

* Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)