Los balseros cubanos: el viaje de regreso

Jesús Arboleya Cervera.*

Entre los comentarios recibidos a mis recientes artículos en Progreso Semanal, uno que me llamó la atención por no estar referido al contenido del trabajo, fue el de un balsero cubano que se quejaba del olvido en que estaba sumido este grupo tanto en Cuba como en Estados Unidos y, especialmente, de las regulaciones cubanas que le impedían viajar al país.

Aunque lo del olvido no es exacto, ya que numerosos académicos y periodistas de ambos países, entre los que me incluyo, se han referido al tema, no deja de ser cierto que sería justo profundizar en la situación de estas personas, los conflictos generados por el tratamiento que han recibido en ambos países y las perspectivas de solución de un problema tan grave y complicado como el de la emigración ilegal cubana.

Según pude indagar, la prohibición de visitar Cuba no está referida a las más de treinta mil personas que abandonaron el país en agosto de 1994, dando lugar a lo que se dio en llamar la “crisis de los balseros”, sino a los que lo hicieron ilegalmente con posterioridad a la firma de los Acuerdos Migratorios el 9 de septiembre de ese año.

Comprende, por tanto, un universo que calculo no mayor a 10 000 personas que emigraron ilegalmente en diversos momentos a lo largo de la últimos 15 años y responde al compromiso de la parte cubana, contenido en los acuerdos, de desalentar la emigración ilegal sin utilizar la violencia contra los que lo intentaran.

Al parecer, el principal problema para los que lo hicieron en la oleada de agosto es que dado el carácter anárquico que tuvo este flujo, en Cuba no existe un control preciso respecto a la fecha en que emigraron y ello se presta a todo tipo de confusiones.

Evidentemente se trata de una situación que merece ser revisada y en tal sentido se han expresado varias organizaciones de emigrados y las propias agencias de viaje, las cuales han conocido de la disposición del Gobierno cubano para hacerlo, aunque el problema no resulta tan sencillo como parece, ya que no se trata solo de un asunto burocrático.

El tema de la emigración ilegal es particularmente sensible para ambos gobiernos, especialmente para el cubano, no solo por la inestabilidad social que genera, los problemas humanitarios que comporta y el peligro que constituye el acceso a las costas de traficantes de personas, por lo general también vinculados al narcotráfico y potenciales terroristas, sino porque cualquier decisión que sea interpretada como un estímulo a la emigración ilegal pudiera servir de excusa para agresiones armadas por parte de Estados Unidos.

No se trata de una suposición infundada, la intervención militar fue una opción posible en todas los crisis anteriores, dígase el Mariel o los propios balseros del 94, y tan reciente como principios de este mes, mediante un artículo de Saul Landau y Nelson P. Valdés publicado en Progreso Semanal (“Memorando filtrado acerca de Cuba provoca asombro”), pudimos conocer que ciertos sectores de poder norteamericanos la consideran inevitable en caso de que se produzcan nuevas migraciones ilegales masivas desde Cuba.

Lo paradójico de esta situación es que, una vez que logran pisar suelo norteamericano, estás personas no son considerados inmigrantes ilegales por parte de Estados Unidos, sino refugiados, lo que les permite acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, actualmente diseñada exclusivamente para los inmigrantes ilegales, toda vez que los que lo hacen por vía legal no requieren de ella.

Resulta así el contrasentido de que mientras ese país les niega la visa por considerarlos inelegibles según los requisitos de la ley migratoria norteamericana, presiona a Cuba para que no salgan hasta el punto de amenazar con la guerra y los devuelve si son capturados en alta mar, les otorga un tratamiento especial si logran llegar, superando los obstáculos que el propio Gobierno de Estados Unidos ha creado para ellos.

Tal situación aumenta extraordinariamente los peligros de la emigración ilegal procedente de Cuba. Es un mito que alguna vez, “huyendo del comunismo”, la gente llegara en balsas rústicas a las costas norteamericanas, en verdad casi nadie logra atravesar el estrecho de la Florida encima de una tabla.

Lo que ocurría antes del 94 es que tenían la garantía de ser recogidos apenas traspasaran las aguas territoriales cubanas y ahora tienen que navegar todo el trayecto, burlando uno de los sistemas de vigilancia marítima más sofisticados del mundo, lo cual resulta muy peligroso, incluso en las embarcaciones mejor equipadas de los traficantes.

La otra alternativa es viajar por mar hacia México o Centroamérica, también peligroso, e ingresar a Estados Unidos violando la frontera terrestre, lo que agrega un conflicto más a las relaciones de Cuba y Estados Unidos con estos países, sirve a la creación de nuevos canales y redes de contrabandistas y contradice la propia política norteamericana, encaminada a restringir la inmigración ilegal a toda costa, por considerarla una amenaza a su seguridad nacional.

Esta claro que Cuba, no importa cuáles sean las decisiones norteamericanas, tiene que revisar integralmente su política migratoria para adaptarla a las actuales circunstancias domésticas, pero creo que difícilmente ello pase por alentar la emigración ilegal, un fenómeno que violenta las relaciones sociales, distorsiona las internacionales y coloca a las personas en el peor de los escenarios humanos y políticos posibles.

Por ello me parece que lamentablemente el problema de los emigrados ilegales cubanos, aunque puedan encontrarse soluciones circunstanciales que mejoren su situación, no tendrá una solución definitiva mientras Estados Unidos no asuma un posición coherente al respecto y renuncie a utilizarla con un criterio subversivo, en la pretensión de que puede alentarla a bajo costo, colocando al Gobierno cubano en la insólita situación de servirle de guardián de sus fronteras.

* Académico.
En http://progreso-semanal.com